Los policías locales piden al Gobierno que active el decreto para rejuvenecer las plantillas

Un centener de personas se ha concentrado este viernes frente a la Subdelegación del Gobierno para pedirle al Ministerio de Hacienda que ponga en marcha el decreto para la jubilación anticipada dentro de las plantillas de agentes municipales, una medida que ha sido calificada de “rejuvenecedora” por parte de los representantes sindicales que componen la Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación de la Policía Local.

El de este viernes ha sido, según han detallado a los periodistas, el primer acto de una serie de movilizaciones con las que pretenden que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, desbloquee el Real Decreto, que lleva aprobado desde junio de 2017, y ha de ser elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, ha afirmado Eugenio Manes, responsable del sindicato policial de UGT Córdoba.

Manes ha explicado que hay ahora mismo entre 3.000 y 4.000 agentes de policía local que podrían acogerse a este decreto, que adelanta la edad de jubilación de los 65 a los 60 años para quienes tengan 35 años cotizados. En Córdoba capital, según ha especificado Miguel Martínez, secretario general del Sindicato de Policía Local de Córdoba, sería unos 60 los miembros del cuerpo que podrían acogerse al decreto, de una plantilla formada por 395 agentes.

“La edad media de la plantilla de Córdoba capital está próxima a los 50 años, y por eso queremos rejuvenecerla y crear empleo público”, ha sostenido Martínez, que ha añadido que ahora mismo en la capital “no hay más puestos para segunda actividad”, que es como se llama a las funciones burocráticas y de papeleo que suelen desempeñar los agentes que sobrepasan los 60 años.

Y es que, según denuncian desde esta plataforma, compuesta por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CSL y COP y donde se integra el Sindicato Independiente de Policía Local de Córdoba (Siplib), mayoritario entre los agentes locales, “no tiene mucho sentido tener a funcionarios de 60 años persiguiendo a delincuentes, con la dificultad que ello conlleva”. Enrique Luqe, de Csif señala que en la provincia operan unos 1.500 agentes de policía local que, bien de forma inmediata, bien en unos años, se verían beneficiados por este decreto.

“Y tiene coste cero para la administración central, porque éste va a ser asumido por los ayuntamientos y los propios policías locales”, remarca Eugenio Manes, quien recalca que se ha llegado a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para ello, por lo que no entiende “está parálisis y esta tardanza” en aplicar el decreto por parte del Gobierno central.