La Plataforma cree que el Obispado ahonda en la destrucción identitaria de la Mezquita

Interior de la Mezquita de Córdoba. | MADERO CUBERO
El colectivo ciudadano considera que los folletos repartidos por el Cabildo defendiendo su gestión caen en las mismos bulos sobre la esencia del monumento que se vienen criticando

“La campaña de difusión impulsada por el Obispado, con la distribución de 100.000 trípticos, ratifica la estrategia de destrucción de la identidad y la historia de la Mezquita-Catedral puesta en marcha desde hace unos 15 años con el objeto de borrar la huella andalusí de un monumento excepcional conocido en todo el mundo por ser la joya del arte hispano musulmán de Occidente”. Así ha reaccionado la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de todos al folleto repartido ayer por el obispado defendiendo la propiedad y gestión eclesial.

“Es absolutamente incierto que la Mezquita-Catedral de Córdoba se llame únicamente Catedral desde su consagración en 1239 como trata de hacernos creer el Obispado”, señala la Plataforma en un comunicado. “No solo todos los expertos mundiales, los más prestigiosos manuales de arte, los más rigurosos historiadores y el uso popular reconocen la denominación de Mezquita o Mezquita-Catedral sino que el propio Obispado la ha llamado así en todos sus documentos divulgativos hasta 1998”, prosiguen.

La plataforma ciudadana subraya que “es el Obispado quien debe explicar por qué quiere desde hace 15 años liquidar la esencia islámica y andalusí de un monumento universal que ha sido reconocido por la Unesco como símbolo de concordia y encuentro de culturas, y es parte indisoluble de la identidad de Córdoba y de Andalucía”.

Para la plataforma, el Obispado se mantiene en su actitud “incomprensible” de llamar al monumento solo Catedral, un término que, afirman, no utiliza nadie. “Ningún medio extranjero, ningún especialista en la materia y ni siquiera los medios que legitiman su apropiación. Y es precisamente esa actitud excluyente la que está poniendo en riesgo su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco”, alertan.

La consagración de un bien, destaca la Plataforma, no modifica su naturaleza ni jurídica ni arquitectónica ni histórica. “El Obispado olvida deliberadamente que, aparte de una función religiosa, la Mezquita-Catedral tiene una dimensión artística, histórica, cultural y patrimonial, que es la que le da al monumento alcance universal y por la que millones de turistas e investigadores vienen cada año a visitarla”, critican.

“El Obispado, por tanto, no puede argüir como título de propiedad la consagración de la Mezquita-Catedral” pues, recuerdan, “no hay ninguna legislación en el mundo que reconozca la consagración de un bien inmueble como prueba de dominio. El Obispado tiene un derecho de uso del edificio, que fue cedido por Fernando III pero no donado”. La Plataforma considera, por tanto, “que las afirmaciones del obispado se fundan en dogmas de fe y no en pruebas. Si es cierto que disponen de un titulo de propiedad privada, ¿por qué no lo hicieron valer en el Registro? Y si, en efecto, la inmatriculación (realizada con dos normas inconstitucionales) no tiene valor, entonces ¿por qué la inmatricularon?”, se preguntan.

“En cuanto a la conservación del monumento, es necesario precisar que se ha realizado con dinero publico y con los fondos recaudados de las aportaciones de quienes lo visitan, en su inmensa mayoría para ver la Mezquita y al margen de cualquier interés religioso”, apunta la Plataforma, que critica que “solo faltaría que el destino de ese dinero no se destinara a sufragar los gastos de conservación, pues entonces se demostraría lo que parece evidente: que existe ánimo lucro”.

En todo caso, el Obispado dice haber empleado en el mantenimiento y conservación del edificio 20 millones de euros en los últimos ocho años “pero no presenta ningún tipo de cuentas ante la opinión pública”. Incluso a requerimientos de los medios de comunicación se ha negado a facilitarlas. Su gestión económica, por consiguiente, es absolutamente opaca y contraria a las obligaciones de transparencia que cualquier ciudadano tiene en un estado de Derecho como el nuestro.

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