Toda la plantilla de una empresa de Córdoba, despedida en pleno estado de alarma por “abuso de confianza”

Una treintena de trabajadores de una empresa de Córdoba dedicada al suministro de maquinaria agrícola ha denunciado su “despido colectivo encubierto” debido al “abuso de confianza” y a “la transgresión de la buena fe contractual”. Según ha conocido este medio, los empleados se vieron obligados a firmar unas “vacaciones voluntarias” una vez decretado el estado de alarma. Nunca volvieron a la empresa y el 31 de marzo les comunicaron vía email que habían sido despedidos.

Rafael es uno de los trabajadores afectados. Llevaba en la empresa cerca de cuatro años y disfrutaba de un contrato indefinido. A pesar de su estancia en la compañía, y según documentos facilitados a este periódico, dejó de cobrar su nómina el pasado mes de octubre por motivos que desconoce. No fue el único al que le debían sus nóminas, ni tampoco el único que decidió permanecer en la compañía en vísperas de mejora y de poder cobrar las cantidades atrasadas.

Según explica este trabajador, el mismo sábado 14 de marzo que se decretó el estado de alarma, el responsable de la empresa les obligó a firmar unas “vacaciones voluntarias” hasta el 31 de marzo. Todos los empleados de las diferentes secciones tuvieron que firmar, sin excepción. Finalizadas esas “vacaciones” recibieron un email notificándoles su despido y apuntando como causa “la transgresión de la buena fe contractual así como el abuso de confianza en el desempeño de su trabajo”.

Cabe recordar que a través del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, se impidieron los despidos por causas objetivas derivado de la crisis económica y sanitaria provocada por el coronavirus, considerándolos improcedentes. Rafael rechaza de plano la acusación de “abuso de confianza” y afirma que “ninguno” de los empleados ha firmado ese despido ya que no saben “nada” de la empresa, que está cerrada.

En el caso de este trabajador, la entidad le debe más de 9.400 euros, pero la situación de otros empleados es aún peor ya que el impago de nóminas supera los siete meses. Tras formular una denuncia, el abogado de Rafael ha presentado un escrito ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación para que convoque un acto de conciliación en el que la empresa reconozca la nulidad de su despido y le pague sus nóminas.

Este periódico ha intentado contactar con la compañía, aunque sin éxito y en la entrada de la empresa ya aparecen carteles de algunos trabajadores pidiendo explicaciones por sus despidos. Los empleados prevén celebrar el próximo viernes una concentración en el Bulevar de Gran Capitán.