Urbanismo vuelve a prorrogar la ordenanza sobre la 'ITV' de los edificios antiguos

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar esta semana la prórroga de los plazos de presentación de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) hasta que se apruebe y entre en vigor la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (OCRER). 

Así, según reza la propuesta que se verá en Urbanismo, se propone “prorrogar cada uno de los plazos actualmente vigentes para la entrega del informe ITE por un periodo de un año más o hasta la entrada en vigor de la nueva ordenanza”, es decir, como mínimo hasta final de 2022.

De esta manera, el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a prorrogar la que está considerada como la ordenanza fallida en la ciudad, la Inspección Técnica de Viviendas, una especie de ITV para los edificios más antiguos de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y con un casco histórico protegido.

En 2019, el equipo de gobierno optó por prorrogar hasta finales de 2020 el plazo dado para la ITE, ya que estaba trabajando en una nueva ordenanza. El documento aún no ha visto la luz, por lo que se ha optado por volver a prorrogar el cumplimiento de esta ordenanza. El Consistorio espera que poder darle el visto bueno al nuevo documento y que de una vez por todas se pueda someter a revisión al enorme parque inmobiliario de la ciudad, principalmente al que tiene más de 50 años de antigüedad.

Antigüedad de edificios

La nueva ordenanza contempla unos plazos establecidos para cumplimentar los informes sobre los edificios. Así, para los edificios BIC y su entorno de más de 100 años de antigüedad será obligatorio presentar los informes un año después de la aprobación de la ordenanza. 

Fuera de ese ámbito, en los edificios plurifamiliares, para un antigüedad de entre 75 y 100 años, un año después, y así sucesivamente con los edificios de 50 a 75 años, y los de menos de 50 años. La ordenanza establece un procedimiento sancionador para quien la incumpla, que se ajusta a lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

La primera ordenanza se aprobó en el año 2010. Entonces, ya se plantearon unos plazos que no se han cumplido. El primero decía que en 2013 los edificios de más de 100 años de antigüedad debían someterse a revisión, algo que finalmente no ocurrió.