El PSOE lleva al Defensor las “dispensas acústicas” para conciertos pese a informes técnicos en contra

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista acudirá al Defensor del Pueblo Andaluz para solicitar que investigue la concesión de dispensas acústicas por parte del Ayuntamiento de Córdoba para la celebración de conciertos y espectáculos públicos, especialmente en espacios como El Arenal y la Plaza de Toros.

Esta iniciativa llega después de que el Grupo Municipal Socialista haya denunciado y solicitado de forma reiterada en la Gerencia Municipal de Urbanismo que se revise esta práctica y se adopten medidas para evitar que las dispensas acústicas se concedan de manera sistemática y al margen de los criterios técnicos.

Sin embargo, según ha advertido Romero, el Gobierno municipal no ha atendido las peticiones del PSOE ni ha ofrecido soluciones a un problema que sigue afectando a numerosos vecinos. Ante esta falta de respuesta y la continuidad de estas autorizaciones, los socialistas han considerado que ha llegado el momento de acudir al Defensor del Pueblo Andaluz para que investigue lo que está ocurriendo.

El PSOE pone el foco especialmente en una cuestión que considera de enorme gravedad: la concesión de autorizaciones firmadas por responsables políticos pese a existir informes técnicos municipales desfavorables. Es decir, decisiones políticas que se adoptan en contra del criterio de los profesionales municipales que deben evaluar las condiciones y garantías para que estos espectáculos se desarrollen conforme a la normativa.

Para los socialistas, no basta con que el Ayuntamiento invoque razones de interés público para conceder una dispensa. Es necesario conocer qué justificación concreta existe en cada caso, por qué se aparta de los criterios técnicos y quién asume la responsabilidad de autorizar unas condiciones que los propios informes municipales desaconsejan. “Los informes técnicos no pueden convertirse en un mero trámite que un responsable político aparta cuando le resulta conveniente. Si los técnicos advierten de problemas y emiten informes desfavorables, el Gobierno municipal tiene que explicar por qué decide autorizar esos espectáculos y quién responde de las consecuencias”, ha explicado José Antonio Romero.

El PSOE ha advertido de que las dispensas, concebidas como una excepción justificada, parecen haberse convertido en una fórmula habitual para permitir conciertos con condiciones acústicas y horarios que generan graves molestias a los residentes de los barrios próximos. Romero ha recordado que vecinos de El Arenal, Campo de la Verdad y distintas zonas del Casco Histórico vienen soportando episodios de ruido que se prolongan hasta las cuatro de la madrugada y que están provocando numerosas llamadas a la Policía Local. Una situación que afecta directamente al descanso, la tranquilidad y la calidad de vida de miles de personas.

Los socialistas recuerdan que la celebración de conciertos y la promoción de la actividad cultural y económica son perfectamente compatibles con el cumplimiento de la legislación y con el derecho de los vecinos a descansar: “Lo que no resulta admisible es que las excepciones se conviertan en la norma y que los intereses económicos de los promotores terminen imponiéndose a las garantías que establece la normativa acústica”, ha apostillado el candidato socialista.

El PSOE considera que el concejal responsable de Seguridad debe dar explicaciones públicas y asumir responsabilidades políticas por estas decisiones. “No puede permanecer al margen mientras se conceden autorizaciones excepcionales que contradicen los informes de los propios técnicos municipales y que terminan trasladando las consecuencias a los vecinos. Quien tiene la responsabilidad política del área debe responder por las decisiones que se adoptan y explicar por qué se anteponen estas autorizaciones al criterio de los profesionales municipales y al derecho al descanso de la ciudadanía”, ha comentado Romero.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista solicitará al Defensor del Pueblo Andaluz que examine las dispensas concedidas, los informes técnicos emitidos, las resoluciones firmadas por los responsables políticos, las razones que justifican apartarse de los criterios técnicos y las mediciones acústicas realizadas. También pedirá que se investigue si estas decisiones pueden suponer incumplimientos administrativos o dar lugar a otras responsabilidades jurídicas.

“No estamos cuestionando que Córdoba tenga conciertos. Estamos cuestionando que se pueda autorizar un espectáculo contra el criterio de los técnicos municipales y que sean los vecinos quienes paguen las consecuencias. La cultura y la actividad económica no pueden servir de excusa para ignorar la legalidad ni para sacrificar el derecho al descanso”, ha concluido Romero para reclamar al Gobierno de Bellido transparencia, explicaciones y garantías de que ninguna autorización excepcional se conceda al margen de los requisitos legales y de la debida protección de la ciudadanía.