La oposición acusa al Ayuntamiento de Córdoba de no haber construido vivienda pública en ocho años
Con menos tensión que en la sesión de la mañana, el Pleno monográfico sobre vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba en la tarde de este jueves fue también intenso. La sesión se convocó a instancias de los concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba, y se convirtió en un cruce de reproches y acusaciones. Los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba acusaron al gobierno local de no haber construido ni una vivienda pública ni de alquiler en estos ocho años de gobierno del PP. Los populares se defendieron asegurando que ni el PSOE ni IU hizo vivienda pública alguna durante su mandato entre 2015 y 2019. Y el PP y Vox coincidieron en acusar al gobierno de Pedro Sánchez de ser el culpable de la situación de la vivienda en España, de la crisis de precios y la vulnerabilidad de los inquilinos y propietarios.
El debate sirvió para reflejar dos visiones totalmente contrapuestas de cómo tiene que ser el mercado de la vivienda en España. Protegido y regulado, para el PP y Hacemos. O libre, sin trabas burocráticas y mucha más construcción para el PP y Vox. Finalmente se aprobó la enmienda a la totalidad que presentó el PP, gracias a la mayoría absoluta de sus concejales y a la abstención de Vox. Hacemos y el PSOE votaron en contra.
La primera intervención del Pleno corrió a cargo de Catalina Ortega, portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, que puso el foco en las familias que sufren dificultades para acceder a una vivienda o que viven bajo la amenaza de perderla. Ortega recordó que detrás de las cifras hay personas, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven con la angustia de recibir una notificación de desahucio.
“La vivienda no es un negocio, es un derecho”, defendió, antes de cuestionar el argumento de que la solución pasa exclusivamente por construir más casas. La portavoz recordó que España ya atravesó un boom inmobiliario en el que se construyeron numerosas viviendas sin que eso garantizara el acceso a un hogar digno para toda la población.
Ortega apuntó que Andalucía cuenta con más de medio millón de viviendas vacías y que en la provincia de Córdoba hay más de 50.000. A su juicio, el problema no se puede abordar sin afrontar la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como activo de inversión, una práctica que, según denunció, acaba expulsando del mercado a quienes no pueden asumir los precios.
Por ello, reclamó que el Ayuntamiento impulse más vivienda pública en alquiler, mejore las condiciones de las viviendas destinadas al alquiler social y desarrolle políticas que permitan movilizar las casas vacías hacia el alquiler asequible.
La portavoz de Stop Desahucios también dirigió sus críticas a la Oficina Municipal de la Vivienda, que, según afirmó, se encuentra desactivada y carece de presupuesto y personal suficientes para desarrollar una actuación efectiva. Ortega exigió que este servicio intervenga antes de que se produzcan los desahucios, para evitar que las familias lleguen a perder su hogar sin recibir una respuesta de las administraciones.
Entre sus demandas figuraron la puesta en marcha de un plan municipal de emergencia habitacional, el incremento del parque público de alquiler asequible, un programa eficaz para movilizar viviendas vacías y la publicación de datos transparentes sobre la situación de la vivienda en Córdoba.
“Ninguna familia debería acabar en la calle porque las administraciones no han podido acudir a tiempo”, advirtió. Ortega cerró su intervención con un mensaje dirigido al Ayuntamiento: dentro de un año, dijo, no quieren volver a escuchar promesas sobre miles de viviendas que se construirán en el futuro, sino comprobar qué soluciones se han puesto en marcha para quienes necesitan una casa ahora.
Hacemos Córdoba acusa al PP de desactivar la Oficina de la Vivienda
El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, recogió buena parte de las reivindicaciones de Stop Desahucios y centró sus críticas en la gestión del gobierno municipal. El concejal reivindicó el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y reprochó al PP que no defienda ese principio desde las instituciones.
Hidalgo sostuvo que el debate extraordinario se había convocado junto al PSOE precisamente porque, a su juicio, el gobierno municipal evita abordar la vivienda como un derecho y como una responsabilidad de las administraciones públicas. “El PP no quiere hablar de lo público ni de derechos”, resumió.
El edil denunció que la Oficina de la Vivienda lleva siete años desactivada y consideró que podría desempeñar un papel relevante frente a los fondos de inversión que, según su diagnóstico, están expulsando a familias de sus hogares. También vinculó el problema del acceso a la vivienda con la proliferación de apartamentos turísticos y acusó al gobierno municipal de favorecer la conversión de la ciudad en un negocio inmobiliario.
En este punto, afirmó que se habían concedido más de 200 licencias para apartamentos turísticos en los nueve meses anteriores. Asimismo, cifró en un 32% el incremento de los desahucios respecto al año pasado y aseguró que se habían producido más de 70 en la ciudad durante el año, sin que el Ayuntamiento hubiera ofrecido una respuesta suficiente. Hidalgo citó expresamente a Loli y Maricarmen como ejemplos de personas a las que, según denunció, el Consistorio no está defendiendo ante sus problemas de vivienda.
El concejal de Hacemos Córdoba amplió sus críticas a la política autonómica del PP y a la gestión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que acusó de no atender adecuadamente a sus inquilinos. También censuró la gestión de Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda, al considerar que ha dejado de cumplir el papel que debería desempeñar en la promoción de vivienda asequible.
Vox responsabiliza al Gobierno central y reclama más construcción
La portavoz de Vox, Marta León, cuestionó que PSOE y Hacemos Córdoba plantearan el debate y acusó a la izquierda de ser responsable de buena parte de los problemas que denuncia. Su intervención se centró en las dificultades de los propietarios, la reducción de la oferta de alquiler y la necesidad de agilizar la construcción.
León defendió que el problema afecta tanto a los jóvenes que no pueden encontrar una vivienda a un precio asumible como a los propietarios que han trabajado durante décadas para adquirir una casa. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a estos últimos en sospechosos y no ha ofrecido soluciones después de años en el poder.
La concejala aseguró que, entre 2020 y 2025, la oferta de viviendas en alquiler había caído un 53%, mientras los precios seguían aumentando. A su juicio, la reducción de la oferta y el encarecimiento de los alquileres constituyen una realidad que sufren los vecinos de Córdoba.
Frente a las propuestas de la izquierda, León reclamó facilitar la construcción de nuevas viviendas, agilizar las licencias y revisar las trabas administrativas que, según sostuvo, pueden mantener una promoción paralizada durante años. También defendió una mayor seguridad jurídica y el impulso de vivienda protegida para quienes realmente la necesitan.
La edil de Vox acusó al PSOE de ofrecer “propaganda y anuncios” en lugar de soluciones y rechazó que se responsabilice a los propietarios de las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, durante la réplica reconoció que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tienen responsabilidades en esta materia.
El PSOE denuncia que la Junta no ha construido vivienda social en Córdoba
El concejal socialista José Antonio Romero rechazó los argumentos del PP y Vox y defendió que la vivienda debe abordarse desde las obligaciones que establece el marco constitucional. En su intervención, recordó el artículo 47 de la Constitución y el reparto de competencias entre administraciones, con especial atención a las atribuciones de las comunidades autónomas en materia de vivienda.
Romero citó el artículo 148.1 de la Constitución y el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía para subrayar la responsabilidad de la Junta en la ordenación del territorio, el urbanismo y la promoción pública de viviendas.
A partir de ese marco, preguntó al Gobierno andaluz cuántas viviendas sociales había construido durante los ocho años de mandato del PP. Su respuesta fue tajante: según afirmó, en Córdoba no se había construido ninguna vivienda social ni de protección pública durante ese periodo.
El edil socialista también denunció un incremento del 40% en el precio máximo por metro cuadrado de la vivienda protegida en Andalucía y cuestionó el destino previsto para el inmueble de Manríquez 2, que, según señaló, se utilizará como hotel en lugar de destinarse a un uso público.
Romero preguntó además qué había hecho la Junta con los 1.600 millones de euros que, según indicó, habían llegado del Gobierno de España para políticas de vivienda y cuánto se había invertido en Córdoba en la construcción de casas sociales o públicas.
El concejal también criticó la gestión del bono de alquiler joven, cuya tramitación por parte de la Junta, aseguró, había permanecido paralizada durante meses pese a contar con financiación estatal.
Las críticas socialistas se dirigieron igualmente al alcalde, José María Bellido, y a Vimcorsa. Romero sostuvo que el Ayuntamiento tampoco había construido vivienda pública durante el mandato del actual gobierno municipal y puso en cuestión que los anuncios realizados por los populares se hayan traducido en promociones terminadas.
Torrico defiende la gestión municipal y acusa a la izquierda de dejar cero proyectos
El presidente de Vimcorsa y concejal del PP, Miguel Ángel Torrico, respondió a las críticas apelando a la necesidad de abordar el problema con “responsabilidad y empatía”, además de con rigor y datos. El edil popular rechazó que Córdoba pueda analizarse de manera aislada del contexto nacional y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y a las fuerzas de izquierda de la crisis de vivienda.
Torrico afirmó que el encarecimiento de la vivienda en Córdoba había sido del 27% en los últimos cuatro años y destacó que la ciudad se encontraba entre las capitales españolas donde menos había subido el precio, al situarla en el puesto 46 de un total de 50. Sostuvo que los precios habían aumentado en todas las capitales, con independencia del partido que gobernara.
El concejal también reprochó al anterior gobierno municipal de PSOE e IU que, entre 2015 y 2019, retirara suelo residencial y no pusiera en marcha ningún proyecto de vivienda pública. Según su versión, aquel mandato terminó sin promociones municipales de este tipo.
En relación con el mercado del alquiler, Torrico aseguró que la oferta había caído un 15% en Córdoba tras los decretos impulsados en esta materia y defendió que la solución pasa por incrementar el número de viviendas disponibles mediante la construcción.
Frente a las acusaciones de Stop Desahucios sobre la Oficina Municipal de la Vivienda, el edil popular sostuvo que el servicio existe y trabaja en coordinación con los servicios sociales. Según los datos que aportó, se habían realizado 389 actuaciones para evitar desahucios y 124 familias habían sido propuestas para recibir una solución habitacional.
Torrico añadió que el Ayuntamiento había concedido 3.496 ayudas al alquiler y que el PP había destinado 9,6 millones de euros a estas políticas, con 1,5 millones adicionales previstos para 2026. En su comparación con el anterior gobierno municipal, afirmó que el Ejecutivo de Isabel Ambrosio había destinado 1,2 millones.
El concejal defendió que la construcción de nuevas viviendas es la principal vía para responder a la demanda y rechazó que el gobierno municipal haya permanecido inactivo en materia residencial.
El PSOE cifra en más de 8.000 los demandantes de vivienda asequible
En el turno de réplica, Romero insistió en que el PP debía demostrar con resultados sus anuncios de nuevas promociones. Preguntó cuántas viviendas había construido Vimcorsa durante el actual mandato y respondió que ninguna.
El socialista recordó que en el consejo de administración de la empresa municipal se había planteado la construcción de 60 viviendas en el Campo de la Verdad y San Rafael de la Albaida, en su mayoría en régimen general y con precios máximos regulados. Sin embargo, denunció que esas promociones no se habían materializado.
Romero también cuestionó que los presupuestos municipales incluyeran recursos suficientes para cumplir los compromisos anunciados por el gobierno local. A su juicio, las promesas de construir 2.000 viviendas en alquiler por 300 euros al mes y en venta por 90.000 euros tampoco se habían traducido en resultados.
Para ilustrar la dimensión de la demanda, el concejal aportó las cifras de 4.048 solicitantes de vivienda en alquiler y 4.074 interesados en comprar una vivienda asequible. En total, más de 8.000 demandantes a los que, según denunció, el Ayuntamiento no había ofrecido una solución.
El socialista reprochó al alcalde que no estuviera respondiendo a las dificultades de los cordobeses para llegar a final de mes y vinculó esa situación con las subidas de las tarifas municipales del agua y la basura.
También contrapuso la política andaluza de vivienda protegida con la aplicada en Dos Hermanas, donde, aseguró, el PSOE había rebajado un 12% el precio máximo de este tipo de viviendas, frente al incremento del 40% que atribuyó a la Junta de Andalucía.
Hacemos Córdoba acusa al PP de convertir Vimcorsa en una inmobiliaria
La réplica de Juan Hidalgo volvió a poner el foco en las competencias autonómicas y municipales. El portavoz de Hacemos Córdoba reprochó a Vox su planteamiento sobre el reparto de responsabilidades y sostuvo que la vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas.
Hidalgo acusó a la derecha y a la ultraderecha de no querer defender la vivienda como un derecho y dirigió sus críticas tanto a AVRA como a Vimcorsa. Sobre la primera, aseguró que se había convertido en “el peor casero de Andalucía”, por el estado de las viviendas y la atención a sus inquilinos. En cuanto a la empresa municipal, consideró que había abandonado su función de promoción pública para comportarse como una inmobiliaria más.
El concejal popular Torrico había señalado que el anterior gobierno de PSOE e IU no dejó proyectos preparados para su desarrollo. Hidalgo rechazó esa versión y recordó que las 308 viviendas de Huerta de Santa Isabel se iniciaron en 2015, mientras que el proyecto de las viviendas de Sama Naharro databa de 2017.
Con estos ejemplos, el edil de Hacemos Córdoba cuestionó que el PP pudiera atribuir la falta de promociones a la ausencia de trabajo previo y reiteró que, a su juicio, el gobierno municipal no había impulsado nuevas viviendas públicas suficientes.
El PP anuncia 784 alojamientos para jóvenes y defiende las promociones previstas
En su última intervención, Torrico volvió a cargar contra la gestión de los anteriores gobiernos municipales y aseguró que durante el mandato de PSOE e IU se registraron 249 desahucios, frente a una cifra que, según afirmó, se ha reducido un 90% con el actual gobierno.
El concejal popular negó que el anterior Ejecutivo hubiera dejado preparadas las promociones que ahora se están desarrollando y citó distintas actuaciones, entre ellas las de San Jerónimo, con 104 viviendas en una primera fase y 103 en una segunda, además de Sama Naharro y los alojamientos para mayores de Don Rodrigo.
Torrico anunció asimismo que el lunes 26 de octubre se llevaría a la Junta de Gobierno Local una encomienda de gestión para licitar 784 alojamientos para jóvenes en Córdoba. La actuación, según explicó, forma parte de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta residencial.
El edil también comparó los compromisos de construcción del Gobierno central con los del Ayuntamiento y afirmó que Pedro Sánchez había anunciado la construcción de 183.000 viviendas sin haber levantado ninguna. En el ámbito local, aseguró que el Consistorio pondrá en carga dos millones de metros cuadrados de suelo y citó los 200.000 metros cuadrados previstos en el sector O-4 de Córdoba.
Mientras Torrico intervenía, los activistas de Stop Desahucios abandonaron el salón de plenos entre acusaciones de que el concejal estaba diciendo “mentiras”. La salida de los representantes de la plataforma evidenció el malestar de quienes habían reclamado al comienzo de la sesión una respuesta inmediata a las familias que atraviesan una situación de emergencia habitacional.
En la última réplica, Romero calificó de “demagogia barata” las afirmaciones del concejal popular y volvió a poner el acento en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. “El precio de la vivienda sube dos veces más rápido que los sueldos”, sostuvo.
El PP saca adelante su enmienda con la abstención de Vox
El debate concluyó con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el PP. La propuesta de Vox contó con el apoyo de la propia formación, pero fue rechazada por los votos contrarios de Hacemos Córdoba y el PSOE y la abstención del PP.
A continuación, el Pleno aprobó la enmienda a la totalidad presentada por los populares. La mayoría absoluta del PP permitió sacar adelante el texto, con la abstención de Vox y los votos en contra de los dos grupos de izquierda.
El resultado cerró una sesión marcada por las diferencias sobre el papel de las administraciones, la regulación del mercado inmobiliario y la eficacia de las políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible.
Mientras PSOE y Hacemos Córdoba reclamaron más promoción pública y acusaron al Ayuntamiento de no haber construido vivienda social durante los ocho años de gobierno popular, el PP defendió las ayudas municipales, las actuaciones realizadas para evitar desahucios y los proyectos previstos. Vox coincidió con los populares en atribuir al Gobierno central buena parte de la responsabilidad por el encarecimiento de la vivienda, aunque defendió que también deben actuar la Junta y el Ayuntamiento.
La sesión dejó así sin resolver el principal desacuerdo político: si la respuesta a la crisis residencial debe pasar prioritariamente por ampliar el parque público y regular el mercado o por aumentar la oferta mediante nuevas construcciones, agilizar los trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.
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