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El Movimiento Ciudadano pide que el Plan contra el Ruido contemple el impacto de fiestas y obras

Obras del Plan Asfalto en la avenida de La Victoria

Redacción Cordópolis

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El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), máximo órgano de participación reconocido por el Ayuntamiento, ya ha remitido su acuerdo a la consulta municipal sobre su próximo Plan de Acción contra el Ruido, el documento rector para futuras iniciativas contra un tipo de contaminación que pasa desapercibida, pero que resulta particularmente alta en Córdoba, como se ha constatado, y es fuente de malestar para la ciudadanía e incluso de daños psicológicos y físicos.

El dictamen en concreto, aprobado en el último plenario de CMC, cuenta con 12 puntos en los que en principio se saluda la iniciativa municipal, aunque en respuesta a la consulta propone no centrarse casi exclusivamente en fuentes de ruido provenientes del transporte, particularmente el tráfico rodado y el ferroviario, sino tener también en consideración “el resto de actividades humanas que marca la legislación”, como “la construcción, vehículos compresores, actos en la vía pública, eventos, actuaciones musicales, ocio nocturno, fiestas y un sinfín de actividades cotidianas que producen un ruido elevado”.

Capítulo aparte, el Consejo lamenta que el análisis municipal no esté detallado por barrios, no se hayan evaluado los resultados de anteriores planes de acción contra el ruido y, sobre todo, no se tenga en cuenta normativas nuevas de rango superior como el decreto 50/2025 de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento para la preservación de la calidad acústica en Andalucía, que deja viejas otras normas municipales. Entre ellas, y especialmente, la Ordenanza de ruido y vibraciones, que tras un cuarto de siglo y con muchas dudas sobre los resultados de su aplicación “ha quedado obsoleta ante las nuevas demandas normativas existentes a nivel andaluz, estatal y europeo”, dice el dictamen.

La solicitada aportación del CMC al proyecto municipal también recuerda que hay zonas de la ciudad particularmente sensibles por la acumulación de actos multitudinarios y ruidosos (caso del Casco Histórico), que es necesario reforzar el personal y los recursos materiales de los equipos que tengan que vigilar el cumplimiento de las normas sobre el ruido y “delimitar la aplicación de acuerdos de excepcionalidad que se salten las normas”, lo que “se ha convertido hoy en una pauta” para burlar la legalidad y, encima, “sin que se permita la opinión ciudadana al respecto”.

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