La Junta prevé 1,25 millones para activar el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Córdoba en 2027

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, que dirige el vicepresidente segundo Manuel Gavira, contempla en los presupuestos para 2027, donde se refleja el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, una previsión de 1,25 millones de euros para el convenio y el inicio de la primera fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Córdoba.

Así lo ha destacado el delegado de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta en Córdoba, Alejandro Hernández, quien ha señalado que esta programación da respaldo presupuestario al desarrollo del plan de la capital cordobesa.

La actuación permite preparar una nueva fase de impulso a la oferta turística de Córdoba, y la cuantía se corresponde con la previsión de formalización del convenio e inicio de la primera fase, por lo que no supone la ejecución completa del plan.

Las cuentas recogen también 140.000 euros para la mejora de los servicios de los municipios turísticos de la provincia. Esta línea extiende el apoyo a los destinos cordobeses más allá de la capital y se orienta a mejorar la atención a quienes los visitan. Además, se prevén 500.000 euros para experiencias turísticas de segmentos emergentes y 990.000 euros para infraestructuras de pequeñas y medianas empresas turísticas.

Estas previsiones ofrecen un marco de apoyo a la diversificación de la oferta y a la mejora de los recursos empresariales, pendiente de su ejecución mediante los procedimientos correspondientes.

En Justicia juvenil, el presupuesto incorpora 100.000 euros para recalces y refuerzos estructurales del CIMI Medina Azahara. También recoge una estimación de 40.000 euros para la conexión a la red eléctrica de los CIMI Sierra Morena y Medina Azahara. Estas intervenciones atienden necesidades concretas de las instalaciones y contribuyen a mejorar sus condiciones de funcionamiento.

Estas actuaciones forman parte del presupuesto de 1.081.091.503 euros de la Consejería para Andalucía en 2027, que incluye también simplificación administrativa y apoyo a los municipios mediante Meinfra, Feclima y digitalización municipal.

El proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2027, aprobado el 30 de octubre por el Consejo de Gobierno y dotado con 54.716,7 millones de euros, responde a los principios del Acuerdo de Gobierno y Estabilidad suscrito entre el Partido Popular y Vox.

Esta orientación inspira de manera transversal el conjunto de las cuentas y las prioridades de las distintas consejerías, más allá de medidas o partidas aisladas, con especial atención al alivio fiscal, la simplificación administrativa, el apoyo a las familias y al sector primario, el acceso a la vivienda, el refuerzo de los servicios públicos y la eficiencia del gasto.

Ese marco común se concreta, entre otras previsiones, en la rebaja de 0,25 puntos del IRPF, la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones para determinados supuestos de herencia de vivienda habitual entre hermanos y nuevas deducciones para las familias.

Las cuentas contemplan también un incremento del 22% en vivienda, hasta 954,6 millones de euros; medidas de apoyo a los jóvenes, un fondo específico de 15 millones para el campo, y 761 millones destinados a políticas de agua, junto a actuaciones de prevención de incendios, reindustrialización y eliminación de trabas burocráticas.

En materia de servicios públicos, el proyecto prevé más de 160 nuevos puestos en juzgados y tribunales, el refuerzo de las plantillas sanitarias y educativas y más recursos para la dependencia. Se suman el Plan Andaluz de Turismo Familiar y la ampliación del transporte público rural.

En conjunto, dos de cada tres euros de las cuentas se destinan a políticas sociales, hasta alcanzar los 35.246,7 millones de euros. Esta orientación tiene también una dimensión territorial, pues el proyecto contempla 4.066,1 millones de euros de inversión provincializada, el 69% de la inversión total, y refuerza la financiación de los municipios.

De este modo, las prioridades del acuerdo de Gobierno se reflejan en actuaciones con incidencia en las ocho provincias andaluzas. El texto presupuestario continúa sujeto a su tramitación y aprobación parlamentaria.