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El Ayuntamiento de Córdoba declara a ATA entidad de utilidad pública para cederle un edificio municipal

Edificio de El Granadal que ocupa la asociación de autónomo ATA.

Juan Velasco

10 de abril de 2025 11:18 h

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El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves, con el voto a favor del PP, la abstención de Vox, y el voto en contra de PSOE y Hacemos Córdoba, la declaración de como entidad privada de utilidad pública local a la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA), como paso previo a cederle de manera directa y sin concurrencia pública la primera planta y las salas polivalentes del edificio El Granadal por los próximos 20 años.

A título previo, se ha incorporado al expediente un informe del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, que aclara que se puede hacer un otorgamiento directo de este inmueble cuando se den “circunstancias excepcionales”, como cuando el adquirente sea “una asociación declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro”.

Este informe, de hecho, se ha incorporado después de que el Grupo Municipal Socialista haya planteado dudas sobre la legalidad de la cesión. Carmen González, portavoz socialista en este asunto, ya había reclamado al Gobierno municipal que diera marcha atrás en esta decisión y abra un proceso de concurrencia pública que garantice la igualdad de oportunidades en el uso de este espacio, anunciando que sopesaba llevar este asunto a la Fiscalía.

Este jueves, la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, ha defendido que lo que se ha llevado a Pleno es un trámite que se ha analizado “con valor técnico”, y ha sostenido que el expediente “tiene mi total apoyo incondicional”.

Carmen González, por su parte, ha asegurado que en diciembre de 2023 ya se aprobó la declaración de Utilidad Pública para ATA, y que entonces se dijo que “no se podía hacer una cesión demanial directa de un espacio de dominio público”.

Ahora, con este nuevo cambio de criterio, la concejala socialista entiende que hay dos informes contradictorios, lo que, a su juicio, hace que la seguridad jurídica sea “dudosa”. González ha recordado que ATA lleva disfrutando de ese espacio desde 2011 y que, con la nueva cesión, durante 20 años, pagarán 1.000 euros al mes por 2.000 metros cuadrados. “No sé cuántas empresas tienen estas condiciones en esta ciudad”, se ha preguntado la portavoz, que critica que el equipo de Gobierno ignore los reparos del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), los vecinos de la zona y el Consejo de Distrito, que han mostrado su disconformidad a la cesión por 20 años.

“Es un claro trato de favor envuelto en papel de regalo. Y no nos van a arrastrar a ello”, ha advertido, lamentando, a su vez, que se ponga a ATA en el centro de un debate en el que no deberían estar.

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