La Junta abre 98 actas de inspección por el caso iDental y pone multas por 1,1 millones

Protesta de afectados por el fraude de iDental | TONI BLANCO

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha precisado este jueves que, en el caso de iDental, hay registradas en Andalucía un total de 6.206 quejas y reclamaciones durante los últimos tres años, siendo de estas, 1.154 registradas desde enero hasta la actualidad. Además, ha señalado que se han abierto 98 actas de inspección y multas por un valor de más 1,1 millón de euros.

En respuesta a una pregunta del diputado de Adelante Andalucía Nacho Molina Arroyo, en el Pleno del Parlamento, el consejero ha señalado que, como primera medida, teniendo en cuenta que el director general de Consumo lleva diez días en el cargo, ha sido ponerse en contacto con los interlocutores de los afectados y planificar reuniones donde se tratarán cada problema específico.

De igual manera, entre otras medidas, la Consejería va a mantener informados a los afectados sobre sus derechos, va a garantizar que la historia clínica, que “es el del paciente”, pueda usarse para su mejora y va a tutelar los circuitos entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Consejo Andaluz de Dentistas para la emisión de los informes de los afectados.

Asimismo, va a apoyar la labor de mediación, teniendo en cuenta que el 44 por ciento de las reclamaciones ya se encuentran en este punto. Además, va a seguir colaborando con la Fiscalía y los órganos judiciales en este caso. En concreto, ha apuntado que se han remitido 263 expedientes.

Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía ha recordado las propuestas que el PP y Cs hicieron sobre este asunto en la pasada legislatura, que pasan por crear una mesa de expertos, indagar en la responsabilidad patrimonial de la Junta en labor inspectora y estudiar si se puede resarcir la asistencia jurídica a afectados.

Molina ha recordado la aprobación, con el apoyo del PP y Cs, de una proposición no de ley (PNL) sobre este asunto y ha reclamado que el nuevo Gobierno de Andalucía no incurra en “desidia política” para tratar este problema.

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