Un juez investiga a Mercacórdoba por un supuesto plagio

Una empresa denunció a la central mayorista de la ciudad por haber aprovechado un trabajo suyo para un pliego de condiciones con el que se pretendía reformar todo el sistema de telecomunicaciones interno

El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Cordoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha iniciado una investigación judicial contra Mercacórdoba, empresa participada por el Ayuntamiento y la empresa estatal Mercasa, por un supuesto delito contra la propiedad intelectual, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Tal y como avanzó en su edición de ayer ABC Córdoba, el juez considera que hay que continuar con el proceso abierto por la querella presentada por la empresa Argelich Network Management Services contra Mercacórdoba por un presunto delito contra la propiedad intelectual, “al haber copiado casi en su totalidad el proyecto de ingeniería de telecomunicaciones del mercado de Palma de Mallorca realizado por la empresa querellante”, asegura el TSJA.

El juez está a la espera de conocer el criterio del fiscal y de la acusación particular sobre qué delito puede haberse cometido y continuar con los trámites antes de llegar a juicio oral. El auto del juez puede ser recurrido.

Los hechos investigados ocurrieron en el año 2012. El juez también investiga al que entonces era gerente de Mercacórdoba, Juan Capó, recientemente relevado en su puesto por el Ayuntamiento. El contrato era el proyecto de instalación y ejecución de las infraestructuras de todo el sistema de telecomunicaciones y redes internas del complejo de Mercacórdoba. En 2012, según el auto del juez, Mercacórdoba llamó a la empresa demandante para encargarle el trabajo, pero el contrato finalmente se frustró. Así, el gerente habría encargado a sus técnicos aprovechar el trabajo ya hecho (y no pagado ni contratado) para hacer uno propio.

En mayo de 2013, Mercacórdoba sacó a licitación el contrato, supuestamente tras haber plagiado (dice la demandante) el trabajo previo. El contrato era por un importe cercano a los 200.000 euros.