El juez de Baena decide si abre juicio por el caso de las facturas falsas

La Fiscalía y la acusación particular reclaman que lo haga, después de la audiencia preliminar en la que esta mañana se ha escuchado a las partes | Hay imputados dos funcionarios del Ayuntamiento y un empresario de la localidad

Tras la audiencia preliminar celebrada esta mañana en el Juzgado de Baena por el proceso abierto a dos empleados públicos del Ayuntamiento y un empresario de esta localidad, el juez acordará en los próximos días si finalmente se celebra juicio por jurado o, por el contrario, se archiva el caso al no existir pruebas del presunto delito del que se acusa a estas tres personas, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

En esta audiencia preliminar, el juez ha escuchado a la Fiscalía y a la acusación particular, que piden la apertura del juicio, y a la defensa de los imputados, que solicita el archivo del proceso.

El procedimiento, que consta de más de 16 tomos de instrucción, comenzó en el año 2007 con la investigación de una presunta trama constituida entre las tres personas acusadas para tramitar y cobrar facturas con cargo al Ayuntamiento de trabajos que nunca se realizaron. Los presuntos delitos en los que se ha podido incurrir en hechos repetidos entre 2005 y 2007 son: estafa y flasificación continuada y malversación de caudales públicos.

Una de las ultimas diligencias prácticadas en esta investigación ha sido una prueba pericial, solicitada a la Guardia Civil, sobre el reconocimiento de voz a partir de las grabaciones teléfonicas obtenidas.

Ésta es una causa que se deriva de una denuncia presentada en el verano de 2007 por el ex alcalde de Baena Carlos Arenas, su esposa María Jesús Muñoz y el particular Manuel Luque. A raíz de esta denuncia y su posterior investigación, el juez decidió instruir una segunda causa judicial sobre una supuesta trama de facturas falsas, después de escuchar la denuncia de un empresario que posteriormente se desdijo ante el tribunal.

Según una calificación de la Fiscalía Provincial de Córdoba, Antonio Jesús G. R., propietario de una empresa de carpintería metálica, concertó con estos dos funcionarios municipales -uno de ellos era en esa fecha el secretario personal del propio alcalde, Luis Moreno- la elaboración de las facturas de una obras por contratos menores que no se habían realizado por un valor aproximado de 38.000 euros entre 2005 y 2007. La Fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno de los dos funcionarios y tres años para el particular, además del reintegro de las cantidades supuestamente defraudadas.