Iniciados los trámites para que el juzgado de guardia 24 horas esté en 2018

El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, ha subrayado que “está en camino” conseguir el juzgado de guardia 24 horas para que esté en funcionamiento a mediados de 2018, todo ello “gracias al esfuerzo de los jueces de Instrucción de Córdoba, los funcionarios, los abogados, los procuradores y demás operadores jurídicos, que nunca han cesado en solicitarlo”, así como “la implicación” de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, entre otras instituciones.

En una entrevista con Europa Press, Pareja destaca que uno de los objetivos de su mandato es “conseguir el juzgado”, para lo cual ya se ha puesto en marcha hace dos meses el inicio del expediente: “Se han librado oficios a la Diputación para que informe sobre las personas que hay en el partido judicial de Córdoba, se ha librado oficio a Alcaldía para que facilite datos sobre el turismo, porque la ciudad tiene una población flotante igual o más que la permanente, y se ha librado oficio a la Policía Nacional y la Policía Local”, explica.

En ese sentido, ha señala que “la competencia para la instrucción del expediente para la creación del juzgado de guardia 24 horas es del juez decano, no es de nadie más”, aunque dicho expediente el juez decano lo tiene que elevar a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia Andalucía (TSJA) para su aprobación y remisión al Consejo General del Poder judicial (CGPJ), para que “recabe el informe favorable de las administraciones, el Ministerio de Justicia y la Junta”.

Al respecto, puntualiza que este expediente es “para complementar al anterior, porque ya estaba hecho en el año 2011”, de modo que lo que se hace ahora es “actualizar”. Una vez que se recabe toda la información y los informes, automáticamente el juez decano convocará a la junta de jueces sectorial, con jueces de Instrucción, “para ver qué opinan sobre la implantación”. Tras ello, “si se vota favorablemente, se delegará en el juez decano la emisión del correspondiente informe para fundamentar la necesidad del juzgado de 24 horas”, según detalla el magistrado.

No obstante, asegura que el expediente está “a buen término”, todo tras tomar la iniciativa él para “la actualización” en el momento que comenzasen los traslados a la Ciudad de la Justicia en el mes de septiembre, por lo que no ha recibido “ningún tipo de petición expresa”, remarca, para añadir que en su momento solicitó una documentación al Parlamento andaluz, “que fue rápido”, con una Proposición no de Ley (PNL) que se debatió a tal efecto.

Por tanto, asevera que “lo único que faltaría es tener el visto bueno del Consejo General y el Ministerio de Justicia”, al tiempo que considera que “no tiene que haber problema en razones presupuestarias”, aspecto en el que “la Junta va a ser la que va a cubrir la mayor parte del presupuesto”, precisa Miguel Ángel Pareja, quien cree que “hay tiempo para que antes del día 1 de julio de 2018 el juzgado de 24 horas sea una realidad”.

Balance con objetivos

En cuanto al balance que hace desde que fue elegido para el cargo, en abril de 2016, el también titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba comenta que uno de los grandes objetivos que se planteó fue dar cumplimiento al artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la representación de los jueces en la sociedad cordobesa.

Otro objetivo que cumple en la medida que puede es “estar muy pendiente de que el servicio público de la administración de justicia se presta adecuadamente” en lo que respecta a sus competencias, de modo que intenta “resolver las quejas de los ciudadanos lo más satisfactoriamente y con la máxima prontitud”, declara.

Asimismo, relata que otro objetivo es “la mejora de las condiciones, tanto personales, como laborales de todos los que sirven y prestan el servicio público de la administración de justicia, tanto los jueces, como los funcionarios y colaboradores del servicio”.

Igualmente, entre sus “prioridades” se encuentra “intentar conseguir al menos un juzgado de Primera Instancia, dos en lo Social y un refuerzo en lo Mercantil”, puesto que “los juzgados que se han creado han sido muy pocos” y “la provincia necesita juzgados”, después de que “se resuelve por encima de los módulos”, apunta.

Reivindicaciones de mejoras

Respecto a las reivindicaciones al Gobierno sobre mejoras en la justicia, tras los planteamientos de las cuatro asociaciones de jueces en verano, que no descartaban acudir a la huelga, Miguel Ángel Pareja manifiesta que “no hay avances”, de modo que pone como ejemplo que “los funcionarios recuperaron desde hace bastante tiempo gran parte de los derechos que perdieron con la crisis económica”, por lo que no entiende a “qué espera el Estado para dotar a los jueces de los mismos derechos de los que fueron privados, tanto en materia de permisos, como económica”.

Y es que, enfatiza que “los jueces también tienen derecho a descansar, a tener retribuciones justas y adecuadas y a la conciliación de la vida laboral y familiar”, de manera que “no solo son autoridad, sino que también tienen relación de servicio”.

Así, pide “no solo recuperar los derechos perdidos por la crisis, sino que además se adecue la planta judicial a los términos europeos”, dado que “en España hay 12,2 jueces por cada 100.000 habitantes y la media europea es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes”, de forma que “los jueces españoles resuelven el doble de lo que cualquier juez europeo resuelve”, con lo que ello supone para “la calidad” de la prestación del servicio.

Y otra cuestión “fundamental” es “la fijación de la carga de trabajo del juez”, para lo cual ha propuesto realizar una auditoría, así como “la modernización y organización de la planta judicial”, puesto que “la actual es del siglo XIX” y “la justicia desperdigada por los pueblos no es eficaz, sino que se tiene que tender hacia la colegiación de los tribunales y desaparición de juzgados”, de forma que “se creen los tribunales de instancia en cada capital de provincia”, incluso “se podrían agrupar varios partidos judiciales dentro de la misma provincia”, según sostiene el juez decano.