“La Iglesia Católica no tiene ni puede tener título de propiedad alguno sobre la Mezquita Catedral”

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“El análisis histórico realizado por esta comisión demuestra que la Iglesia Católica no tiene ni puede tener título de propiedad alguno sobre la Mezquita Catedral de Córdoba”. El informe elaborado por la comisión municipal creada para determinar la titularidad pública o no de la Mezquita Catedral de Córdoba concluye que el monumento no es propiedad del Cabildo y que por tanto la inmatriculación realizada por la institución religiosa en el año 2006 se puede recurrir.

Este sábado, a las 11:30, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y el presidente de la comisión, el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza presentan las conclusiones de un informe de 19 páginas en el que se ha trabajado durante un año. En el mismo han colaborado dos expertos en historia medieval, Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio.

“El Ayuntamiento tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación” del monumento, llega a plantear el informe de la comisión, asegurando que se trata de “su deber institucional en defensa de un bien público en el ámbito del municipio”, en el que se “ha lesionado los intereses generales de la ciudadanía cordobesa”. En este punto, se cita el conflicto institucional del siglo XVI entre el Cabildo de la ciudad y el de la Catedral por la construcción de la obra en el interior de la Mezquita.

“Sin embargo, entendemos que el Ayuntamiento de Córdoba no debe pretender el registro del bien como propiedad municipal ya que, al igual que ocurre con la Iglesia Católica, tampoco la institución municipal tiene posibilidades de demostrar dicha propiedad. Entre los mecanismos jurídicos de los que dispone el Ayuntamiento de Córdoba, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento, consideramos que el más apropiado sería el de recabar los apoyos parlamentarios necesarios para el planteamiento de un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el objetivo final de anular la inscripción”, exponen los firmantes, entre los que no está la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pero que ahora no firma el documento final.

“Sólo en caso de no prosperar esta vía entendemos que el Ayuntamiento podría intentar hacer uso de los tribunales ordinarios, en un procedimiento más complejo dado que la institución municipal no debe reclamar la propiedad del bien”, exponen.

“Por todo ello, creemos que la actuación que lleve a cabo el Ayuntamiento de Córdoba debe interpretarse no como la creación de un conflicto, que realmente tiene su origen en 2006 cuando la Iglesia Católica inscribe a su nombre la propiedad de la Mezquita Catedral, sino como una propuesta de concordia ante un bien que, por su carácter excepcional, es y debe ser de todos. Un bien en el que la conservación y difusión de los valores que la Unesco consideró Bien Universal Excepcional pueden ser compatibles con el culto católico”, llega a afirmar la comisión, que insiste en que el objetivo final de la actuación municipal debe ser “revertir” la situación actual.