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El Gobierno amplía de dos a cuatro años la moratoria para desahuciar a familias vulnerables

Un agente de la Policía Nacional habla con una familia que iba a ser desahuciada | TONI BLANCO

Redacción Cordópolis

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico con el fin de ampliar la protección a los colectivos vulnerables que no pueden afrontar los pagos inmediatos de su hipoteca y están en riesgo de desahucio.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que la medida responde al compromiso del Gobierno para que la recuperación económica alcance a los hogares que siguen en situación de especial vulnerabilidad. En este caso, la medida afecta a más de 29.000 familias.

Ampliación de supuestos para acogerse a la moratoria

Montero ha concretado que la norma aprobada este martes extiende de dos a cuatro años la prórroga de la suspensión de los alzamientos hipotecarios, de modo que hasta 2024 “ninguna familia vulnerable será expulsada de su hogar”. Adicionalmente, se amplía la definición de colectivo vulnerable para incluir a las familias monoparentales con un solo hijo.

El Gobierno ha decidido asimismo ajustar el nivel de ingresos de referencia para que una familia se considere vulnerable en función del número de hijos que integren el hogar. Además, el texto prevé la suspensión de lanzamientos con independencia de si la vivienda es adjudicada a un banco o a un tercero.

Mercado del alquiler

La ministra ha avanzado que el Ejecutivo tomará medidas para proteger también a las personas más vulnerables en el caso del mercado de alquiler, en el marco de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Estas iniciativas se sumarán a las adoptadas en 2019 para regular los procedimientos de desahucio.

Por otra parte, el Real Decreto-ley regula el régimen de causas de disolución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Además, contempla la posibilidad de que las sociedades de valores y las entidades de pago y de dinero electrónico puedan solicitar su transformación en bancos.

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