La Fiscalía ve “muy preocupante” la cifra de robos violentos y “excesivos” los casos de estafa

La Fiscalía de Córdoba califica como “muy preocupante” la cifra que arroja la estadística sobre los delitos de robos violentos, que alcanzan un total de 433 incoaciones en la provincia en 2018, a la vez que destaca los 1.905 casos de estafa, una cantidad que “parece excesiva”, así como un total de 806 casos de robo con fuerza.

Así se expone en la memoria anual del Ministerio Público referida al año pasado, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se apunta que la Fiscalía presenta, con un total de 5.080 incoaciones en el apartado de patrimonio y orden socioeconómico, una cifra muy parecida a la que fue registrada durante el ejercicio anterior (4.937).

Al respecto, se señala que “la tónica, en cuanto a las distintas modalidades delictivas de este abultado capítulo, es muy similar a la que ofrecen el resto de oficinas fiscales de la comunidad autónoma de Andalucía”, si bien alerta de la cifra de los citados delitos de robos violentos.

Asimismo, apunta que se incoaron en la provincia un total de 141 diligencias previas por delitos contra la administración pública, una cifra algo superior a la registrada en el ejercicio anterior (123). “La mayor parte son registradas como casos de desobediencia de autoridades o funcionarios (120), aunque se contabilizan hasta 14 casos por prevaricación administrativa”, según se detalla.

Por su parte, en la provincia se incoaron un total de 557 diligencias previas por los delitos contra la administración de justicia, una cifra muy parecida a la registrada en el ejercicio anterior (516).

En este caso, se precisa que “la mayor parte son registradas como casos de quebrantamiento de condena o medida cautelar (419), aunque no son desdeñables las incoaciones por acusación o denuncia falsa (45), simulación de delito (45) o falso testimonio (27)”.

En relación con la siniestralidad laboral, el Ministerio Público explica que la secuencia de datos estadísticos muestra un descenso de las diligencias previas incoadas en el último año, que fueron 930, por la 1.208 de 2017, “quebrándose la tendencia ascendente de las anualidades precedentes”.

Al hilo de ello, la fiscal delegada de la sección de Siniestralidad Laboral, María de los Ángeles Rojas Delgado, considera que la citada disminución en el número de diligencias previas “efectivamente obedece a la existencia de menos accidentes, aunque en no tanta proporción como parece desprenderse de las cifras”, dado que “este número se extrae de la aplicación 'Fortuny' y es posible que no se hayan registrado correctamente todos los partes de urgencia surgidos con ocasión de un accidente laboral”.

De las cifras ofrecidas por la memoria, se comprueba que predominan las lesiones laborales de carácter leve, continuando en fase de diligencias previas 13 de ellas -cuatro más que el año anterior- y dos por homicidio imprudente.

En todo caso, indica que “no se puede olvidar que la mayoría de las investigaciones no pueden concluirse antes de los seis meses señalados por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

En concreto, precisa que “son varios los factores que provocan el exceso del plazo legalmente marcado, como la concreción de las lesiones sufridas y su periodo de sanidad; concurrencia de varios informes periciales sobre el particular; numerosas declaraciones de peritos o testigos que en muchas ocasiones no residen en el partido judicial del lugar de los hechos”, por lo que “en la mayoría de los supuestos exigirá la declaración de estas causas como complejas”.

De hecho, como prevención, el Ministerio Público solicita “la declaración de complejidad desde el mismo momento en que tiene conocimiento de la incoación de unas diligencias previas por siniestralidad laboral”.

Respecto de las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía, en 2018 se ha incoado un número superior al del año anterior, 82, frente a las 70 de 2017.

Sin embargo, se han mantenido prácticamente iguales los escritos de acusación, pues se han formulado dicho año ocho calificaciones frente a las nueve del año 2017. Habiéndose dictado nueve sentencias del Juzgado de lo Penal, frente a las cuatro del ejercicio anterior, y se han resuelto algunos procedimientos que “llevaban atascados varios años” en juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia.