La fiscal mantiene la acusación contra el notario por apropiación de 373.000 euros

La Fiscalía ha mantenido la acusación contra el notario cordobés Carlos Alburquerque, ya jubilado, por la supuesta comisión de un delito continuado de apropiación indebida, tras presuntamente apropiarse de 373.484 euros de unas 126 operaciones con clientes entre 2005 y 2015, hechos por los que se enfrenta a penas de cuatro años de prisión, multa de 30.000 euros y el pago de una indemnización por la citada cantidad de las operaciones, según la calificación del Ministerio Público.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la fiscal ha mantenido los cargos contra él, aunque en la primera sesión el procesado se declarara “responsable del delito de apropiación indebida”, al tiempo que ha retirado la acusación contra la mujer del acusado en cuanto a la responsabilidad civil.

Mientras, las acusaciones también han elevado a definitivas sus conclusiones, con el cambio la mayor parte de ellas de retirar la acusación alternativa por el delito de estafa agravada. Y la defensa ha pedido la absolución de la mujer y que el notario en caso de ser condenado lo sea por una acorde con la atenuante de confesión de los hechos, tras el reconocimiento de la primera sesión, y la reparación del daño, al haber consignado ya 20.000 euros.

El juicio, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba, ha quedado visto para sentencia, después de que el acusado manifestó que recibió distintas cantidades que “no fueron objeto de alza”, pero no fueron destinadas al fin para el que fueron entregadas, según su relato antes de comenzar el interrogatorio de las partes.

Tras advertir de “las dificultades económicas” en la notaría, el acusado subrayó que “siempre” ha intentado remediar el problema y ha intentado reparar el daño, pero no le ha sido posible por completo. Además, dijo que fue “consciente” cuando apareció el problema en la gestión, si bien no supo parar a tiempo, según su declaración.

En cualquier caso, aclaró que “no existía voluntad expresa de apropiación”, ni dar instrucciones a empleados a tal efecto, a lo que agregó que “nunca” ha querido engañar a los clientes, parte de ellos con los que ha mantenido amistad, y que “nunca” se han inflado precios.

Igualmente, resaltó que su esposa no ha tenido “nada que ver” en los hechos y que su participación en la notaría ha sido “nominal” y de “relaciones públicas”, a la vez que remarcó que su “firme voluntad es devolver todas las cantidades” a los clientes afectados.

Y la mujer del notario explicó que “jamás” ha tenido acceso a las cuentas de la notaría, que “nunca” quería saber nada del dinero y que todo lo que le ponían delante lo firmaba cuando se lo decía su marido. También, expuso que no tiene estudios financieros y que “siempre” ha confiado en su marido.

Los hechos

Según la calificación de la Fiscalía, el acusado en el año 2005 y de forma habitual entre 2009 y 2015, cuando se jubiló, recibió de distintos particulares y sociedades, “confiados en su credibilidad profesional”, diversas cantidades de dinero como provisión de fondos, por cheque bancario o transferencia, para que llevase a cabo escrituras, liquidaciones de impuestos, actas o inscripciones en el Registro de la Propiedad.

Sin embargo, supuestamente “se apropió de las cantidades con ánimo de enriquecimiento ilícito, sin llegar a ejecutar efectivamente bien todos, bien parte de los trabajos encomendados”, según el Ministerio Público, que detalla que para lograr ello “se valía de la empresa familiar, cuyo objeto social es el asesoramiento y tramitación de toda clase de documentos ante organismos públicos y privados”.

A través de dicha entidad, añade la calificación, “se gestionaba administrativamente la documentación que se derivaba de las escrituras públicas, y en cuya cuenta bancaria de titularidad de la citada entidad se ingresaban las provisiones de fondos junto con las cuentas bancarias de titularidad del acusado”.

En concreto, el notario presuntamente se apropió de importes en abril de 2005 y posteriormente desde principios de enero de 2009 hasta 2015. Las cantidades oscilaban entre 270 euros y cerca de 24.000 euros. En otros casos no hacía frente a los gastos de plusvalía de los clientes que luego pagaban con intereses de demora y sanciones.

Por otra parte, el fiscal considera que su esposa ostentó el cargo de administradora única hasta octubre de 2014, fecha en que lo asumió su marido, si bien apunta que “no ha resultado acreditado” que ella participara en la ejecución en la ejecución de los hechos relatados.

Asimismo, el Ministerio Público indica que “no ha resultado acreditado, al menos a la fecha de presentación del escrito de calificación, que como consecuencia de los hechos, alguno de los perjudicados hayan visto frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda como bien de primera necesidad”.

Información a los afectados

Cabe recordar que el Colegio Notarial de Andalucía abrió en 2015 una investigación ante las reclamaciones contra el citado notario, después de que presentaran las primeras reclamaciones y solo dos semanas después optó por jubilarse.

Así, el colegio hizo pública “su preocupación por las quejas recibidas de algunos ciudadanos sobre la actuación del notario”, al tiempo que destacaron que aunque carece de competencia sobre un notario jubilado, se inició la investigación de lo ocurrido y, a través de la delegación del colegio en Córdoba, se atiende a los afectados y se les informa de la situación y de los pasos que se dan.

Igualmente, subrayaron que el Colegio dedicará “todos sus esfuerzos al esclarecimiento de lo ocurrido y a que se garantice el derecho de las personas afectadas a ser indemnizadas en caso de que se confirmen las irregularidades denunciadas”.

Entretanto, desearon dejar constancia de que “las denuncias o quejas de los ciudadanos contra la actuación notarial son excepcionales, pues la actividad de los notarios no llega a generar ni un 0,1% de conflictividad”.