Familiares de víctimas del franquismo piden más presupuesto para las exhumaciones

La abuela de Florentina Rodríguez era maestra en la aldea lucentina de Jauja (Córdoba). Allí fue secuestrada y desapareció en noviembre de 1936, momento desde el que su familia no la volvió a ver. Ahora, su nieta, a título particular junto a otros familiares de víctimas del franquismo han iniciado una recogida de firmas para pedir a la administración que dote de un mayor presupuesto a las partidas destinadas a la localización, identificación y exhumación de fosas de la dictadura y el franquismo.

Las firmas, tanto en papel como a través de internet donde ya llevan recogidas más de 1.300 adhesiones en la página web change.org, solicitan a la Junta de Andalucía que “se dote de medidas presupuestarias y económicas la nueva Ley de Memoria Histórica Andaluza”, debatida y aprobada en el Parlamento andaluz esta misma semana sin votos en contra: con el sí de PSOE, Podemos e Izquierda Unida y la abstención de PP y Ciudadanos.

“Creemos que sólo con la financiación económica adecuada la nueva ley no quedará en papel mojado. Una financiación que contemple técnica y presupuestariamente la dotación adecuada para resolver de una vez por todas en un breve espacio de tiempo el problema de la búsqueda, localización, exhumación e identificación genética de las personas asesinadas y desaparecidas en Andalucía durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista”, argumentan los familiares de las víctimas.

Actualmente, según datos de la propia Junta, el presupuesto autonómico para 2017 prevé destinar 300.000 euros para la exhumación de fosas del franquismo, una cantidad que las víctimas señalan como insuficiente dado el coste de las labores necesarias. Calculan que la localización, exhumación, prueba de ADN e identificación de cada persona puede costar unos 1.500 euros y recuerdan que en Andalucía hay unas 54.000 personas desaparecidas. Con esos datos, las cuentas que han hecho dicen que el presupuesto actual de la Junta “solo destina 5,55 euros por persona desaparecida al año”. Calculan que, a ese ritmo, tardarían 270 años en recuperar los restos de todos sus familiares.

Por eso, para abreviar esos plazos, en otra de sus peticiones solicitan a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía “la elaboración de un plan de trabajo a cinco años vista donde se detallen todos los proyectos que se planifiquen llevar a cabo” por parte de la administración autonómica, con el fin de “no dejar ni una sola fosa de todas las existentes en Andalucía, sin investigación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas que se encuentran en ellas sin necesidad de que sean las propios familiares ni las organizaciones memorialistas las que soliciten su intervención”.

Junto a ello, los familiares de las víctimas insisten en que las competencias sobre políticas memorialistas no deben situarse en la Consejería de Cultura como lo hacen actualmente, sino pasar al departamento de Justicia del gobierno andaluz, “como garantía de la justicia que todavía tenemos pendiente”.

Finalmente, la recogida de firmas incluye pedir la puesta en marcha de las medidas y recomendaciones “expuestas y detalladas al estado español por parte del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre personas desaparecidas en nuestro país”, así como las efectuadas por parte del Relator Especial de la ONU sobre “la protección del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. Y, en ese sentido también, piden a la Junta que adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a la creación de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes y asesinatos acontecidos durante el franquismo, una tarea que ya contempla la recién aprobada Ley de Memoria Histórica de Andalucía.