Los expertos dudan de que aparcar la campaña por Semana Santa tenga sentido jurídico y social

Semana Santa en la Mezquita Catedral de Córdoba

La campaña electoral para las Elecciones Generales del 28 de abril se está calentando antes de empezar, en parte por su coincidencia con la Semana Santa. A esta simultaneidad de actos y liturgias -unas de carácter religioso y otras de carácter cívico- el PP lo ha llamado “falta de respeto”, mientras que Vox habla con preocupación y pide “anteponer el respeto” y el “ambiente de recogimiento” que a su juicio debe reinar en estas fechas a cualquier acto electoral.

Algunos medios incluso hablan de la posibilidad de que el líder nacional del PP, Pablo Casado, haga suya la petición que hacía este martes el candidato cordobés de Vox, Alejandro Hernández, de limitar los efectos de la campaña durante la Semana Santa. Ambos líderes, licenciados en derecho, piden algo que no se sabe muy bien si podría chocar contra la propia Ley Electoral, que no solo permite actos durante la Pascua sino que obliga a los Ayuntamientos a reservar “lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles”, al tiempo que permite, con total legalidad, el reparto de publicidad electoral durante los quince días que dure la campaña.

La petición, por tanto, no tiene justificación legal. Así lo ve el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, Manuel Rebollo, que señala que no hay absolutamente nada que pueda justificar esa petición de paralizar o aparcar la campaña por la Semana Santa. “España es un estado aconfesional. Por esa vía, yo qué sé, habría que prohibir también la coincidencia de las campañas electorales por el Ramadán”, precisa el catedrático, que añade que la Semana Santa es obviamente distinta en España al Ramadán, pero no a efectos de que pueda estar por encima de la campaña electoral.

“No acierto a imaginar ningún fundamento legal de esa petición. E incluso si se acordara esa suspensión o paralización, sería contrario a la Ley Electoral”, argumenta Rebollo. Más allá del derecho, que es tozudo en la regulación de la campaña electoral por encima de cualquier otro acontecimiento, el análisis del catedrático lo comparte Joan Font, investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y doctor en Ciencias Políticas y Sociología.

“En realidad, aportación científica al respecto no podemos hacer, porque no conozco ninguna. Pero me parece obvio que en un estado laico, la convocatoria de unas elecciones pasa por encima de las creencias”, señala Font, que ofrece el mismo ejemplo que Rebollo: “Es como si no pudiéramos hacer elecciones durante el Ramadán. Las creencias religiosas no tienen nada que ver con lo otro, que claramente está por encima”, aclara.

La Subdelegación del Gobierno no ve ningún conflicto en la campaña

A nivel de seguridad, la coincidencia de estas dos citas tampoco supone ningún perjuicio, según aseguran fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. La Semana Santa supone, en la práctica, la movilización de la totalidad de las plantillas de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y si se diera la coincidencia de actos de campaña que entrañaran un riesgo importante “vendrían efectivos desde otras provincias”.

Concretamente, explican desde Subdelegación, el año pasado se movilizaron en Semana Santa unos 800 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Adscrita a la Junta de Andalucía. Desde la Subdelegación aclaran que ni la convocatoria de actos ni el reparto de publicidad se pueden prohibir, y que dependerá de cada partido establecer la campaña electoral como crea conveniente. Para todo ello, aclaran, será la Junta Electoral la que, en última instancia, regule la campaña.