CTA recurre el archivo de la causa de Reina y éste impugna el recurso

El sindicato CTA ha presentado recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba de archivar su denuncia contra el exconcejal del PP en el Ayuntamiento cordobés Miguel Reina, investigado por supuesta comisión de delito de prevaricación administrativa en la gestión de contratos del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), y la defensa ha impugnado dicho recurso, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Al respecto, la Fiscalía y la defensa solicitaron el archivo de la causa y el juez lo acordó al considerar que no se ha cometido el citado delito en la actuación del exedil, de manera que fundamenta que “no existe motivo o interés personal en favorecer a una determinada empresa”, por lo que la contratación de un despacho de abogados para distintos despidos “no supone prevaricación”, según sostiene.

Cabe recordar que dicho juzgado ya acordó el archivo de la denuncia del sindicato CTA contra el también exconcejal del PP en el Consistorio Rafael Navas, investigado por supuesta comisión de delito de prevaricación administrativa en la gestión de contratos del Alcázar de los Reyes Cristianos, tras solicitarlo la defensa y la Fiscalía.

A tal efecto, el exconcejal de Deportes, que anunció en su momento que interpondrá demanda contra el denunciante del sindicato CTA, se declaró inocente ante el juez en el interrogatorio y aclaró sobre los contratos del despacho de abogados 'Cuatrecasas' que todo lo que firmó iba con “los informes buenos de Intervención”.

En este sentido, subrayó que “la primera orden” que dio cuando llegó al cargo en 2011 fue que no se le pasara “nada para firmar si no era con el visto bueno de Intervención del Ayuntamiento, el secretario y todo aquel que tenía que dar el visto bueno”, de forma que “si no era así, no firmaba nada”, remarcó.

A su juicio, ha sido una declaración “clara y honesta” sobre la gestión que realizó en el Imdeco y lo que se encontró en él cuando llegó en 2011, con “una situación catastrófica en lo económico, que se debían cerca de un millón de euros, y en personal, que no se sabía por dónde había entrado”.

Según detalló, después de cuatro años, se crearon campos deportivos nuevos; consiguió una financiación de 470.000 euros, tras gestiones con el Consejo Superior de Deportes, para distintas actuaciones; se creó una escuela deportiva de niños en exclusión social; al tiempo que “se ha dejado un remanente de 670.000 euros”, de modo que lo que ha hecho ha sido “por el bien del deporte cordobés”, enfatizó.

Al hilo de ello, insistió en que en su gestión ha puesto “el corazón y el alma”, pero cree que “se ha manchado” su imagen, algo que “es lamentable y debe servir de ejemplo de que no se puede difamar, ni poner en tela de juicio la honorabilidad de las personas honestas”, aclaró Reina.

LA GERENCIA

Mientras, desde la acusación, ejercida por CTA, ya anunciaron que pedirían la comparecencia del exgerente del Imdeco Alfonso López, entre otras pruebas, dado que entienden que “tiene un mayor grado de conocimiento y decisión en la contratación sucesiva y fraccionada del despacho de abogados” para “un servicio que ha sido el mismo del Imdeco, con el asesoramiento en materia de recursos humanos”.

Así, recordaron que dicho asesoramiento se produjo “inicialmente con el expediente de regulación de empleo y después con las vicisitudes del Imdeco para adaptarse a la nueva situación laboral, impuesta en parte por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el PP en 2012”.

Por tanto, tras la declaración de Reina en el juzgado, creen que “queda claro que quien materialmente ha tomado las decisiones de los contratos con 'Cuatrecasas' es la Gerencia del Imdeco” y de ahí que “lo oportuno sea citar al exgerente a declarar”, al “conocer con mayor detalle las motivaciones y el procedimiento que se siguió para ir sucediendo contratos con el citado despacho”.

Según precisaron, se hicieron cuatro contratos y “todos ellos en el límite del contrato menor”, unos 21.000 euros, que “se adjudicaron directamente sin concurrencia entre otros licitadores posibles y que puede estar justificado”, si bien “se presta un servicio continuado e indiferenciado de un contrato a otro y ello obliga a acudir al procedimiento público”, según explicó el abogado de la acusación.