El Consejo de Enfermería pide de nuevo a la Junta la implantación total de la especialidad en Salud Mental

Un enfermero con una vacuna | MADERO CUBERO

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha vuelto este lunes a reclamar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía “el pleno desarrollo e implantación de todas especialidades de Enfermería en nuestra comunidad autónoma”, incluyendo la de Salud Mental.

A este respecto y en un comunicado, el CAE ha explicado que “la situación, lejos de mejorar, continúa agravándose, en esta ocasión con la dimisión en la práctica totalidad, de las enfermeras de Salud Mental que tutorizan la residencia de los alumnos EIR”.

Las “continuas y persistentes denuncias”, elevadas desde el CAE a los diferentes responsables sanitarios en los últimos años en Andalucía, “y que siguen sin atenderse, han desembocado en la adopción de esta inédita medida, que pone en riesgo la continuidad en la formación de los estudiantes EIR, que además respaldan mayoritariamente esta medida de excepción, por entender que la reivindicación trasciende a sus propios intereses en beneficio de la calidad asistencial de los pacientes y de la ciudadanía andaluza en general”.

En este momento, para que un enfermero pueda ser especialista, una vez que ha obtenido el Grado, tiene que prepararse para un examen de acceso a la residencia (EIR), superarlo entre los miles de aspirantes y, posteriormente, cursar los dos años de formación en la especialidad.

Para estos nuevos especialistas, al no existir vinculación de plazas con sus especialidades -a excepción de Matrona-, en muchas ocasiones se ven finalmente abocados a trabajar como enfermeros generalistas o a emigrar a otras comunidades en las que la especialización esté adecuadamente implantada.

Esta situación provoca además, a juicio del CAE, “un inasumible despilfarro de los recursos públicos para la ciudadanía andaluza, dado que el esfuerzo y dedicación que invierten en su formación como especialistas, así como el gasto para la Administración que conlleva dicha formación especializada, finalmente no redunda en el avance de la atención sanitaria a los pacientes que requieren estos cuidados”.

Todo ello, “sumado al hecho de que además la red de servicios de salud mental se encuentra infradotada de recursos y plantillas, provoca un auténtico agravio para los pacientes y los profesionales que les atienden, ya que impide garantizar los derechos en la atención de las personas con algún trastorno mental, resultando asimismo discriminatoria respecto a otras regiones, en las que las especialidades están integradas con plenos derechos y garantías”.

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