Cinco personas se enfrentan a entre dos y tres años de cárcel por traficar con tabaco

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha juzgado durante esta semana a siete acusados de delitos de contrabando de tabaco a quienes también se les ha imputado un delito de pertenencia a grupo criminal y otro contra los derechos de los trabajadores. Durante la última vista, celebrada el pasado viernes, la Fiscalía y la Abogacía han elevado a definitivas sus conclusiones solicitando penas de prisión de entre dos y tres años de cárcel por dos de los delitos y una multa por un tercero. Las defensas de los siete acusados han pedido la libre absolución.

Según el relato de la Fiscalía, cinco de los acusados formarían parte de un grupo criminal ya que, de forma permanente y reiterada, habrían incidido en una conducta delictiva, coordinada y con reparto de tareas a través de una estructura vertical presidida por el padre de los tres hijos imputados en la causa y por su exmujer y madre de los jóvenes. Los acusados habrían comprado las hojas de tabaco y, una vez en su poder, lo trataban y lo vendían a través de una página web.

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2015 cuando una llamada alertó a la Guardia Civil de una compra desorbitada de boquillas de cigarros que, según el relato de la Fiscalía, coinciden con las 52.500 encontradas en las naves de los acusados. En el registro se decomisaron, además, enormes cantidades de hojas de tabaco, cinco cajas de tabaco picado (cerca de 400 kilos) y aromatizantes, productos que los procesados niegan haber usado.

Una vez realizado el registro, Vigilancia Aduanera analizó 29 muestras de todo el material incautado y 28 correspondieron a labores de tabaco. Es decir, productos que podían ser fumados por parte de quienes lo adquirían, “con independencia de que pudiera ser más malo o bueno”, ha apuntado el Ministerio Fiscal, que ha señalado que en las naves se realizaba “esa transformación industrial” para la que no estaba autorizada la empresa.

Los dos acusados restantes, imputados por cooperación necesaria, fueron detenidos en el trayecto de Córdoba a Écija tras adquirir 400 kilos de hoja de tabaco en estas naves. Ambos acusados sostienen que el uso que le iban a dar al tabaco era para “abono para el huerto”, por un precio de 14 o 15 euros, y que la hormigonera que tenían portaba tabaco “porque el aire metería algún trozo”. Sin embargo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han sostenido que dicha maquinaria se usaba para “mezclar o picar el tabaco”. En el registro de la naves de Écija, la Guardia Civil encontró casi 3.000 kilos de hojas de tabaco, aunque ni rastro de aromatizantes o boquillas.

Sobre el delito contra los derechos de los trabajadores, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han señalado que cuatro de los trabajadores de las naves de Córdoba estaban en desempleo y dos de ellos no percibían ingresos de ningún tipo por lo que, siendo personas de mediana edad, “es más complicado encontrar trabajo”. “Existe, por tanto, una situación de necesidad económica que al empleador le costa”, que pagaba entre 150 y 200 euros semanales a sus trabajadores, quienes no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

La Abogacía del Estado se ha referido, también, a varias conversaciones de Whatsapps en las que constaría que a través de la página web “ya no se vendían picadoras”, por lo que el tabaco que se vendía era apto para el consumidor. Ha expuesto, asimismo, que en una de esas conversaciones “se explica que el tabaco que se vende tiene un sabor similar al Nobel o al Ducados Rubio” y que “si le gustaba el sabor, que ya hablaríamos”.

Las defensas de los cinco acusados cordobeses han sostenido que sus defendidos se dedicaban exclusivamente a la comercialización de hojas de tabaco y que uno de los testigos manifestó que compró cinco kilos de tabaco, que lo picó en su casa y “que eso estaba tan malo que no se lo fumó”. Asimismo, las defensas han explicado que no han quedado acreditados cuáles serían los roles en la empresa de cada uno de los acusados y que tampoco se habría cometido un delito contra los trabajadores ya que a los empleados “no les había obligado” nadie y que eran conscientes de que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. El juicio ha quedado visto para sentencia.