CCOO pide objeción de conciencia para funcionarios judiciales que se nieguen a ejecutar desahucios

El sindicato entiende que esta decisión sería complementaria al anuncio del consejero, Emilio de Llera, de solicitar a los jueces andaluces que paralicen los lanzamientos

CCOO solicita a la Consejería de Justicia que se dicte la normativa correspondiente que permita a los funcionarios de la Administración de Justicia de Andalucía negarse a la realización de las diligencias de lanzamiento que estén enmarcadas en las circunstancias previstas en la Ley antidesahucios eximiéndoles en estos casos de la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse, según informa a través de una nota de prensa.

En la petición de CCOO al consejero de Justicia, Emilio de Llera, se recoge que “decenas de funcionarios de la Administración de Justicia destinados en los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución de Andalucía o en los juzgados de las localidades donde no existen estos servicios comunes se ven obligados a diario a aplicar la injusta normativa legal vigente en materia de desahucios expulsando, en cumplimiento de sus funciones y de las órdenes de sus superiores, a familias que se ven abocadas muchas veces a situaciones extremas de exclusión social y marginalidad”.

CCOO, continúa el escrito, “valora los esfuerzos de la Junta de Andalucía para evitar que estas situaciones se produzcan a la vez que rechaza con rotundidad las políticas antisociales del Gobierno del PP, en general y, en particular, en esta materia de desahucios que tanto dolor están provocando en las familias con menos recursos afectadas por las medidas adoptadas para salir de la crisis económica”.

Además, los empleados públicos de la Administración de Justicia obligados a ejecutar los lanzamientos se ven sometidos en materia de salud laboral a factores de riesgos psicosociales extremos, catalogados por las propias administraciones públicas en multitud de documentos y normativas. Padecen un conflicto psicosocial al tener que llevar a la práctica actuaciones que consideran manifiestamente injustas y fácilmente evitables lo que puede influir negativamente en su salud.

Por último, se añade el “riesgo físico de agresiones por parte de ciudadanos lógicamente indignados que no siempre pueden discernir entre la ley y su ejecutor y que pueden pagar su justificada desesperación con el mensajero que no tiene más remedio que llevar a la práctica las resoluciones judiciales so pena de incurrir en faltas disciplinarias o incluso en delito”. Este riesgo físico se ha consumado, al menos en una ocasión, en el pasado mes de diciembre, cuando una funcionaria del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla ha resultado lesionada en una disputa que se produjo entre las fuerzas de orden público y la ciudadanía durante la práctica de una diligencia de lanzamiento.