La Cámara de Cuentas reprende al Ayuntamiento de Córdoba por no rendir el cierre de 2018
El Ayuntamiento de Córdoba está entre las entidades locales andaluzas que no ha entregado en tiempo y forma las cuentas del ejercicio 2018 a la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ha pedido “multas coercitivas” ante lo que considera una “falta de colaboración”, así como que se condicione la recepción de subvenciones “a la efectiva rendición de la Cuenta General”.
Según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la Cuenta General por las entidades del Sector Público Local Andaluz (SPLA) del ejercicio 2018, de los 785 ayuntamientos andaluces sólo 308 han rendido en plazo legal, antes del 1 de noviembre de 2019, el 39,24% del total. Hasta la finalización de los trabajos de campo, 31 de mayo de 2020, han rendido 133 ayuntamientos más.
El informe se refiere a las Cuentas Generales de 2018 rendidas antes del 1 de enero de 2020, así como la información de los contratos formalizados en 2018 recibidas antes de esa misma fecha. Es decir, las cuentas que solicita el órgano fiscalizador son las del último año completo de gestión del PSOE e IU, si bien correspondía presentarlas al nuevo equipo de Gobierno de PP y Cs, más concretamente a la Delegación de Hacienda, en manos de Salvador Fuentes.
El caso de Córdoba no es, ni mucho menos, extraño: de las 892 entidades locales existentes, el 62,22% no ha rendido la Cuenta General de 2018, lo que ha supuesto que 555 entidades no han remitido dicha Cuenta a la Cámara de Cuentas antes del 1 de enero de 2020.
El censo del Sector Público Local Andaluz en 2018 está constituido por 1.544 entes: 892 son entidades locales (diputaciones, ayuntamientos, entidades locales autónomas y mancomunidades) y 652 entes dependientes o instrumentales (sociedades mercantiles, organismos autónomos, consorcios, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro y entidades públicas empresariales), con la siguiente estructura.
El informe de la Cámara de Cuentas señala que “las diputaciones de Cádiz y Málaga, y los siguientes ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes no han rendido sus cuentas antes del 1 de enero de 2020: Algeciras, Benalmádena, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Córdoba, El Puerto de Santa María, Fuengirola, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Linares, Marbella, Mijas, Roquetas de Mar, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Torremolinos, Utrera y Vélez-Málaga”.
“Andalucía es la Comunidad Autónoma con el nivel de rendición significativamente más bajo de toda España”, ha trasladado la Cámara de Cuentas, por lo que ha recordado que “ante este grave incumplimiento, el Tribunal de Cuentas aprobó la formulación de requerimientos conminatorios a los Alcaldes-Presidentes de 22 ayuntamientos andaluces y a la Diputación de Cádiz, para que procedieran a rendir las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2013 a 2016, que, a dicha fecha, se encontrasen pendientes”.
A ese requerimiento se sumó que el pleno del Tribunal de Cuentas, en su reunión de 28 de febrero de 2019, acordó imponer multas coercitivas a los alcaldes-presidentes de ocho ayuntamientos que seguían sin atender en su totalidad los requerimientos conminatorios efectuados.
El 60% no remite la relación de contratos formalizados por dichas entidades
La Cámara de Cuentas ha apuntado que el 60,20% de las 892 entidades locales existentes no ha remitido la relación de los contratos formalizados por dichas entidades, sus organismos autónomos y demás entes dependientes durante el ejercicio 2018, a la CCA, esto es, un total de 537 entidades. Las diputaciones provinciales, salvo las de Huelva y Málaga, han remitido la relación de los contratos relativas al ejercicio 2018.
Los ayuntamientos de Benalmádena, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Córdoba, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Linares, Mijas, Roquetas de Mar, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y Veléz-Málaga, además de no rendir la Cuenta General tampoco cumplen con la obligación de remitir determinada información sobre los contratos formalizados en 2018.
El informe de la Cámara de Cuentas, según ha explicado este organismo fiscalizador, ha solicitado en sus recomendaciones ser habilitado “mediante las modificaciones legislativas pertinentes, para la imposición de multas coercitivas, como ocurre en otras comunidades autónomas, en caso de incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas o de falta de colaboración en el suministro de información requerido por esta Institución, en su tarea fiscalizadora”.
Además, la Cámara de Cuentas ha abogado, entre sus recomendaciones, “por llevar a cabo las reformas normativas oportunas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones públicas a favor de las entidades locales, a la efectiva rendición de la Cuenta General”.
Con estos datos, las recomendaciones de la Cámara de Cuentas señalan la conveniencia de “reducir, mediante las reformas legales pertinentes, los plazos de tramitación y rendición de la Cuentas General de las entidades locales”, así como ha instado a “promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional”, además de “reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las intervenciones locales”.
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