El Cabildo lleva al Supremo su demanda de dinero por la subasta de Cajasur
La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por los antiguos propietarios de la caja cordobesa
El Cabildo Catedral de Córdoba, ante la sentencia que ha dictado la Audiencia Nacional inadmitiendo el recurso contencioso-administrativo que presentó frente a la intervención y posterior subasta de los activos y pasivos de CajaSur, que fue adjudicada a BBK (hoy Kutxabank), ha decidido defender sus derechos sobre la desaparecida caja de ahorros de la que fue entidad fundadora mediante la interposición de un recurso de casación contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo (TS).
Así lo ha anunciado en un comunicado el Cabildo, que sostiene que el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) habían acometido dicha operación “desconociendo garantías esenciales que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución española y la legislación general sobre expropiación reconoce a todas las personas que se ven privadas de sus bienes por una decisión del poder público: el derecho a ser oído (audiencia) y a que los bienes sean objeto de una valoración contradictoria, con participación de los interesados en el aprecio de los mismos”.
El Cabildo, según ha recordado, solicitó poder ejercer esos derechos en el curso del proceso de intervención de la caja cordobesa, lo que le fue denegado por el FROB. Ello supuso, a juicio del Cabildo, “la materialización de una vía de hecho administrativa que se consumó con la venta por subasta del patrimonio de CajaSur, sin que sus propietarios pudieran cuestionar su valoración, fijada unilateralmente en un euro por el FROB, y acordada en una asamblea en la que el FROB se había previamente arrogado todos los derechos políticos de voto”.
La Audiencia Nacional, según el Cabildo, “no se pronuncia en su sentencia sobre esta cuestión de fondo, en la que no entra en absoluto. Se limita a inadmitir el recurso interpuesto por el Cabildo porque entiende que el FROB acordó la valoración y la subasta de la caja siguiendo las previsiones del Real Decreto-ley 9/2009 sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, que es la norma singular que rigió el proceso de intervención de CajaSur”.
Frente a ello, el Cabildo sostiene que el FROB “no debía haberse limitado a seguir esas previsiones específicas, sino que tenía que haberlas complementado con las garantías que para todos los supuestos de apropiación y venta forzosa de cualquier tipo de bienes prevé la legislación general expropiatoria y garantiza la Constitución”.
En consecuencia, el Cabildo entiende que la sentencia de la Audiencia Nacional “no es ajustada a Derecho y lesiona” sus “legítimos derechos e intereses”, por lo que interpondrá un recurso de casación contra la misma que habrá de resolver el Tribunal Supremo.
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