El Ayuntamiento solicita a AVRA que sus locales “cumplan”

El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y responsable de la Oficina en Defensa de la Vivienda, Rafael del Castillo, ha solicitado a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta de Andalucía, que sus locales “cumplan con la función social que le corresponde”.

Según ha informado el Consistorio cordobés en una nota, el delegado ha insistido que “los locales que tiene la Junta de Andalucía en las barriadas deben cumplir su función para actividades económicas, como sede de asociaciones o, en caso contrario, dada la demanda habitacional que existe, que se acondicionen y se destinen a viviendas sociales”, ya que “muchas familias lo agradecerían”.

“Es urgente -según el delegado- que dejen de ser infraviviendas en las que hay familias viviendo en condiciones extremas, sin suministros regulares y nulas condiciones de habitabilidad”. Asimismo, ha insistido en que “es irracional denunciar penalmente a las familias que allí viven, para desahuciarlas y al día siguiente, ante el abandono, vuelvan a entrar otras familias a las que volver a denunciar”.

Más coordinación

Para Del Castillo es “esencial” que la Junta de Andalucía “tome la iniciativa y establezca cauces estables de colaboración entre las distintas administraciones y los colectivos sociales en las tres barriadas en las que se concentra el parque público de AVRA, como son Moreras, Palmeras y Guadalquivir”.

En este sentido, el delegado ha querido recordar que hay acuerdos unánimes del Pleno de la Corporación pidiendo crear mesas de seguimiento de las políticas públicas en las barriadas, que den “una respuesta global” a la situación social de su población. Asimismo, ha agregado que los colectivos sociales están reclamando planes de actuación integrales en las barriadas, con participación social.

Por último, Del Castillo ha señalado que hasta ahora estos llamamientos han sido “desoídos” por la Junta en general y AVRA en particular. Así, considera que “las administraciones públicas están para garantizar el derecho a la vivienda, digna y que cuente con todos los suministros vitales, escuchando al vecindario afectado, por lo que la respuesta no puede ser el desahucio y la apatía”, concluye.