AUGC dice que “la Guardia Civil está bajo mínimos” mientras los delitos “crecen un 7,5%”

Control de Alcoholemia de la Guardia Civil | MADERO CUBERO

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado que este cuerpo, en la provincia de Córdoba, “está bajo mínimos”, mientras que las últimas estadísticas de delincuencia muestran que “los delitos crecen un 7,5%”.

En una nota, la AUGC señala que, además, los destinos publicados no incrementan la plantilla provincial y además dejan varios puestos en situación crítica, mientras que la provincia de Córdoba se sitúa entre las seis con mayor incremento delincuencial de todo el país.

Señalan que en la convocatoria de mayo “sólo 44 de las más de 5.000 vacantes publicadas correspondieron a la provincia de Córdoba, pero una vez asignados esos destinos el resultado es aún peor, porque la plantilla sólo va a aumentar en cinco efectivos, ya que llegan 21 y simultáneamente se van 16 a otras provincias, mientras que el resto de vacantes se han cubierto con traslados internos entre poblaciones de esta provincia. Pero además ese ínfimo incremento de tan solo cinco agentes queda contrarrestado porque a la vez se ha venido produciendo el pase a las situaciones de reserva y retiro de varios componentes”.

Por lo tanto, a pesar de los destinos publicados siguen existiendo unas 170 vacantes sin cubrir, pero es que incluso aunque se cubrieran todas ellas, sería necesario incrementar aún más el catálogo de esta provincia, como de hecho ha reconocido la propia Jefatura de la Guardia Civil en Córdoba. No debe olvidarse que sigue siendo la provincia andaluza con menos guardias civiles, a pesar de tener más habitantes que otras, y que en los últimos siete años ha perdido un 6% de su personal, denuncian.

La AUGC apunta que la consecuencia de esto es que “la plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba sigue tan deficitaria como antes de publicarse las vacantes, pero ahora además con el grave problema añadido de que algunas unidades han sufrido mermas considerables en el número de componentes, generándose situaciones críticas y muy preocupantes, como la del Puesto de Peñarroya, que pierde hasta siete efectivos de golpe y sufre un descenso del 55% respecto al personal disponible en 2010”.

También es grave la situación del Puesto de Hornachuelos, del que se marchan tres agentes, y otros dos están agregados a otras unidades, por lo que en dicha localidad sólo van a quedar dos efectivos. Y algo similar ocurre en el Puesto de Dos Torres, donde un efectivo cambia de destino y dos más se encuentran agregados a otras unidades, quedando sólo tres componentes. Estos son sólo algunos ejemplos, pero la situación es generalizada en toda la provincia, hasta el punto de que para poder prestar los servicios mínimos necesarios se están formando patrullas con agentes de distintos Puestos, argumentan.

A su juicio, “ese déficit de plantilla redunda inevitablemente en un peor servicio a la población y afecta a la seguridad ciudadana. A pesar de los esfuerzos de los guardias civiles para intentar paliar las carencias de personal con su profesionalidad y compromiso, lo cierto es que los datos estadísticos demuestran que cuanto menores son las plantillas policiales mayores son los índices de criminalidad”.

Estadística de delitos

De hecho, según la estadística oficial del Ministerio del Interior, Córdoba es la única provincia andaluza en la que han aumentado las infracciones penales en el primer semestre de 2018 respecto al mismo periodo de 2017, pasando de 12.394 a 13.328, lo cual supone un incremento del 7,5%, mientras que en el resto de provincias andaluzas descienden considerablemente. Ese crecimiento en la provincia de Córdoba contrasta con una bajada del 2,8% en toda Andalucía y un crecimiento del 2,7% a nivel nacional, de hecho la provincia cordobesa está entre las seis que han experimentado un mayor aumento en todo el país, superada sólo por Guadalajara, Barcelona, Girona, Álava y Melilla.

En la comparativa de ese primer semestre de 2018 con el de 2017, son especialmente alarmantes los incrementos en determinados tipos de infracciones penales: aumentan un 26% los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se incrementan un 24,6% los relacionados con el tráfico de drogas, crecen un 6,9% los robos con violencia e intimidación, y se triplican los homicidios dolosos y asesinatos consumados.

La AUGC aduce que esos datos “son aún más preocupantes si tenemos en cuenta que en la provincia de Córdoba ya en 2017 las infracciones penales aumentaron un 4,2% respecto a 2016”, pasando de 23.891 a 24.900, mientras que en toda Andalucía el crecimiento fue solo de un 0,8%, y a nivel nacional el 1,8%. Y a pesar de ese considerable incremento, sin embargo descendió en el mismo periodo el número de investigados y detenidos un 0,2%, mientras que en Andalucía se incrementaron un 2,3% y en todo el país un 2,2%.

“No en vano la propia Jefatura de la Guardia Civil en Córdoba ha mostrado su preocupación por el crecimiento de las cifras de criminalidad en esta provincia, y está intentando atajar el problema mediante distintos planes de actuación, pero de poco servirán esos esfuerzos si no se habilitan los recursos humanos necesarios”, piden.

“Los guardias civiles quieren prestar el mejor servicio posible a la sociedad cordobesa, pero cada vez es más difícil poder hacerlo, porque no hay recursos humanos suficientes, lo cual origina en los agentes frustración, saturación y desmotivación. La situación es tan grave que deberían implicarse todos los estamentos de la provincia, tanto instituciones como partidos políticos, sindicatos y organizaciones de distinto tipo, para exigir al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil que se cubran todas las vacantes existentes y se incremente el catálogo, dejando de tratar a Córdoba como una provincia de segunda en lo que a seguridad pública se refiere”, señalan en su comunicado.

Por último, aseguran que es necesario acometer lo antes posible una reorganización del despliegue territorial, creando Puestos Principales con efectivos suficientes para prestar un servicio adecuado a todas las poblaciones. “No sirve de nada tener un número insuficiente de guardias civiles en todas las localidades, cuando ni siquiera se pueden mantener abiertas las dependencias oficiales para atender a la ciudadanía, ni sacar patrullas a la calle. El despliegue actual es ineficiente, porque se está invirtiendo presupuesto y potencial de servicio en unidades y cuarteles que están inoperativos la mayor parte del tiempo”, concluyen.

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