El anhelo por recuperar los derechos que quedaron enterrados en la fosa común
Francisco y Carmen son nietos de Manuel Jiménez Sevillano, socialista, detenido tras la Guerra Civil y condenado en procedimiento sumarísimo de urgencia. Fue enviado a la prisión provincial de Córdoba, donde murió a los pocos meses. Su cuerpo se encuentra en la fosa común del cementerio de San Rafael de Córdoba.
Luis Raya, nacido en 1893 en Fernán Núñez, fue agricultor en la Campiña cordobesa. Tuvo ocho hijos y en agosto de 1936 fue requerido por la Guardia Civil para que se personara en el cuartel. Apareció fusilado el 13 de agosto en el cortijo los Llanos de las Torres, según consta en el libro del cementerio de San Rafael de Córdoba.
El padre de Rosario Moreno fue alcalde republicano de Obejo. Ella fue la última persona que lo vio con vida antes de que lo mataran. Después, ya no lo vieron más. Su cuerpo está en la fosa del cementerio de La Salud. Rosario y su familia llevan toda su vida intentando recuperar los restos de su padre.
Carmen Gracia es hija de Antonio Gracia Sánchez, fusilado en Córdoba. Pertenecía al Partido Socialista y era dirigente del sindicato de panaderos. Su mujer iba todos los días a la cárcel, hasta que un día le dijeron que ya no estaba allí. Está enterrado en el cementerio de San Rafael en una fosa común. Su hermano pequeño, con 17 años, fue testigo.
Antonio Deza fue un niño de la guerra que no llegó a conocer a su padre. Su familia quedó desmembrada por el conflicto. Los que tuvieron suerte terminaron en Argelia, luego en Francia, muchos en Cataluña. Los demás, nueve familiares, están desaparecidos en las fosas comunes de los cementerios de Córdoba.
De todo esto han pasado 80 años ya, pero los familiares de las 4.000 víctimas del franquismo que yacen enterradas en las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael no han podido pasar página. Este domingo 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, con sus testimonios quieren pedir, una vez más, la restitución de los derechos de estas víctimas, objeto de “crímenes de lesa humanidad” como vienen denunciando los familiares en la Asociación Dejadnos Llorar.
La causa de los 4.000 de Córdoba
Reclaman “justicia y dignidad” para los más de 4.000 fusilados que siguen enterrados en fosas comunes en Córdoba capital, 4.000 personas con nombres y apellidos, con familiares que no han podido enterrarlos ni llorar su pérdida como quisieran. Es la que llaman La causa de los 4.000 de Córdoba, “la causa de los más de 4.000 asesinados en la ciudad y la de sus familias, que sigue pendientes, 80 años después del golpe militar”, para poder recuperar a sus familiares y llorarles.
La asociación tiene marcado en rojo en el calendario este Día Internacional de los Derechos Humanos porque son eso, los derechos de las víctimas, lo que persiguen cada día que pasa y donde quieren poner el acento ante las administraciones que deben dar el paso para poder recuperar los restos de sus seres queridos. En el día Internacional de los Derechos Humanos, Dejadnos Llorar quiere recordar su objetivo de exhumar sus cuerpos de las fosas comunes y “lograr el reconocimiento de los derechos humanos de las familias. Unos derechos que están respaldados por la ONU. Ese apoyo es fundamental para las familias después de tantos años de olvido y abandono”, defienden.
Y en ese empeño siguen, ahora “esperanzados” con la apertura de la Oficina de Memoria Democrática de la Junta, con la Ley Andaluza de Memoria Democrática y los primeros pasos de su desarrollo. Hoy, su esperanza está centrada en la exhumación de las fosas de Córdoba. De momento, son 47 las familias que han iniciado el camino para exhumar las fosas de Córdoba. Los Deza, Raya, Cabello, Gracia, Moreno son algunas de las familias que tiene a sus seres queridos en las fosas comunes de San Rafael y La Salud y que se unieron para lograr la exhumación y reivindicar el derecho de las víctimas.
Mientras, por encima del tiempo, está la memoria de los suyos. Y sobre todo ello, sus derechos. Las palabras del presidente de Dejadnos Llorar, Antonio Deza, en nombre de los familiares de las víctimas, lo describía hace unos meses ante el Pleno del Ayuntamiento: “El único objetivo que tenemos es la defensa de los derechos humanos y de las criaturas que quedan desperdigadas por todo el territorio nacional. Lo queremos hacer amparados por las leyes internacionales y nacionales. Pedimos ayuda, comprensión y solidaridad”. Por ellos y por el restablecimiento de los Derechos Humanos.
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