Amnistía Internacional reconoce la labor de la Oficina de la Vivienda

Protesta contra los desahucios en una imagen de archivo | MADERO CUBERO
Andalucía se convierte en la tercera comunidad autónoma con mayor número de lanzamientos durante el primer trimestre de 2015

Amnistía Internacional dice «sí» a la Oficina en Defensa de la Vivienda. Así lo puso de manifiesto ayer la responsable de comunicación del colectivo en Córdoba, María Jesús Monedero, quien comentó que esta iniciativa "es algo totalmente novedosa en una ciudad; nosotros siempre apoyaremos cualquier medida que, desde los organismos públicos, sirvan para luchar por este derecho". También apuntó que "la existencia de esta oficina es el reflejo de que, por lo menos, hay un ayuntamiento que sabe que tiene que ocuparse de facilitar vivienda a sus ciudadanos".

No obstante, el organismo internacional denunció la "indefensión" en la que se encuentran aquellas personas que son desahuciadas y que no tienen casa. Una de las conclusiones del último informe realizado por la organización es que Andalucía se ha convertido en el primer trimestre de 2015 en la tercera comunidad autónoma con mayor número de desahucios. En total, se han ejecutado 2.857 lanzamientos (término legal del desahucio), y sólo superada por Cataluña (4.420) y la comunidad valenciana (2.793). La investigación, realizada entre los meses de abril de 2014 y 2015, examina las políticas públicas, la legislación interna y el derecho internacional en materia de vivienda.  

Monedero pidió a los órganos competentes de Andalucía más recursos para desarrollar "lo que queda establecido en la última Ley de la Vivienda de 2013: que ésta es un derecho humano. De nada sirve establecerlo por decreto si luego no se garantiza un techo", señaló.

A nivel estatal, y según el informe, "el gobierno ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Las medidas adoptadas han sido insuficientes. Cuando las personas necesitan mayor protección, el gobierno ha adoptado medidas regresivas injustificadas como la reducción del gasto público en vivienda en un 50% desde 2008".

España cuenta únicamente con un porcentaje de vivienda social del 1,1% "ya que buena parte del parque existente se ha vendido a fondos buitre", apuntó Monedero. Además, el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en España, que cuenta con un total de 3,44 millones según el último censo de 2011. La SAREB (Sociedad de Gestión de Archivos Procedentes de la Reestructuración, denominado también Banco malo, que se encarga de gestionar las viviendas vacías de los bancos rescatados por el Estado), creada en 2012, tiene en su propiedad 80.000 viviendas.

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