Aire Limpio pide que prevalezca la seguridad de los ciudadanos frente a las incineradoras

La Plataforma Córdoba Aire Limpio ha pedido que, en relación con la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para sacar fuera del casco urbano de Córdoba las actividades de incineración de residuos, prevalezca la “seguridad” de los ciudadanos frente a la de las empresas que tengan esta actividad.

En una nota de prensa y ante las alegaciones presentadas por empresarios y el sector de las cementeras andaluz y nacional a esta innovación del PGOU argumentando “inseguridad jurídica” para las empresas, Aire Limpio señala que, “en todo caso, si hay falta de seguridad jurídica es para los vecinos de la ciudad que se oponen a la incineración y para la administración local, actores que ven con asombro cómo la prepotente multinacional (Cosmos) ignora la legislación urbanística del municipio y realiza una actividad que, cuanto menos y siendo benévolos, es 'sospechosa' de afectar a la salud de sus habitantes, genera molestias y crea mucha incertidumbre”.

En ese sentido, desde la plataforma ciudadana argumentan que, “si hay inseguridad jurídica es para los cordobeses” por la actividad incineradora de la empresa “con la transformación de una cementera en una incineradora encubierta, por mucho que lo nieguen sus interesados propietarios”, o “para los habitantes de las barriadas del entorno de la fábrica que se han visto sobresaltados en el último año con tres escapes de polvo y gases o padecen su ruidos por las noches”.

Para Aire Limpio, “el nudo gordiano de la cuestión” radica en el PGOU: “En su día demostramos que la cementera está de facto fuera de ordenación, por lo que, a nuestro entender y de conformidad con el actual PGOU, jamás se le debería haber concedido licencia en el 2007 de ampliación a la fábrica (la capacidad de producción pasó de 500 a 2.000 toneladas diaria) y, muchos menos, haberle concedido el informe urbanístico, acreditativo de compatibilidad de la actividad con el planeamiento urbanístico”.

“No se tuvo en cuenta que la fábrica de cemento, por ley estatal, es industria incompatible con el medio urbano por su potencial peligrosidad para las personas o los bienes por lo que deben de estar alejadas de las áreas urbanas”, argumentan.

Por eso, contra las alegaciones basadas en la “inseguridad jurídica” para las empresas que quedarían afectadas, Aire Limpio cree que la “mayor seguridad jurídica para todos, ciudadanos y empresas” provendría de “tener meridianamente claro en dónde se puede o no realizar este tipo de actividad y que dicha actividad no tengan un fuerte impacto o costo para la salud de los ciudadanos y la calidad del medio ambiente”.