Acampada Dignidad exige al Ayuntamiento que retire las acciones judiciales

Activistas de Rey Heredia con el comedor social en la puerta del Ayuntamiento | MADERO CUBERO
El colectivo que ocupa Rey Heredia asegura que no es necesario que desalojen el edificio antes de que se negocie la cesión del mismo por parte del Consistorio

Acampada Dignidad, el colectivo que desde octubre del año pasado ocupa el antiguo grupo escolar Rey Heredia junto a la Torre de la Calahorra, ha exigido hoy al Ayuntamiento de Córdoba que “retire las acciones judiciales iniciadas contra los ocupantes del Centro Social y en concreto a que, en tanto se negocia la cesión del edificio, paralice la medida cautelar solicitada por los responsables” del Consistorio, según han informado a través de una nota de prensa.

El lunes hubo una reunión con el Consejo de Distrito y se iniciaron los contactos con el Ayuntamiento para la cesión del edificio del Rey Heredia a los colectivos sociales y vecinales que lo venían reclamando. El próximo 9 de mayo cumple el plazo dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba para que los activistas abandonen Rey Heredia. El Ayuntamiento, a través de estos primeros contactos, ha instado al Consejo de Distrito a que la Acampada Dignidad salga del edificio si quiere que se puedan iniciar los trámites de cara a negociar la cesión del mismo.

Para la Acampada Dignidad, “no es cierto que esta paralización no esté en mano del Ayuntamiento, ya que fue éste el que solicitó esta medida al juez”, señalan en la nota de prensa, a la vez que agregan que “dado que el auto de desalojo se dirige a todos los ocupantes que se encuentren en el edificio sin consentimiento del Ayuntamiento este tiene a su alcance desactivar el mismo con sólo dar su consentimiento para el uso del centro, bien a través del Consejo de Distrito bien a través de cualquiera de las asociaciones que puedan representar a los usuarios”.

Por eso la Acampada Dignidad va a solicitar al Juzgado un aplazamiento del desalojo, mientras se resuelve el recurso planteado ante la Audiencia, y sobre todo en tanto se acuerda una cesión del uso del inmueble a los colectivos vecinales “que permita la continuidad de las actividades que se han venido desarrollando”. “El Ayuntamiento tiene ante esta solicitud de aplazamiento, la posibilidad de dar un primer paso a favor del diálogo, apoyando el aplazamiento del desalojo en tanto se concreta la cesión del edificio, señalan.

Para la Acampada Dignidad, “vincular el desalojo del centro social con la cesión, no es más que una excusa para justificar un desalojo que el Ayuntamiento sabe que generaría un fuerte rechazo social, y que tras seis meses de ocupación no se justifica ni en daño alguno para el edificio, ni en ningún otro motivo que pueda justificar una medida cautelar de este tipo, por lo que debería dar una oportunidad a una solución dialogada”.

Este colectivo asegura que “existen precedentes de cesiones de espacios urbanos negociados con los colectivos y asociaciones ocupantes, y dónde a través del diálogo se ha llegado a protocolos que han permitido una cesión sin interrumpir la actividad en el espacio ocupado. Sin ir más lejos, la reciente cesión por parte del Ayuntamiento del PP de la ciudad de Málaga, de la Casa Invisible a una fundación cultural, constituida por quienes ocuparon este edificio abandonado, es un ejemplo de que los obstáculos no son legales sino en todo caso políticos”, señalan.

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