Una mirada al sistema público de salud en Andalucía

Uno de los primeros y mayores logros de la democracia en España ha sido la creación del Sistema Público de Salud. Un sistema que garantiza a toda la ciudadanía una asistencia sanitaria de calidad y gratuita, financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado, cuya gestión es responsabilidad de los gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas.

La sanidad tiene un peso económico muy significativo. En España supone un volumen económico en torno al 9% del Producto Interior Bruto. Por ello, la asistencia sanitaria en España, como en otros países, está sometida a la tensión de si debe prestarse sólo a través de un único sistema público de salud o con la participación más o menos alta de entidades privadas (empresas, mutualidades, cooperativas…) interesadas en la dimensión económica de la asistencia sanitaria. Esta tensión tiene una fuerte carga político-ideológica que es diferente entre los defensores del mercado y de las entidades privadas para casi todo y entre los defensores de la igualdad y de la corrección a través del sistema público de las muchas desigualdades que genera el mercado. En este contexto, Córdoba FUTURA organiza este acto sobre la situación del Sistema Público de Salud en Andalucía.

Según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) recientemente publicado, Andalucía ha subido significativamente en el indicador sobre privatización de la sanidad que utiliza este informe. En 2014, Andalucía ocupaba el puesto número 14 en el indicador de privatización entre todas las Comunidades Autónomas (estaba en el nivel bajo de privatización). En 2020 ocupó el octavo puesto y en 2022 el sexto, con un nivel de privatización (22 puntos) que puede calificarse de medio alto (el más alto es el de Madrid con 31 puntos y el más bajo el de Navarra con 11 puntos).

Las tendencias privatizadoras del sistema sanitario son conocidas desde hace tiempo en comunidades como Madrid, Valencia y Galicia, asociadas a gobiernos del Partido Popular. Estas tendencias, que alcanzan también con diversa intensidad a otras comunidades autónomas, han crecido como consecuencia de los serios recortes presupuestarios que se le hicieron a la sanidad pública durante la crisis financiera iniciada en 2008, especialmente durante el primer gobierno de Mariano Rajoy, y se está reforzando con la crisis que, por insuficiencia de recursos, ha aflorado en el sistema de atención primaria durante la pandemia. Esta situación se ha aprovechado para estimular los dos pilares de la privatización: que las familias que pudieran hacerlo gastarán más en aseguramiento sanitario privado y que el sistema público haya transferido al sistema privado importantes recursos económicos a través de procesos de concertación y/o externalización, que le ha servido para capitalizarse y expandirse.  

En España, entre 2010 y 2018 el peso del gasto privado en sanidad ha pasado del 25,6% al 29,7% sobre el gasto sanitario total del país. En otras palabras, el gasto público ha descendido del 74,4% al 70,3% del total del gasto sanitario. Mientras tanto, en este mismo periodo, un país como Noruega, ejemplo de Estado de Bienestar bien consolidado, había pasado de un porcentaje de gasto sanitario público del 84,7 al 86,0% (Fuente: Banco de Datos de la OCDE sobre sistemas sanitarios)

Según la FADSP, en Andalucía, el gasto por persona en seguros sanitarios privados en 2022 fue de 155 euros por persona, casi igual que la media española (157 €/p.p.). La derivación de pacientes al sector privado, a través de conciertos o de contratación directa con el sistema público, para recibir allí la asistencia sanitaria (intervenciones quirúrgicas, consultas de especialistas, pruebas diagnósticas, terapias como la diálisis, entre otras…), o para otros servicios (transporte sanitario, …), ha crecido de forma significativa. Según el Catálogo Nacional de Hospitales y la Fundación IDIS, en Andalucía, la proporción de hospitales privados con concierto ha pasado del 29% en 2019 al 63% en 2021. En tan solo 3 años, se ha pasado de 17 a 34 hospitales privados concertados más de diversas empresas (Quirón, Viamed, Vithas, NISA y otras). A su vez, la partida presupuestaria para servicios asistenciales por concierto o contrato con entidades privadas de Andalucía en 2018 era de 418,78 millones de euros y en 2022 ascendió a 540,27 millones de euros, un crecimiento del 29%, en solo tres años.

Para facilitar este proceso de privatización también era necesario posibilitar la compatibilidad de los médicos para trabajar en el sector público y en el privado. En este sentido una de las iniciativas del gobierno andaluz más destacadas fue eliminar a partir de mediados de 2020 los incentivos económicos que había para primar la dedicación en régimen de exclusividad de los profesionales en el sector público. Como consecuencia de ello, las solicitudes aprobadas de compatibilidad del personal sanitario (mayoritariamente, personal médico) que trabajando en la sanidad pública andaluza pidieron una compatibilidad para trabajar en la sanidad privada se incrementaron en un 87% entre 2020 y 2021. (Fuente: web CPAI). Además, se ha eliminado el requisito que establecía que los jefes clínicos y directivos intermedios de los centros sanitarios públicos tuvieran dedicación exclusiva para la sanidad pública en Andalucía.

Hay que señalar también la descapitalización por ausencia de inversiones que se ha producido en el sistema sanitario público de Andalucía, que ha favorecido el concierto y la externalización de la actividad asistencial hacia el sector privado. Según el Catálogo Nacional de Hospitales, el descenso de la proporción en equipamiento de alta tecnología que ha habido en los hospitales públicos andaluces entre 2016 y 2022 ha sido el siguiente en algunas especialidades: resonancia magnética nuclear, del 37% al 22%; litotricia por ondas de choque, del 38% al 10%; salas de hemodinámica, del 53% al 22%; mamografía, del 62% al 57%; tomografía axial computerizada, del 67% al 51%; gammacámara, del 79% al 27%; acelerador lineal de partículas, del 90% al 56%; y tomografía por emisión de positrones-ESPECT, del 100% al 50%.

De continuar este proceso sigiloso de cambio puede socavar muy seriamente el sistema público, que acabe pasando de ser un sistema público, único, universal y de calidad, a ser un sistema dual en el que, como empieza a verse ya en el caso de la educación, el sistema público deteriorado sea el refugio de los ciudadanos con menos recursos y el privado lo sea de los que pueden pagar la atención privada, una situación que si llega a consolidarse no sería fácil de revertir. Esto afectará en especial a los mayores, más necesitados de atención sanitaria, que tendrían que pagar altos precios para ser atendidos por el sector privado, a los residentes en las zonas rurales con dificultades de acceso a los servicios sanitarios y a los ciudadanos económicamente más débiles.

Estos y otros temas se trataron en el acto que organizó, el pasado 15 de junio, Córdoba FUTURA sobre el sistema público de salud en Andalucía y para reflexionar sobre ellos conviene recordar lo que advertía Piketty sobre el Estado de Bienestar: “por desgracia el aprendizaje colectivo de las instituciones justas se ve a menudo debilitado por la amnesia histórica”.

En la sesión intervino como ponente José Martínez Olmos, Especialista en Medicina Preventiva y Ad-ministración Sanitaria, Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y moderó Manuel Pérez Yruela (Presidente de Córdoba FUTURA).

Además, fueron invitados a la “fila cero” representantes de los distintos intereses públicos y privados relacionados con este tema.  

La grabación completa de la sesión, organizada por Córdoba FUTURA, y patrocinada por la Diputación de Córdoba y la Fundación Cajasol, se puede ver en el canal YouTube de la Asociación: UNA MIRADA AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD EN ANDALUCÍA - YouTube