El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) frente a una sentencia del Tribunal Supremo que no encontraba argumentos para indemnizar a una mujer que sufrió un trato vejatorio durante una detención en Córdoba.

La APDHA ha destacado la importancia de este proceso y su relación con la eficacia de los dictámenes de los órganos internacionales de derechos humanos. “El hecho de que esta admisión haya sido acordada por el Pleno del Tribunal Constitucional, y no por una de sus salas, constituye un indicador inequívoco de la especial trascendencia constitucional del asunto, al afectar directamente a la articulación entre el Derecho interno y el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, señalan.

El caso trae causa del asunto E.L.G., resuelto en 2019 por el Comité contra la Tortura, en el que se declararon vulneraciones de derechos fundamentales —relacionadas con la prohibición de malos tratos— y se instó al Estado español a proporcionar una reparación plena y efectiva, incluyendo indemnización por daños materiales y morales, rehabilitación y la adopción de medidas dirigidas a evitar la repetición de los hechos. Se trataba de una ciudadana que, con carácter previo a la detención, se encontraba bien y que a la salida tenía la nariz rota. Además en la comisaría se negaron a avisar a los servicios médicos por lo que tuvo que requerirlos desde su móvil la víctima. El estado no pudo dar ningún tipo de explicación sobre lo sucedido y se limitó a negar los hechos.

Pese a ello, el Tribunal Supremo concluyó que dichos dictámenes no podían fundamentar responsabilidad patrimonial del Estado. Más aún, no solo negó su carácter indemnizable, sino que privó a estos pronunciamientos de toda eficacia jurídica sustantiva, reduciéndolos en la práctica a meras recomendaciones sin capacidad para incidir en la decisión de los tribunales ni en la garantía de reparación de las víctimas. Ello a diferencia de lo que sucede con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Esta interpretación ha sido sostenida por el propio Estado en el procedimiento de seguimiento internacional. El Comité contra la Tortura ha constatado expresamente la falta de implementación de su decisión, manteniendo abierto el diálogo con España y recordando su obligación de actuar de buena fe y de garantizar una reparación completa, incluida la compensación económica, así como medidas efectivas de no repetición .

En este contexto, la admisión del recurso de amparo adquiere una relevancia extraordinaria. Si bien el Tribunal Constitucional había apuntado en resoluciones anteriores que los dictámenes de los comités de Naciones Unidas no carecen de valor, lo hizo sin entrar en el núcleo del problema . La presente admisión abre la vía para que, por primera vez, el Tribunal se pronuncie de forma expresa sobre su alcance jurídico y su eficacia real.

Este pronunciamiento se produce además en un momento especialmente significativo para el sistema internacional de derechos humanos. En un contexto global en el que algunas potencias muestran un progresivo distanciamiento respecto del Derecho Internacional, resulta fundamental que Estados como España refuercen su compromiso con los mecanismos internacionales y prediquen con el ejemplo, garantizando el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas en ese marco.

Paralelamente, comienzan a abrirse vías de avance en el plano normativo interno. En particular, el proyecto de reforma de LECrim en tramitación introduce la posibilidad de revisar sentencias firmes cuando un comité de Naciones Unidas haya declarado la vulneración de derechos reconocidos en tratados ratificados por España, acercando su tratamiento al de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este desarrollo legislativo evidencia que el debate está abierto y que existe margen para reforzar la eficacia de estos mecanismos.

Para la APDHA, este momento debe ser aprovechado no solo para consolidar esta evolución, sino también para impulsar medidas estructurales que garanticen la plena efectividad del sistema internacional de protección. En este sentido, la organización considera necesario avanzar hacia el reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico español del carácter vinculante de los dictámenes de los comités de naciones unidas, así como establecer mecanismos automáticos de ejecución y reparación para las víctimas.

Asimismo, resulta imprescindible reforzar los mecanismos internos de prevención, control y rendición de cuentas frente a las vulneraciones de derechos humanos, garantizando que los pronunciamientos internacionales tengan una traducción efectiva en la práctica administrativa y judicial.

La organización confía en que el Tribunal Constitucional esté a la altura de este desafío histórico y contribuya a fortalecer el sistema de garantías, tanto en el ámbito interno como en su conexión con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Cabildo Catedral de Córdoba ha afirmado que no ha recibido ninguna notificación por parte del Tribunal Constitucional en referencia a la reposición de la celosía de Rafael de La-Hoz que retiró de la Mezquita en el año 2017 para que entraran las procesiones en el templo. Esta actuación fue judicializada y el Tribunal Supremo, en el año 2021, ordenó restituir el entramado, si bien, desde entonces, no se ha ejecutado esta sentencia.

Por ello, la Plataforma Mezquita Catedral ha solicitado amparo ante el Tribunal Constitucional, al que, según publica el diario El País, le ha reclamado que ordene ejecuta la sentencia y revierta el monumento a su estado original anterior a 2017 en la fachada que da al Patio de los Naranjos.

Este viernes, sin embargo, desde el Cabildo Catedral de Córdoba no han querido comentar esta información. “El Cabildo no tiene noticia de este recurso de amparo, pero en cuanto tenga noticia fijará su posición”, ha dicho el portavoz del organismo, José Juan Jiménez Güeto, a preguntas de este periódico.

Tampoco ha querido responder a la pregunta de cuál es el estado actual de la celosía que se retiró en el año 2017, aduciendo la misma respuesta. En el año 2019, el propio Güeto aseguró también a preguntas de este periódico, que la celosía estaba conservada “en dependencias del Cabildo y en perfectas condiciones”.

Dos años después, cuando el Supremo falló en contra de la institución eclesiástica, desde ella informaron que la celosía seguía en sus dependencias, guardada “”por piezas“ en un almacén de su propiedad.

Tal y como se informó en su momento, la celosía fue desmontada usando una sierra, ya que su instalación, a principios de los años 70 del pasado siglo, se hizo de una manera que hacía casi imposible su desmontaje. Ante la dificultad que entrañaba, el Cabildo optó por dividir la celosía en diez partes diferentes, de 400 kilogramos cada una, que son las que han acabado descansando en un almacén de su propiedad.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años y medio de prisión a un hombre identificado por un delito de homicidio en grado de tentativa tras un violento altercado ocurrido en Puente Genil.

Los hechos se produjeron el 21 de noviembre de 2021, en el paseo de la Marina de la barriada Jesús de Nazareno, cuando el acusado y la víctima iniciaron una discusión de la que no se conocen los motivos precisos, aunque provenía de conflictos previos. Durante la pelea, ambos se agredieron mutuamente, pero el acusado atacó de forma reiterada a la víctima con un cuchillo con una hoja de 11,5 centímetros, alcanzándole en varias zonas vitales del cuerpo.

Las lesiones sufridas por la víctima fueron graves, afectándole al abdomen, a un riñón y a un brazo. Además, tuvo cuatro costillas rotas. Estas lesiones requirieron intervenciones quirúrgicas y tratamiento médico prolongado, tardando en sanar 56 días, y dejaron secuelas estéticas importantes, incluyendo una cicatriz de 23 centímetros en el abdomen. Según los informes médicos, de no haberse recibido atención inmediata, las heridas podrían haber sido potencialmente letales.

La Audiencia Provincial de Córdoba condenó inicialmente al hombre a cinco años y medio de prisión por homicidio en grado de tentativa, además de imponer inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima durante seis años y seis meses, y una indemnización de 13.000 euros a la víctima. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante este fallo, el procesado recurrió, alegando la eximente de legítima defensa. Sin embargo, el Supremo ha subrayado que el enfrentamiento constituía una riña mutua, en la que ambos participaron activamente, y que el procesado atacó a la víctima con un cuchillo de manera reiterada y dirigida a zonas vitales. Según el tribunal, la intención homicida del acusado quedó claramente probada por la gravedad de las lesiones, la repetición de los ataques y la peligrosidad de los mismos

El Tribunal Supremo ha sentado un importante precedente en la interpretación de la Ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas al denegar la devolución de más de 114.000 euros a un comprador cordobés de dos suite en la Costa del Sol, al concluir que la operación tuvo un carácter especulativo y no residencial. La sentencia, que revoca el fallo de la Audiencia Provincial de Málaga y confirma la decisión de primera instancia, subraya que la protección de la norma se limita a adquisiciones con finalidad de vivienda, y no a inversiones con fines turísticos o lucrativos.

Según la sentencia la que ha accedido este medio, el caso se remonta a 2016, cuando el comprador presentó una demanda contra Banco Santander, Caixabank y Abanca, solicitando la restitución de anticipos abonados por dos viviendas de la promotora Aifos, que finalmente no fueron entregadas. Los contratos de compraventa fueron suscritos en 2004, pero en 2009, Aifos entró en concurso de acreedores. Las propiedades fueron inicialmente adquiridas en la promoción Las Caballerizas, en Mijas (Málaga), y posteriormente permutadas por otras dos en Las Brisas, en Benalmádena.

El Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Málaga desestimó la demanda al considerar la compra como especulativa, decisión revertida por la Audiencia Provincial de Málaga, que sí consideró que debía aplicarse la Ley 57/1968. El tribunal rechazó así el argumento de las entidades bancarias, que alegaban que el comprador actuó como inversor y, por tanto, no estaba protegido por esa norma. Además, la Audiencia aseguraba que no se había probado la finalidad especulativa de la compra de las viviendas.

Sin embargo, el Supremo considera que el comprador iba a usar las casas como un fin de inversión, dando la razón a los bancos recurrentes. La Sala ha argumentado que la aplicación de esta ley no depende de la condición de consumidor, sino del uso residencial que se le vaya a dar a la vivienda que se adquiera. En este caso, los inmuebles formaban parte de un complejo hotelero de lujo con uso turístico, y la conducta del comprador, incluyendo la compra, la tenencia de múltiples propiedades -en localidades como Andújar, Montoro y Posadas, además de su residencia en Villa del Río-, reforzaron el carácter especulativo de la operación, según el Alto Tribunal español.

El Supremo destaca, además, que el demandante guardó silencio sobre el destino de las viviendas y que sus posteriores alegaciones fueron consideradas ambiguas o poco convincentes. En consecuencia, ha confirmado la sentencia de primera instancia y ha impuesto al demandante las costas de todas las instancias, incluyendo la pérdida del depósito por el recurso ante este tribunal.

El Colegio de Abogados de Lucena, a través de su Junta de Gobierno, ha acordado interponer recurso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) contra el Real Decreto 422/2025, por el que se dotan nuevas plazas en secciones de Violencia sobre la Mujer, se crean secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.

Según ha detallado el Colegio en una nota, dicho decreto extiende la jurisdicción del Tribunal de Instancia de Córdoba al partido judicial de Lucena en materia de violencia sobre la mujer a partir del 1 de enero de 2026. Esto supone que “los asuntos de violencia de género que se produzcan en el partido judicial de Lucena --Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Palenciana, Rute y Lucena-- ya no serán tramitados directamente por el Tribunal de Instancia lucentino, sino que serán competencia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Córdoba”.

A efectos prácticos, han apuntado que “las mujeres víctimas de violencia --de género y sexual-- se verán obligadas a desplazarse a Córdoba para la tramitación de sus denuncias, lo que supone una clara contradicción con el espíritu de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y del propio Real Decreto, que promueve una 'proximidad razonable del órgano judicial respecto a la víctima'”.

Se trata, en definitiva, de “un obstáculo añadido a la dificultad que de por sí encuentran las mujeres víctimas de violencia para iniciar sus denuncias, considerándose que lo que debería promoverse es la incentivación a denunciar y la facilitación del acceso a la justicia y no lo contrario, que es lo que impone el Real Decreto”.

“Sensible con lo que se considera una conculcación de los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violencia de género”, el Colegio de Abogados de Lucena ha decidido llevar al Alto Tribunal esta cuestión, interponiendo recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto, algo que ha llevado a efecto este martes.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha visto respaldada su decisión inicial por un auto del Tribunal Supremo (TS), al que ha accedido este medio, en el que se confirma la inadmisión de un recurso de casación por ser muy extenso, no adaptándose así a un acuerdo alcanzado por el Alto Tribunal español.

El recurso estaba formado por 27 páginas. En su auto, la Audiencia de Córdoba lo inadmitió porque, a juicio del tribunal, no estaba justificado que el documento superara la extensión máxima de 25 folios, un requisito establecido en el Acuerdo de Sala de Gobierno del Tribunal Supremo del 8 de septiembre de 2023. Este acuerdo regula la extensión y otras condiciones extrínsecas para los escritos de recurso de casación y oposición civiles.

Contra esta decisión de la Audiencia se interpuso un recurso de queja ante el Supremo. Los argumentos principales de este reucrso incluían que los requisitos no debían aplicarse de forma tan estricta como para impedir el derecho a la defensa, la dificultad para sintetizar más los argumentos y que la extensión del recurso estaba justificada. Sin embargo, el TS ha hecho suyos los argumentos del tribunal cordobés.

En primer lugar, señala que el recurso consta de 64.797 caracteres, superando ampliamente los 50.000 caracteres permitidos, y se habían utilizado 27 páginas, cuando el límite es de 25. En segundo lugar, afirma que la extralimitación no está justificada porque una parte importante del documento consiste en una “reproducción innecesaria de jurisprudencia”. En esa línea, el tribunal mantiene que no se puede fundamentar la extensión “en la complejidad o novedad del asunto, ya que otros recursos sobre la misma cuestión han sido admitidos cumpliendo las exigencias de extensión”.

Por último, el Supremo manifiesta que el incumplimiento de este requisito de extensión máxima es considerado insubsanable sin afectar el contenido del recurso, lo que no supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Intentaron huir y cuando la persecución policial se complicó, embistieron contras los coches de los agentes. Ocurrió en octubre de 2021, en la A-45 en Córdoba. Varios coches lanzadera escoltaban a una furgoneta cargada con más de un kilo de hachís que se dirigía hacia el norte. Entre ellos viajaba uno de los implicados en una red dedicada al tráfico de drogas desde la Costa del Sol hasta Francia. Al verse acorralado por dos vehículos policiales, embistió a los agentes a más de 160 kilómetros por hora. El Tribunal Supremo le ha confirmado ahora la pena de prisión cuatro años y cuatro meses de prisión.

La Sala de lo Penal ha inadmitido el recurso de casación presentado por su defensa, que alegaba trato discriminatorio frente a otros dos acusados que se conformaron con las penas mínimas. El Supremo, sin embargo, considera que la diferencia de penas está plenamente justificada, y mantiene firme la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga y posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En primer momento fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión pro los delitos de atentado con vehículo a motor contra agentes de la autoridad, homicidio en grado de tentativa, delito leve de lesiones, tráfico de drogas, integración en grupo criminal y falsedad. No obstante, el Alto Tribunal andaluz lo absolvió de los tres primeros delitos, reduciendo su condena a cuatro años y cuatro meses de prisión. De los tres procesados, fue el único que llegó a juicio dado que los otros dos reconocieron los hechos y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía.

El choque se produjo a la altura de Monturque

Según la sentencia, la organización, formada por al menos seis personas —tres de ellas no han sido juzgadas por estar en situación de rebeldía—, operaba desde una vivienda el municipio malagueño de Arroyo de la Miel. Allí almacenaba la droga y preparaba el transporte, para el que usaba varios vehículos con matrículas falsas.

El 18 de octubre de 2021, la furgoneta cargada con la droga salió rumbo a Francia, escoltada por otros tres coches. Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) habían montado ya un dispositivo de vigilancia y, al detectar la salida de la furgoneta, decidieron interceptarla a la altura del peaje de la AP-7. Pero el conductor aceleró, rompió la barrera del peaje y huyó a toda velocidad por la A-45 en dirección a Córdoba.

Los coches policiales camuflados, con luces y sirenas, siguieron a la furgoneta. Pero entre ellos y su objetivo se interpuso otro vehículo en el que viajaba este procesado y otro acusado. El coche se colocó detrás de los policías y comenzó a cerrarles el paso, frenando, acelerando, bloqueando cualquier maniobra de adelantamiento durante más de 40 kilómetros. Finalmente, a la altura de Monturque, el conductor embistió a los dos vehículos policiales.

Uno de los agentes logró mantener el control. El otro, no. Su coche volcó varias veces y acabó fuera de la carretera. El funcionario sufrió lesiones de extrema gravedad: traumatismo craneoencefálico, fracturas, heridas abiertas y daños físicos permanentes. El otro agente también resultó herido, aunque de forma más leve.

El coche usado en la huida fue abandonado en Montemayor, donde fue localizado días después con signos del choque. Mientras tanto, los miembros de la organización que actuaban como lanzadera se reunieron en este municipio para auxiliar a los huidos y dificultar su localización, aunque finalmente fueron detenidos.

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 15 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal impuesta a un granjero que dejó morir a 170 ocas por inanición y falta de cuidados en una explotación ganadera ecológica de su propiedad situada en Fuente Obejuna (Córdoba).

El tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que igualmente le impuso una pena de 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Según los hechos probados, el dueño de las ocas figuraba como administrador único de una empresa que se dedicaba al cebado en extensivo de estos animales para la producción de paté, carne y plumas en una finca cordobesa. Desde comienzos del mes de junio de 2018 y hasta el día 21 del mismo mes, las dejó morir por “inanición y por falto de cuidados”, con absoluto conocimiento del estado de desnutrición en el que se encontraban y “con total desprecio por la vida de éstas”, puesto que el encargado de la alimentación de las aves le había comunicado la falta de pienso y su estado.

Cuando se personaron en la explotación agrícola los servicios veterinarios de la Junta de Andalucía y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) se encontraron a las ocas muertas, la mayoría amontonadas, en avanzado estado de desnutrición. No tenían pienso ni agua potable, salvo un pequeño bebedero y una pequeña charca de aguas pluviales en unos corrales, donde bebían, se bañaban y defecaban, y tampoco recibieron la adecuada asistencia sanitaria.

La Sala considera que los hechos probados son integrables en el concepto de delito continuado y no en un único delito, como reclama el recurrente. En este caso, afirma que “la muerte de 170 ocas como consecuencia de omisiones encadenadas que privaron a los animales del cuidado indispensable para evitar sed, hambre y atención veterinaria, hasta el momento de su muerte colectiva, ha de ser tratada conforme a las reglas del delito continuado, a penar con arreglo al art. 74 del Código Penal”.

La sentencia, ponencia del magistrado Manuel Marchena, subraya que “el sufrimiento de un animal, la muerte de un ser vivo exige un tratamiento penal que adquiera sentido a partir de su consideración como ser sintiente y, por tanto, protegido en su propia mismidad”.

Añade que en el caso examinado “fueron 170 animales fallecidos que no pueden ser degradados a la condición de cosas no individualizables por su propia singularidad. La cosificación de los animales es contraria al estado de nuestra legislación y a los compartidos valores que forman parte ya de una normalidad sociológica que ve en todo animal un ser sintiente, merecedor del respeto exigible frente a la vida, sea o no humana”.

La Sala indica que los hechos se sucedieron en un prolongado paréntesis temporal que culminó en los tres días en los que el juicio histórico sitúa el momento de “una agonía colectiva que llevó a la muerte de los animales”. Agrega que, con anterioridad a ese desenlace, “el encargado de la explotación y de la alimentación de los animales advirtió al acusado de la falta de pienso y del estado de desnutrición de las ocas. Los animales no recibieron la regular atención veterinaria que exige el cuidado propio de una granja ecológica. Tampoco dispensó el cuidado indispensable para la supervivencia de las ocas. Fueron, pues, muchas omisiones las que seccionaron la voluntad unitaria de desatender a los animales que custodiaba y explotaba en su granja”.

La Sala Social del Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso de casación presentado por un hombre de Córdoba, confirmando la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de extinguir su pensión de viudedad y reclamarle la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por un importe de 29.075,18 euros.

El hombre, quien percibía una pensión de viudedad por el fallecimiento de su anterior esposa, contrajo matrimonio en Santo Domingo en enero de 2014. La inscripción de este matrimonio en el Registro Civil Consular español fue inicialmente rechazada en mayo de 2015 por considerarse un “negocio jurídico simulado posiblemente con finalidad económica o migratoria de carácter irregular”. Esta decisión fue recurrida, pero desestimada en junio de 2016, lo que llevó al hombre a presentar una demanda ante un juzgado de primera instancia de Córdoba.

Dicha demanda fue también desestimada en julio de 2017, recurriendo el hombre a la Audiencia Provincial de Córdoba, que en una sentencia de mayo de 2018 sí le dio la razón, otorgando así validez al matrimonio. En agosto de ese año, el enlace se pudo inscribir en el Registro Consular de España en Santo Domingo y la mujer obtuvo el visado para residir en España. En octubre de 2018 comenzó la convivencia de la pareja.

Mientras que todo esto ocurría, el hombre seguía cobrado la pensión de viudedad. No fue hasta septiembre de 2018 cuando informó sobre la validez del matrimonio al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a efectos de dicha pensión. Sin embargo, el INSS, al considerar que el nuevo matrimonio extinguía su derecho a la pensión, inició un expediente y reclamó el reintegro de las prestaciones abonadas desde febrero de 2014 hasta octubre de 2018.

Tanto el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimaron la demanda y el recurso de suplicación, confirmando la decisión del INSS. Entonces, el hombre recurrió al Supremo, quien ha dado por cerrado el caso, estableciendo que deberá reintegrar al INSS los 29.075,18 euros desde que se casó de nuevo.

En el fallo, el Alto Tribunal ha tenido en cuenta que entre 2013 y 2016, el hombre envió mensualmente 600 euros a su esposa en República Dominicana, lo que es “demuestra el apoyo y socorro mutuo existente entre los cónyuges, equiparable en tal sentido a una situación de convivencia en los términos que pudieren resultan determinantes para valorar los efectos jurídicos de esa situación en materia de pensión de viudedad”. El derecho a la pensión de viudedad se extingue cuando el beneficiario contrae matrimonio o constituye una pareja de hecho, o, en el caso de que se haya fijado una pensión compensatoria temporal, en la misma fecha en que lo hubiera hecho la pensión compensatoria.

El hombre, por tanto, deberá devolver los 29.075,18 euros que el INSS le reclamó por haber percibido la pensión de viudedad tras contraer nuevo matrimonio en 2014.

La Sala de lo Penal Tribunal Supremo acaba de archivar la querella interpuesta por un cordobés contra magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Colegio de la Abogacía de Córdoba por una supuesta prevaricación judicial con el único objetivo de perjudicarle. El Alto Tribunal ha considerado que la querella, presentada el pasado mes de noviembre, no tiene ninguna base que entre dentro de la lógica y se enmarca como respuesta del querellante a una sentencia condenatoria que le fue impuesta en abril de 2004.

Según el auto del Supremo, la querella se dirigía inicialmente contra 21 personas y el Colegio de la Abogacía de Córdoba. Hace 20 años, este hombre fue condenado a 12 meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual, pena que después fue confirmada por la Audiencia Provincial.

En primer lugar, el Supremo reconoce en su auto que no tiene competencia para conocer de las querellas interpuestas contra personas no aforadas ante dicho tribunal, como es el caso de la mayoría de los querellados. El auto señala que no se identifica ninguna razón de conexión que justifique extender la competencia del Supremo a los hechos imputados a estas personas.

En segundo lugar, y en relación con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que sí se mencionan en la querella, el Alto Tribunal español declara la “irrelevancia penal de los hechos descritos”. El auto subraya que una querella penal no puede basarse“ en meras afirmaciones sin un relato fáctico preciso, detallado y coherente que permita un juicio provisorio de tipicidad e individualizar las razones que justifican la investigación”.

En este caso, considera que la querella desliza “insinuaciones incomprensibles y afirmaciones de principio carentes del mínimo soporte descriptivo” que acredite la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Esta “suerte de confabulación sistémica de jueces, abogados a integrantes de la administración autonómica” se inició en 2004 y continuó, según el querellante, a partir de 2021, cuando una querella no fue admitida y otro recurso fue desestimado. Dicho recurso estaba relacionado con una reclamación patrimonial contra el Estado interpuesta por el mismo querellante.

Finalmente, el Supremo califica la querella como una “muestra palmaria de desmesura y de abuso del proceso” y acuerda imponer las costas al querellante.

El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que solo se pueden prohibir los pisos turísticos si las comunidades de propietarios así lo fijan de forma expresa en sus estatutos.

Los magistrados de la Sala de lo Civil explican que “la mera descripción del inmueble, con la indicación del destino de sus pisos o locales, no supone una limitación del uso o de las facultades dominicales, sino que su eficacia queda condicionada a que exista una prohibición fundada en una estipulación clara y precisa que la establezca”.

Así se pronuncia el alto tribunal en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que estudia un caso en el que los estatutos solo contemplaban prohibiciones para consultorios, clínicas de enfermedades infecto contagiosas y para fines ilegales, así como instalación de motores o máquinas que no sean usuales para los servicios del hogar, actividades inmorales, incómodas o insalubres.

La comunidad de propietarios llevó el asunto a los tribunales porque quería que se declarase que la actividad de alquiler turístico de dicha vivienda era “contraria” a los estatutos porque se trata de una “actividad molesta e incómoda”.

Los juzgados de primera instancia de Madrid desestimaron la demanda. Disconformes con la decisión, la comunidad de propietarios elevó el asunto a la Audiencia Provincial de Madrid, que le dio la razón y declaró que la actividad de alquiler turístico en dicho edificio incumplía los estatutos. Finalmente, el dueño del inmueble ha acudido al Supremo.

Ahora, los magistrados del alto tribunal resuelven que en este caso no se prohibía en los estatutos de forma expresa el destino turístico de los pisos, por lo que dan la razón al propietario del inmueble en cuestión y no a la comunidad de vecinos.

Además, sostienen que “dentro de las actividades prohibidas en los estatutos no se encuentra la que constituye el objeto de este proceso; es decir, el alquiler turístico, cuya explotación, tal y como se viene desarrollando, según se ha declarado en primera y segunda instancia tras la valoración de la prueba practicada, no conforma una actividad incómoda o molesta”.

Cabe recordar que en diciembre de 2023 el Supremo ya dejó claro que también es válida la prohibición cuando en los estatutos se veta expresamente que las viviendas se usen para ejercer una actividad económica, que en este caso tampoco se cumplía.

La Universidad de Córdoba (UCO) pagará las cuotas de la Seguridad Social del personal investigador de las convocatorias Margarista Salas y María Zambrano que fueron retraídas de su sueldo y que ha sido objeto de reivindicaciones del colectivo que acabaron en los juzgados. El Tribunal Supremo dio la razón a estos trabajadores y reconoció el pasado mes de septiembre que estos científicos debían haber recibido íntegramente sus sueldos, sin detraer dichas cuotas.

La institución académica toma esta decisión pese a que, según señala el rector -Manuel Torralbo- en su resolución, la UCO “no tiene ninguna sentencia condenatoria que la obligue a asumir” dichas cuotas. Sin embargo, “el hecho de que exista” esta sentencia del Tribunal Supremo y que el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en sus comunicaciones haga mención a la posibilidad de incluir entre los gastos elegibles de la convocatoria el coste de la cuota patronal, lleva la Universidad de Córdoba a ordenar el pago de estas cuotas.

En 2021, la UCO recibió una subvención de 5.495.109 euros para financiar la contratación de personal investigador a través de las convocatorias Margarita Salas y María Zambrano. La indefinición del Real Decreto que regulaba estas ayudas generó dudas sobre si las mismas debían incluir o no el coste de la cuota patronal.

La UCO realizó dos convocatorias en 2021 y 2022 para ayudas a la recualificación del sistema universitario español, incorporando a personas contratadas en las modalidades Margarita Salas y María Zambrano. En estas convocatorias se incluyeron, en las dotaciones mensuales, el salario bruto, la parte proporcional de las pagas extraordinarias y la cuota empresarial de la Seguridad Social.

Sin embargo, en enero de 2024, CCOO interpuso una reclamación ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) contra todas las universidades andaluzas, incluyendo a la UCO, reclamando las diferencias salariales de 24 trabajadores de esta universidad. La sala de lo Social del Tribunal Supremo, en Sentencia núm. 1153/2024 de 19 de septiembre de 2024, dictaminó que el coste asociado a la cuota patronal de las ayudas no puede imputarse a la retribución del trabajador9.

Plazos para el abono

La resolución establece los siguientes periodos para el abono de las diferencias salariales. Por un lado, desde enero de 2024 a febrero de 2025, para aquellos con contrato en vigor en esas fechas; y, por otro lado, desde enero de 2023 hasta diciembre del mismo año, para los 24 trabajadores cuyas diferencias salariales fueron reclamadas en el conflicto colectivo.

El reconocimiento de este derecho implica, asimismo, el abono de las diferencias salariales de aquellos que, a nivel individual, hayan interpuesto demanda ante la jurisdicción social por dichos conceptos, respecto a las cantidades no prescritas en el momento de presentación de la misma, siempre y cuando no las hayan recibido por aplicación de cualquiera de los dos puntos anteriores.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acaba de confirmar una condena a 15 años de prisión para una pareja acusada de crear un perfil falso en una web de citas para quedar con clientes a los que agredían y robaban. Los hechos ocurrieron en Lucena en la primavera del año 2021. Según el fallo judicial de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección Tercera, cuando la mujer iba a salir de prisión ideó junto a su pareja la trama.

Los condenados, identificados como miembros de una misma familia, crearon un perfil atractivo en una popular plataforma de citas en línea, diseñado específicamente para captar la atención de usuarios desprevenidos. Tras iniciar conversaciones con las víctimas y generar un vínculo de confianza, los miembros de la familia concertaban citas en lugares previamente seleccionados, donde llevaban a cabo los robos. Las víctimas, en su mayoría hombres de mediana edad, acudían a los encuentros convencidos de que iban a conocer a una persona con intenciones románticas o amistosas, sin sospechar que estaban siendo atraídos a una trampa.

De acuerdo con la sentencia, el esquema seguía un patrón muy calculado. Una vez que los miembros de la familia ganaban la confianza de sus víctimas en la plataforma de citas, organizaban encuentros en lugares apartados o en domicilios donde tenían pleno control del ambiente. En el momento oportuno, procedían a sustraer dinero, tarjetas de crédito y otros objetos de valor. En algunos casos, incluso, se ejercía intimidación física para asegurarse de que las víctimas no resistieran. La estrategia empleada por los acusados demostró una alta planificación, lo cual fue un factor clave en la decisión del tribunal de imponer una pena ejemplar.

La investigación fue llevada a cabo por las autoridades tras recibir múltiples denuncias de personas que relataban un patrón similar de estafa y robo. A través del rastreo digital y del análisis de los testimonios de las víctimas, los investigadores lograron identificar a los miembros de la familia involucrados y documentar la operación de la red delictiva. La evidencia recopilada fue suficiente para que la fiscalía presentara cargos sólidos en su contra, resultando en una sentencia condenatoria.

El tribunal consideró varios factores agravantes en su decisión, incluyendo la premeditación y la reincidencia en el uso del mismo método para atraer y perjudicar a múltiples víctimas. Finalmente, se impuso una pena significativa, acorde con la gravedad de los delitos cometidos y el impacto psicológico y material que experimentaron las víctimas. La condena incluye además la obligación de indemnizar a las personas afectadas por los daños económicos sufridos.

El Tribunal Supremo (TS) acaba de poner punto y final a uno de los casos judiciales más mediáticos en Córdoba de los últimos años: el del asesinato de Juan Carlos Rodríguez, un enfermo mental vecino de La Chica Carlota, cuyo cadáver fue enterrado en el patio de su casa y fue descubierto un año después. Durante la instrucción del caso se conoció posteriormente que el autor o los autores de este crimen, además, le robaron y le estafaron. El principal procesado por este caso -Pedro Gómez- ha sido, finalmente, condenado a 26 años de prisión: 18 por asesinato, cinco por robo con violencia y tres por el delito continuado de estafa mediante el uso de tarjetas de crédito.

Así lo ha fallado recientemente la Sala de lo Penal del TS, confirmando íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fallo del que solo salió beneficiado el principal condenado. En primera instancia, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó a 28 años de prisión por, además de los delitos reseñados, el de estafa en la prestación de servicios profesionales. Sin embargo, el TSJA estimó parcialmente su recurso dado que ni en conclusiones provisionales ni en definitivas se le había imputado este delito por el que había sido condenado a dos años de cárcel.

El segundo condenado en este caso fue el abogado Joaquín Robles, a quien la Audiencia impuso dos años de prisión por un delito continuado de estafa en la prestación de servicios profesionales. El jurado popular consideró que Robles era culpable de este delito, pero no consideró probada su participación en la muerte violenta y en la sustracción de bienes de la víctima. Asimismo, lo absolvió de los delitos de asesinato, robo y estafa mediante el uso de tarjetas de crédito. El TSJA y ahora el TS ha confirmado íntegramente las penas impuestas a este letrado.

La víctima tenía 45 años, padecía esquizofrenia paranoide y tenía reconocida la situación de incapacidad permanente absoluta para desempeñar cualquier trabajo. Pese a ello, la Audiencia consideró que no había quedado probada su vulnerabilidad, extremo al que se acogieron las dos acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal para pedir la prisión permanente revisable para los dos procesados.

Por otro lado, y siguiendo el fallo del TSJA, el TS ha confirmado que BBVA deberá indemnizar a la familia de la víctima con 36.188,86 euros, en lugar de 43.338.86 euros que estipuló la sentencia de la Audiencia. El TS también ha desestimado el recurso de una de las acusaciones y su fallo ya es firme.

Relato de los hechos

La víctima de los hechos residía en La Chica Carlota y, pese a su enfermedad e incapacidad, carecía de apoyo familiar director y recibía una pensión de 1.500 euros al mes. Vivía en su domicilio de forma autónoma, era titular de un vehículo, poseía permiso de conducir y no se hallaba judicialmente incapacitado. De igual modo, era persona que tenía noción de las situaciones básicas de peligro físico y capacidad de autodefensa en ellas.

Por mantener la idea de haber sido objeto de abusos sexuales durante su infancia, contactó a principios de 2017 y a través de internet con Robles, abogado ejerciente, adscrito al Colegio de la Abogacía de Madrid, para que ejercitase las acciones penales correspondientes. No consta que existiera entre ellos una especial relación de confianza previa por razón de su especial solvencia profesional, más allá de la que por su condición de letrado pudiera sugerir a cualquier persona.

Si bien en un primer momento el abogado aceptó el encargo profesional, se percató de la enfermedad mental del cliente y, con la intención de beneficiarse a su costa, lo puso en contacto con Gómez, cliente suyo al que había defendido anteriormente por su implicación en diversos delitos, para que representara la labor de un pretendido investigador.

Éste, haciéndose pasar por sacerdote del Arzobispado de Madrid, mantuvo contacto telefónico en reiteradas ocasiones y se presentó en el domicilio de la víctima, donde permaneció varias horas entre los días 5 y 6 de julio de 2017, sosteniendo el engaño ideado con el abogado, a fin de hacerle creer que trabajaba para la víctima en la preparación de una determinada denuncia o querella con el fin de que éste pagara honorarios por un trabajo inexistente. Sumido en el engaño que provocó la trama ideada por el abogado y ejecutada también por Gómez, la víctima hizo varias transferencias entre el día 1 de marzo y el 12 de junio de 2017 por un importe global de 9.680 euros a una cuenta de la que aquél era titular, incluyendo como concepto en alguna de ellas “provisión de fondos para el investigador”, llegando a tener la disponibilidad de tales cantidades.

A pesar de su enfermedad, según la sentencia, la víctima tuvo la lucidez suficiente para sospechar de la conducta de su abogado, pero aun cuando no consta que los condenados fueran conscientes de ello, en cualquier caso, Gómez, actuando con autonomía y para apoderarse de cuanto de valor encontrara en el domicilio de la víctima, decidió acabar con su vida, lo que llevó a cabo mediante estrangulamiento entre los días 3 y 5 de septiembre de 2017 para lo que se desplazó al domicilio de éste.

En la madrugada del día 7 de septiembre, después de haber abandonado el domicilio de la víctima y dirigirse a la localidad de Alhambra (Ciudad Real), valiéndose de utensilios adquiridos previamente en una ferretería de la población próxima de Valdepeñas utilizando la tarjeta de crédito de su víctima, retornó a La Chica Carlota y enterró el cadáver de la víctima en el patio del domicilio de éste, al que se dio por desaparecido. Su cadáver fue hallado el 2 de agosto 2018, maniatado y en estado de descomposición.

El principal condenado por este caso era sabedor de la enfermedad mental y demás circunstancias que rodeaban a la víctima por su contacto directo, y, tras su muerte, se apoderó de un vehículo marca Land-Rover, sus tarjetas bancarias, dos carnets sanitarios, una tarjeta de socio de ACNUR, una cartilla del BBVA, documentación bancaria de ING, el pasaporte, dos ordenadores portátiles, una impresora y móviles que dio a un tercero, entre otras pertenencias de la víctima.

Teniendo en su poder las citadas tarjetas y sus claves, hizo extracciones de dinero tasadas en 44.580 euros. En ningún caso, para la comisión de los anteriores hechos, se utilizó documento alguno firmaado previamente en en el banco por la víctima, por ello ha sido condenado BBVA. Además, Gómez se hizo pasar por la víctima en algunas llamadas con el banco y cuando fue detenido por la Policía Local de Madrid, en enero de 2018, en cumplimiento de una orden de busca y captura por una condena de tres años y seis meses por un delito de robo con violencia e intimidación. Ocho meses después, el cadáver de Rodríguez fue descubierto por la Guardia Civil.

El Tribunal Supremo acaba de rechazar los recursos de casación presentados por el exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín, Juan Molina, y su tesorero F.A.P. contra las condenas de prisión y de inhabilitación impuestas por la Audiencia Provincial de Córdoba en 2022 por malversación y prevaricación. El regidor estuvo en el cargo entre 1999 y 2011 y el segundo, entre 2007 y 2011. No obstante, sí ha exonerado al tesorero de la condena civil indemnizatoria a pagar. En esencia, tanto el exalcalde como el tesorero pagaron 81.200 euros sin factura alguna.

En febrero de 2022, la Sección Tercera de la Audiencia condenó a Molina a dos años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Por este mismo delito, fue también condenado a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La sentencia, además, consideró al exalcalde de Algallarín autor de un delito continuado de prevaricación de funcionario público, con la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de reparación del año, y lo condenó a otros cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

Junto a ello, la Audiencia cordobesa condenó al que fuera tesorero de Algallarín a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de malversación continuada y lo absolvió del delito de prevaricación del que también se le acusaba. Además, ambos fueron condenados a indemnizar a Algalarrín con 6.960 euros. Sin embargo, el Supremo sí ha exonerado al tesorero del pago de esta condena civil al considerar que el único responsable es el exalcalde, por lo que será él quien la abone íntegramente.

Hechos probados

La sentencia considera probado que, desde 2007, el que fuera alcalde de Algallarín y su tesorero dejaron de seguir el procedimiento legal en las administraciones públicas para la ejecución de los gastos, “no existiendo correlación acreditada entre los presupuestados de gastos y los realmente ejecutados, llevando a cabo gastos ,sin consignación presupuestaria y sin acuerdos municipales, e incumpliendo la obligatoriedad de firma de los tres claveros para la autorización de pagos (Alcalde, Tesorero e Interventor), y dejando de justificar salidas de fondos municipales”. 

Así, explica la sentencia, fueron múltiples “los pagos de facturas sin concepto alguno y sin constancia de estas, utilizando incluso, para realizar algunos pagos, una tarjeta de crédito a nombre del Alcalde Presidente a cargo de la cuenta de la titularidad de la ELA, ”sin control alguno“. Estas prácticas permitieron a los acusados ”emplear fondos públicos con la opacidad suficiente para destinarlos a finalidades injustificadas de acuerdo a su exclusiva voluntad“. 

También señala que en mayo de 2007 se llevó a cabo en la localidad un mitin electoral de la Agrupación Local PSOE- Algallarin, en cuyo seno se ofreció un espectáculo musical y en pago de sus servicios, “y con plena conciencia del uso fraudulento de los fondos municipales, y en beneficio de su Agrupación, el Alcalde Presidente abonó a dicho grupo 6.960 euros, mediante un cheque a cargo de la cuenta municipal”. 

Junto a ello, ambos acusados “actuando concertadamente y con vulneración de sus obligaciones” desde el mes de enero de 2007, hasta al menos el mes de noviembre de 2009 expidieron, con cargo a la cuenta municipal un total 176 cheques bancarios, “sin consignar documentalmente, el objeto, y la justificación necesaria, con el consiguiente daño a las arcas municipales”. 

A partir de 2009, el exalcalde puso en marcha una actividad de ‘‘voluntariado“ para el pago a distintos ciudadanos por la prestación de una serie de servicios. En este sentido, la sentencia indica que ”se pagaron injustificadamente a diferentes ciudadanos, hasta un total de 69.650,25 euros, sin que conste documentalmente su efectiva realización, encubriendo prestaciones de servicios propias de relaciones laborales, y sin sometimiento a ninguna norma de contratación laboral o administrativa“. 

Por último, ambos acusados “actuando concertadamente y con plena conciencia de que lo hacían, vulnerando el ordenamiento jurídico y en perjuicio de los fondos públicos tenidos bajo su cargo”, los primeros días de junio de 2011, ante la inminencia de su salida de la corporación, ordenaron pagos por importe de 47.856,34 euros ,mediante transferencias bancarias sobre la cuenta municipal “sin la correspondiente consignación presupuestaria, sin estar refrendados por acuerdo municipal alguno, y sin la ineludible firma del Interventor asignado a la ELA, de acuerdo a la Ley de Haciendas Locales; siendo que, parte de dichos pagos, fueron dirigidos sin justificar, a los propios acusados”, en particular 5.689,80 para el exalcalde y 2.240 euros para el tesorero en concepto de nóminas y atrasos. 

Los acusados tuvieron que satisfacer las cantidades que, sin justificación, retiraron de las arcas municipales en concepto de responsabilidad civil por una sentencia del Tribunal de Cuentas. Por ello, la sentencia de la Audiencia de Córdoba solo recogió los 6.960 euros que no fueron exigidos en la resolución del Tribunal de Cuentas.

Es uno de los grandes debates de la nueva sociedad de la información, la que ha surgido tras la explosión de internet, de las redes sociales, de las plataformas y del contenido digital. ¿Hasta dónde es libertad de expresión, hasta dónde censura, hasta dónde se puede comentar o no, y de quién es la responsabilidad? El magistrado Rafael Sarazá Jimena es un jurista cordobés que ejerce como magistrado de la sala Primera de lo Civil en el Tribunal Supremo. Sarazá participó este lunes en una ponencia en el Colegio de la Abogacía de Córdoba, en el que trató de arrojar luz sobre la jurisdicción en los abusos y publicaciones en internet, desde el punto de vista del juzgador que conoce casi a diario una multitud de asuntos sobre este tema.

Sarazá arrancó citando la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2020 que detalla que “los ciudadanos no han quedado desprovistos de sus derechos fundamentales” aunque la sociedad haya evolucionado hacia un mundo digital. “Con internet han cambiado muchas cosas”, explicó, al tiempo que aseguró que con sus “ventajas innegables” también plantea “nuevos riesgos” como el de convertirse en un “cauce para realizar actividades ilícitas y contenidos lesivos hacia los derechos de la personalidad, honor y propia imagen”. Al final, la “responsabilidad del vulnerador se rige por las mismas normas” que en los medios tradicionales, algo recogido en los artículos 18 y 20 de la Constitución Española.

“Dios perdona y olvida, pero internet no”, arrancó, para detallar cómo una de las grandes demandas en los tribunales tiene que ver con el derecho al olvido, algo que siempre existió en los “medios tradicionales” pero que ahora es un “riesgo amplificado por los motores de búsqueda” de las plataformas. El magistrado sostuvo que “el derecho de supresión para eliminar los enlaces” en los que se ve afectada una persona por hechos del pasado “es compatible con que la información permanezca en internet. Lo que se trata es conseguir que esa información no se asocie a esa persona. No debemos censurar un artículo periodístico que era de interés. Pero sí lograr que se introduzca en la página web una serie de códigos para que los datos personales no sean indexados por motores de búsqueda”.

Así, citó una información de “hace 30 años” en los que una persona estaba implicada. Ahora, la acción se considera ya caducada, por lo que se ha de retirar el nombre de esta persona, aunque la información publicada permanezca. Pero, ¿cuál es el plazo de esa caducidad?, se preguntó. Hasta ahora, se fijaba en cuatro años desde la publicación. Pero, “¿en internet?”. En esta caso, se considera la fecha de la primera difusión.

El magistrado también se refirió al “problema de replicación de informaciones de internet”, algo que “suele ser usual”. En este caso, explicó cómo surgen multitud de páginas que replican informaciones de terceros. En este caso, se opta por obligar a los responsables de los motores de búsqueda a “bloquear” los enlaces en los que se consideran vulnerados derechos fundamentales.

Los comentarios y los “prestadores de servicios”

Uno de los grandes problemas jurídicos está en quién es el moderador de los comentarios que inundan las redes sociales. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién los puede borrar? ¿Afecta a la libertad de expresión hacerlo? En este punto, el magistrado se refirió a la “responsabilidad de los prestadores de servicios”, las habituales plataformas, como Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Instagram, o agregadores de noticias como Menéame. En este punto en España hay “legislación europea y jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea” por el “carácter transfronterizo” de estas plataformas, donde se consideró que divergencias en uso o limitaciones “afectaban negativamente al mercado interior”. 

“Esta ley establece una norma especial: más que régimen de responsabilidad es de no responsabilidad”, explicó. Así detalló que estos “prestadores de servicios” tienen una “exención, conocida de puerto seguro”, en el que señala que no son responsables del contenido que alojan sus usuarios. Pero para ello, han de cumplir dos requisitos: “uno, que no tengan conocimiento de contenido ilícito; y dos, que cuando lo tengan, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace”.

Rafael Sarazá incidió en estos dos conceptos. Sobre el conocimiento efectivo dijo que “la ley considera que un prestador lo tiene cuando un órgano competente ha ordenado la ilicitud o hubiera declarado la existencia de la lesión”. El magistrado citó casos antiguos y recientes de la Sala Primera del Supremo. Uno de ellos fue el caso Menéame, a partir de insultos de un usuario. “Se insultaba claramente a una determinada persona. Se enviaron comunicaciones al prestador y no se retiró el contenido. Se recurrió en amparo y se desestimó el recurso. El requisito del conocimiento efectivo es amplio y exige no se vulnera la libertad de expresión”, explicó.

También aludió a la “responsabilidad del titular de una cuenta en una red social que permite que usuarios que acceden a esa cuenta publiquen mensajes ilícitos”, como los comentarios en un muro de Facebook. “¿Qué responsabilidad tiene el titular de esa cuenta por mensajes que no los ha escrito él?”, se preguntó, para citar un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso de un político francés que fue “condenado porque en su cuenta de Facebook permitió comentarios racistas durante mucho tiempo. Acudió al Tribunal de Derechos Humanos. Ahí se declaró que era conforme al convenio la condena penal por no haber eliminado de su muro de Facebook los comentarios racistas”, explicó el magistrado. “Los titulares de cuentas disponen de amplio poder para ocultar, denunciar, marcar como spam o bloquear. No pueden desentenderse sin más de lo que publican otros usuarios”, sostuvo. 

Sobre el segundo requisito, Sarazá detalló qué es una “actuación diligente para suprimir o inutilizar un enlace”. Así, habló de la “interesante sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 octubre 2019” sobre una política verde austríaca“. Sarazá aseguró que estos agregadores disponen de recursos y medios para retirar una información cuando se considere lesionado un derecho. ”Y obligación de suprimir todos los contenidos idénticos“ que han sido replicados por terceros.  

El magistrado sostuvo, sin embargo, que “para que haya excepción de responsabilidad, las plataformas tienen que ser neutras. Si dirigen la información no rige este régimen de exención de responsabilidad”, según un nuevo reglamento. ¿Son neutros? El magistrado mostró sus dudas sobre el contenido que le ofrecen diversas plataformas, como Google, que “no es la misma que muestra a mi vecino”, dijo.

El Tribunal Supremo ha refrendando la resolución de la Audiencia Provincial de Córdoba en la que se absolvía a los profesores del IES Colonial de Fuente Palmera tras ser condenados en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba por homicidio imprudente tras el fallecimiento de un alumno de este centro educativo en una excursión a los Baños de Popea que tuvo lugar en mayo de 2018.

En un comunicado, la presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, ha lamentado el fallecimiento del citado alumno y ha mostrado su solidaridad con su familia, al tiempo que ha resaltado la labor de la asesoría jurídica del sindicato, que ha llevado directamente la defensa de uno de los docentes encausados. Asimismo, la dirigente sindical destaca el hecho de que CSIF se ha mantenido al lado de estos dos profesores desde el principio hasta el final en defensa de sus derechos y de su labor profesional.

Navajas indica que “el Tribunal Supremo, al igual que ocurrió con la Audiencia Provincial, ratifica que el fallecimiento del alumno fue un desgraciado y lamentable accidente que nadie pudo evitar, además de que los magistrados refrendan la tesis de la defensa de los docentes ahora absueltos en cuanto que estos profesionales hicieron todo lo que estuvo en su mano para impedir este trágico desenlace”.

Por su parte, el responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, recuerda que todo este caso conmocionó a toda la comunidad educativa a nivel provincial y autonómico, “ya que se puso de manifiesto las carencias y el desamparo normativo de los docentes a la hora de la organización de las actividades extraescolares debido a que los profesionales de la enseñanza vimos que cualquiera de nosotros podía verse envuelto en una situación como la de los profesores del IES Colonial”.

El representante sindical subraya la importancia de las actividades extraescolares a la hora de poder ofrecer al alumnado una formación integral y alude a varias medidas propuestas por el sindicato para reducir al máximo los riesgos derivados de estas salidas de los centros del profesorado y de los estudiantes. Entre las mismas se encuentran el aumento de los recursos humanos en la Educación Pública, así como una revisión de la normativa que regula estas actividades de cara a dar una mayor seguridad jurídica a los docentes y la dotación de más respaldo en la responsabilidad civil de estos profesionales.

Supervisión de los docentes

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 recogió en su día que el menor fallecido -Juan David- y otros compañeros finalizaron la actividad prevista de espeleología y decidieron “ir nadando hacia lo que llamaron cascadas”, esto es, pequeño salto de agua hacía dentro del río, para lo que debían atravesar zona en que éste se hacía más profundo y ya no se hacía pie. Pidieron consentimiento a uno de los profesores, “contando también con la supervisión y anuencia” de la otra acusada, “siendo grabados en tal acción por el primero de ellos que no advirtió, tras visualizar la grabación y el resto de fotos que estaba haciendo, situación extrema de tipo alguno”.

El menor fallecido “seguía al resto de menores, entre los que se encontraban sus compañeros, lo que fue observado” por el acusado, “que miró el contenido de su grabación en terminal móvil”. La sentencia recogió que ninguno de los profesores “advirtieron a los menores del peligro que entrañaba dicha acción, no viendo cómo el menor Juan David no tenía soltura nadando y sin vigilar posteriormente que, tras haber alcanzado dicho lugar, volvieran todos a la orilla en buen estado”.

La sentencia en primera instancia incluyó que los procesados “no se percataron de la circunstancia de la profundidad del río y de que el menor no era suficientemente ducho nadando, que se cansó y no solicitó ayuda a ninguno de sus compañeros ni a los profesores que se encontraban allí, como tampoco del hecho de que de los siete menores que nadaban en el río en zona más alejada de la orilla, siendo un grupo no demasiado numeroso, sólo salieran seis de ellos.

Finalizó dicha jornada de deporte sobre las 19:00 de la tarde que fue cuando, tras el recuento, echaron en falta al menor, que no había conseguido mantenerse a flote y que falleció a consecuencia de la inmersión en el río dado que no pudo alcanzar orilla“. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exalcalde de Nueva Carteya (Córdoba) Vicente Tapia Expósito por un delito de prevaricación administrativa al considerar que “amparó con su inactividad” la contaminación acústica generada por una carpa instalada en un hostal-restaurante, que fue denunciada por un matrimonio que vivía junto al establecimiento.

Los magistrados han desestimado los recursos de casación interpuestos por el exalcalde condenado y por la acusación particular contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirmó la dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba. La sentencia de primera instancia condenó al exregidor por el citado delito de prevaricación a una docena de años, pero lo absolvió junto al propietario del hostal-restaurante de los delitos de lesiones y contra el medio ambiente por contaminación acústica.

La Sala en su sentencia, ponencia del magistrado Andrés Palomo Del Arco, señala que los hechos probados indican que se interpusieron una treintena de denuncias, desde la primera de 11 de mayo de 2008 hasta la última de 9 de septiembre de 2017, y que al conocer el informe emitido por parte de la Unidad Móvil de medida de la contaminación acústica de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, que realizó una medición en 2016, ya dirigidas contra él las diligencias penales, el alcalde acuerda la incoación del Expediente sancionador contra el propietario del establecimiento, ordenando el cese provisional de la actividad en la zona de las carpas y cuidando de que por parte de la Policía Local se vigilara que se llevase a efecto mencionado cese.

“Hasta esa fecha pues, era conocedor de la contaminación acústica que se generaba en la carpa, en los sucesivos eventos allí celebrados y pese a la obligación subsistente de adoptar las correspondientes resoluciones, antes mencionadas, no acordaba nada, de modo que amparaba con su inactividad la ilícita actividad”, subraya la Sala.

La prevaricación -explica la sentencia- es el “negativo fotográfico del deber con los poderes públicos de actuar conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico previsto en el art. 9.1 CE, que tiene un explícito mandato, referente a la Administración Pública en el art. 103 del mismo texto constitucional que contiene los principios de actuación de la Administración que como piedra angular se cierran con el sometimiento de todos sus actos a la Ley y al Derecho”.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de un hombre de Córdoba, condenado por un delito intentado de estafa a una aseguradora después de simular un robo en su vivienda. El Juzgado de lo Penal número 1 de la capital y la Audiencia Provincial habían considerado probado que el hombre pretendía estafar a la compañía de seguros al simular que alguien había entrado a robar a su casa. Sin embargo, el Alto Tribunal ha tumbado ambas sentencias y ha señalado que el objetivo de dicha simulación no había sido otro que justificar ante su mujer la desaparición del dinero que había en casa y que él mismo se había gastado.

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2018 cuando el hombre, sin conocimiento de su mujer, simuló en su vivienda en Córdoba que otras personas habían entrado y habían sustraído diversos objeto personales, entre ellos, una cantidad superior a 18.000 euros cuya propietaria era la familia de su esposa.

Sin embargo, una inspección ocular permitió comprobar que dicho robo no se había producido y que todo se trataba de una simulación del hombre. La mujer, sin saber esto, dio parte a la aseguradora solicitando la indemnización que correspondiese. El hombre, finalmente, acabó confesando que todo había sido simulado y su esposa acudió después a la entidad y desistió de la reclamación.

Estos hechos fueron denunciados y el juzgado cordobés y la Audiencia Provincial condenaron al hombre a tres meses y 15 días de prisión por un delito intentado de estafa, concurriendo la atenuante de confesión de los hechos. Por ello, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo alegando que no había quedado probado que su actuación tuviera como fin defraudar a la compañía aseguradora, ya que, entre otros motivos, no fue él quien reclamó la reparación de los perjuicios a la entidad, sino la titular del seguro, su mujer.

El Supremo recuerda que el delito de estafa necesita que quien lo comete lo haga de manera adecuada para que despierte en el destinatario del engaño una convicción equivocada de la realidad existente. Por tanto, este delito no existe si el sujeto activo no tiene un ánimo de lucro, la intención de obtener cualquier tipo de enriquecimiento patrimonial, ventaja, provecho o beneficio; o el conocimiento de que, con un escenario ficticiamente construido, se está engañando y perjudicando a otro, determinándole a hacer un acto de disposición patrimonial. Y esto no aparece reflejado en el relato de los hechos probados, sentencia el Supremo.

De esta forma, la Sala manifiesta que el hombre había ido gastando un dinero que la familia de su esposa guardaba en su casa y que simuló el robo para justificar ante su esposa la desaparición del mismo. Esta explicación que aleja su actuación de cualquier intención defraudatoria a la compañía aseguradora, más aún si se constata que su mujer reclamó la indemnización mientras tenía la falsa creencia de que el robo era cierto y desistió de ella inmediatamente después de que su esposo le desveló la simulación. Esto, por tanto, no refleja que existiera una intención inicial de engañar.

Además de la absolución del delito intentado de estafa, el Supremo le ha anulado la condena del pago de las costas efectuada tanto en primera como en segunda instancia.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado los 20 años de prisión que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba impuso, en diciembre de 2020, a un profesor y cura del colegio Santa María de Guadalupe de la capital por abusar sexualmente de forma continuada de cuatro alumnas menores de edad a las que impartía clases. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había ratificado la sentencia, por lo que la Orden Franciscana a la que pertenece el condenado presentó un recurso de casación ante el Alto Tribunal que ahora ha sido desestimado.

La Audiencia de Córdoba condenó al sacerdote como autor de cuatro delitos continuados de abuso sexual sobre personas menores de trece años con prevalimiento de su condición de profesor de las víctimas y le impuso, por cada delito, cinco años de prisión y la pena de inhabilitación para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores de edad por un tiempo superior en tres años a los cinco años de prisión impuestos por cada delito, esto último “dado el riesgo especial que, por su dedicación habitual, no solo a la enseñanza, sino dentro de la labor sacerdotal, de contacto con menores, pueden revestir sus posibles actividades de futuro”.

Dado que medió el prevalimiento, el Tribunal Supremo ha desestimado la petición de la defensa de reducir la pena en base a la ley del 'solo sí es sí', ya que el marco penológico aplicable es el mismo que el que recoge esta nueva legislación. Asimismo, el Alto Tribunal ha defendido el razonamiento lógico, en base a las pruebas, realizado tanto por la Audiencia Provincial como por el TSJA para fallar contra el acusado.

El tercer motivo que la defensa cuestionó en el recurso ante el Supremo fue el de la superioridad que las sentencias anteriores estimaron. Pero el Alto Tribunal ha continuado en esta misma línea y ha sido claro: “No cabe duda que en las circunstancias de tiempo y lugar descritas, su condición de sacerdote y párroco, y sobre todo, profesor en el colegio de unas niñas de 11 y 12 años, le conferían una superioridad sobre las pequeñas que limitaba notoriamente, sino anulaba, su libertad y su capacidad de reacción frente a los abusos a los que las sometió. Esta prevalencia, así como su conocimiento y aprovechamiento por el acusado, está implícita en la narración, de la que resulta de manera inequívoca. No otra cosa puede entenderse”.

Hechos probados

La Audiencia consideró probado que el sacerdote impartió clases desde el comienzo del curso 2012/2013 como profesor en un colegio de Córdoba y, al menos hasta 2014, fue párroco de una parroquia, señalando que, cuando las menores afectadas estaban cursando tercero y cuarto de Primaria, el investigado las “sometió a tocamientos” en el interior del aula, “sentándolas en sus rodillas, de forma habitual, al corregir las tareas o aprovechando que se quedaba allí a veces con las niñas durante el recreo, tocamientos que efectuaba guiado por un ánimo libidinoso y sin emplear fuerza ni intimidación para ello”.

Asimismo, el tribunal relató que, en el curso escolar 2014/2015 y cuando una de las víctimas asistía a un campamento organizado por el propio colegio en el mismo centro escolar, el acusado, que en esas fechas ya no les daba clase pero era párroco de una parroquia, le pidió tanto a esta menor como a otra compañera que “fueran con él a su despacho con la excusa de recoger chucherías para los niños”, de forma que, una vez allí, “sentó a las menores encima de sus piernas” y abusó sexualmente de una de ellas, unos hechos que la joven puso en conocimiento de sus padres. Estos transmitieron una queja al colegio y el centro decidió trasladar al cura a Sevilla, pero no denunció los hechos.

Cabe recordar que estos hechos se han juzgado después de que esta menor confesara los hechos ante la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba una vez que, en estado de embriaguez, los manifestara a un agente de la Policía Local durante la Feria de la capital.

La Audiencia remarcó que, en este caso, la prueba fundamental de cargo contra el acusado son las manifestaciones efectuadas por las víctimas del delito, indicando que “la correspondencia del relato en lo fundamental con lo primeramente relatado a la Policía, unida a la ausencia de móviles espurios que explicaran las imputaciones, permite atribuir a las exploraciones efectuadas en el juicio la persistencia suficiente para acreditar el relato que, en ella, efectuaron las menores”.

Además, “se han aportado otras pruebas, alguna pericial e incluso la propia declaración del imputado, cuyo resultado no ha hecho más que reforzar la fiabilidad del testimonio de las víctimas”, asevera el tribunal, que pone de manifiesto que, en su declaración, el condenado proporcionó “plurales corroboraciones del relato de las niñas”, relato en el que se encuentra “la verdad de lo acontecido”.

El tribunal afirmó, además, que el acusado cometió los hechos punibles mediante el prevalimiento “de una situación de superioridad manifiesta que coartaba la libertad de las víctimas, supeditadas como estaban por la relación de maestro-discípulas en un marco en que la autoridad del primero resultaba patente”, una superioridad que “le permitió realizar los tocamientos de índole sexual a sus alumnas”.

“Profunda desprotección” de la menores “hasta con sus padres”

La sentencia de la Audiencia Provincial no solo llama la atención por su crudeza, sino también por las apreciaciones del tribunal en relación a la situación de soledad que experimentaron las niñas víctimas de estos abusos.

En ese sentido, el magistrado recuerda que ninguno de los padres de las cuatro niñas denunció los hechos, por lo que dejó constancia del “grado de profunda desprotección en que las menores se hallaban”, ya que “hasta sus propios padres estaban tentados de conceder más fiabilidad al adulto que de ellas estaba abusando, incluso cuando una se lo revelaba”.

La menor que finalmente denunció los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional fue derivada a la Unidad de Salud Mental por la “profunda repercusión” que los abusos habían tenido en ella, “reflejando los efectos en su comportamiento, consistentes en un sentimiento de angustia respecto al lugar, miedo a los hombres, bajada de rendimiento y un trastorno de adaptación en seguimiento, que acaba remitiendo y desaparece cuando el centro toma medidas”.

Cuando la menor y sus padres formularon la denuncia, posteriormente se unieron las otras cinco chicas, aunque los tres tribunales han considerado probados los hechos en cuatro de ellas. Concretamente, lo absolvió de un delito de abuso sexual puntual sobre una de sus alumnas y de otro delito de abuso sexual continuado sobre otra menor, ya que, según la Audiencia, en estos dos casos “no ha quedado acreditado tras la prueba practicada que realizara sobre ellas tocamientos de significación sexual”.

Ninguno de los progenitores de las seis menores se personaron en el juicio, cuya única acusación fue la ejercida por el Ministerio Fiscal. El condenado deberá indemnizar a las cuatro víctimas con 16.000 euros así como abonar las costas de este recurso.