CSIF denuncia el retraso de las prestaciones y la falta de personal en la Seguridad Social

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), anuncia movilizaciones en la Seguridad Social para denunciar el retraso en la gestión de las prestaciones como consecuencia de la falta de personal. El sindicato señala que, con motivo de la crisis, las listas de espera para ser atendido se sitúan en los tres meses y el cobro de las prestaciones se retrasa una media de 3-4 meses desde que se realiza la solicitud, al mismo tiempo que la plantilla de la Seguridad Social en Córdoba sufre un déficit de 49 puestos de trabajo según la cifra actual de empleados y lo reflejado en la relación de puestos de trabajo (RPT).

El Sector de AGE de CSIF Córdoba advierte que en el plazo de cinco años se jubilará casi el 30% de la plantilla actual, mientras que en una década se retirará más del 36% adicional, es decir, casi dos tercios del personal, por lo que “si no se toman medidas inmediatas, el organismo colapsará”. “Es necesario un plan de choque con la contratación urgente de personal interino, dado que las ofertas de empleo público tardan una media de dos años en resolverse”, destaca la central sindical, que ha solicitado una reunión urgente al Gobierno central para abordar esta problemática.

Ante esta situación, CSIF considera que “el denominado Escudo Social del Gobierno se ve seriamente comprometido en uno de los peores momentos económicos de los últimos años ante la escalada de los precios, la crisis energética y el empobrecimiento de las personas trabajadoras”. “Por todo ello, consideramos que se debe planificar una respuesta para proteger a nuestras administraciones públicas y para que la ciudadanía y los empleados públicos no salgamos perjudicados de esta situación ante eventuales recortes”. En este sentido, el sindicato entiende que los fondos europeos para la reconstrucción deben servir para apuntalar los cimientos de nuestras administraciones, garantizar la calidad de los servicios públicos y paliar las necesidades estructurales del Estado de Bienestar“.