99 nuevas plazas para atención a la dependencia en centros públicos de Córdoba

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Gobierno andaluz ha creado 24 nuevas plazas en centros de titularidad pública de la provincia de Córdoba tanto para la atención de personas mayores como de personas con discapacidad.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, en la que ha detallado que este incremento se suma a las plazas ya anunciadas este año en centros de titularidad privada de atención residencial en el ámbito del concierto social. El aumento en este año en la provincia de Córdoba asciende a 99 nuevas plazas en residencias y centros de día para la atención de las personas en situación de dependencia. Desde el inicio de la legislatura en 2019 hasta el momento actual se han creado en la provincia un total de 159 nuevas plazas.

El delegado territorial de Igualdad, Antonio López, ha subrayado que este esfuerzo para aumentar los recursos para personas mayores y con discapacidad permite “dar respuesta a la demanda de las entidades locales y cubrir las necesidades de la población que se encuentra en situación de dependencia”.

En concreto, según ha detallado el delegado, se amplían nueve nuevas plazas en la Residencia Infanta Leonor, un centro público de atención residencial para personas con discapacidad, y 15 plazas más en la denominada Casa Azul de Nueva Carteya, un centro de día de titularidad pública para personas mayores.

Así, “este aumento permitirá cubrir las necesidades de las personas mayores y personas con discapacidad”, ha insistido López, quien ha explicado que “se han distribuido las plazas en función de las necesidades de cada una de las tipologías que engloban estos servicios y sujeto a la disponibilidad de plazas acreditadas para cada tipología en las distintas áreas de servicios sociales”.

“La atención a las personas dependientes, con más políticas y recursos, está ahora en el centro de la acción de gobierno de la Junta de Andalucía”, ha señalado el delegado territorial de Políticas Sociales.

A cierre de septiembre, en la provincia de Córdoba son atendidas 26.469 personas en situación de dependencia, lo que supone 2.135 personas más atendidas que al cierre de diciembre de 2020 (incremento del 8,8%).

Reducción de lista de espera

Así, la provincia ha pasado de contar en diciembre de 2018 con 6.620 personas pendientes de elaboración de propuesta de PIA, a 4.829 a fecha de 30 de septiembre de 2021. Esto significa que 1.791 personas menos se encuentran a la espera de recibir una prestación en Córdoba, lo que supone una reducción de la lista de espera del 27 por ciento.

“Estos resultados son fruto del empeño de este Gobierno por reducir la lista de espera en dependencia y poner la atención a las personas dependientes entre sus prioridades, una apuesta que nos ha permitido alcanzar máximos históricos en la comunidad de personas atendidas, más de 244.000, gracias a que hemos destinado 1.741 millones de euros a la atención a la dependencia”, ha indicado.

Plan de choque

El delegado territorial ha valorado, igualmente, la puesta en marcha un plan de choque con diversas medidas para reducir los tiempos de tramitación de las solicitudes e incorporar al sistema a nuevas personas en situación de dependencia.

Entre estas iniciativas se encuentra la modificación del procedimiento con el objetivo de reducir la burocracia y simplificar los trámites administrativos, así como la incorporación de la Ventanilla Electrónica para la tramitación telemática de las solicitudes, que ya está funcionando. Para agilizar los procedimientos también se ha llevado a cabo la contratación de personal técnico y de administración, además del incremento de plazas mencionado.

Proyecto piloto

Además, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) tiene en marcha ya un proyecto piloto del nuevo modelo de procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

Este proyecto permitirá reducir de forma significativa la lista de espera en dependencia y agilizar su tramitación mediante la unificación de las fases de valoración de la situación de dependencia y la determinación de la modalidad de intervención o recurso concedido, en virtud del principio de simplificación administrativa.