Vecinos a la espera de ascensor denuncian la demora de un año de la Junta en designar arquitecto

Vecinos de 46 comunidades de bloques que tienen aprobado el proyecto de instalación de ascensor por parte de la Junta de Andalucía han denunciado que llevan más de un año esperando el trámite de que la administración designe a los arquitectos que deben dirigir la obra.

En 2017, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) solicitó de nuevo toda la documentación de todos los bloques a los que se había aprobado su proyecto. Tras ello, comenzaron a ejecutar la obra en varias decenas de ellos pero, actualmente, hay 46 comunidades de vecinos que están a la espera de que, un año después, la administración nombre al técnico que dirigirá la obra, cuyo proyecto ya está redactado y aprobado.

Así lo denuncian, por ejemplo, los administradores del bloque de la calle Pocito 3, quienes explican a este periódico que, puestos en comunicación con AVRA en reiteradas ocasiones, la respuesta que obtienen es que el trámite se encuentra en el proceso de designación de técnico.

Una década de espera

“El proyecto está hecho, visado, la subvención concedida y el dinero en la cuenta. Y llevamos más de un año esperando a que nombren al arquitecto para la dirección de la obra. No sabemos por qué lo están demorando así”, denuncian los administradores sobre una espera que se suma a la de años y años desde que se les concedió la ayuda para el ascensor.

En concreto, esta comunidad de la calle Pocito 3, ya interpuso una demanda en los tribunales por esos años de espera para la instalación del ascensor en su bloque, un proyecto para el que cuentan con una subvención aprobada en el año 2009. Casi una década después, siguen sin ascensor en el edificio.

Esta comunidad, como otras muchas, comenzó el proceso para la instalación del ascensor en 2007, cuando lo solicitó a la entonces Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). La respuesta afirmativa le llegó dos años después. El convenio que le otorgó la Junta facilitaba la colocación del elevador con una subvención del 75%.

Fue en 2009 cuando entregaron por primera vez toda la documentación que les era requerida. Tres años después, en mayo, recibieron el aviso de que la falta de presupuesto provocaba un retraso en el cumplimiento del convenio. Ya entonces las familias habían desembolsado 4.000 euros por la licencia de obras -ya caducada- y más de 22.400 del 25% de la instalación del ascensor que habían de abonar. Ese dinero permanece en una cuenta bancaria que no pueden tocar sin permiso de la Junta. La historia continuó en 2015, cuando la Junta les requirió de nuevo la documentación necesaria para cumplir con el convenio. Y ahora, en 2018, la vida sigue igual de complicada para estos vecinos, escalón a escalón.