TRIBUNALES

Rebajan las peticiones de cárcel en el juicio por la protesta ante un camino público de Posadas tras la ausencia de un acusado

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha iniciado este miércoles el juicio contra 15 vecinos de Posadas que protestaron ante una cancela que cortaba el camino público de los Torilejos. Este día llega 18 años después de que se produjeran los hechos, el 14 de septiembre de 2007, y después de que la jueza haya aceptado la reducción de pena solicitada para los acusados por la acusación particular, hecho motivado por la incomparecencia de un acusado. Ante ello, y con las penas que pedía este letrado, el juicio no podía celebrarse. El abogado, entonces, ha solicitado rebajar la petición de pena de prisión para este acusado y, por ende, al resto, adaptando su calificación a lo que recoge el Código Penal. Cinco de los nueve acusados se han opuesto a que esto ocurriera.

Este procedimiento judicial sienta en el banquillo a 15 acusados, algunos de ellos, de edad avanzada. Se les acusa de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. Antes de iniciar el juicio, la abogada del acusado ausente ha planteado resolver la incomparecencia de su defendido, para lo que solo había dos opciones: que el juicio se suspendiera o que la acusación particular -que representa a 12 guardias civiles- rebajara la petición de prisión a los procesados. El Código Penal recoge que los acusados deben estar presentes en los juicios, pero hay excepciones.

En este caso, la acusación particular como el Ministerio Fiscal han sostenido que si por cada delito se piden dos años de prisión y el cómputo total no excede de cinco, la vista puede celebrarse. Así las cosas, la acusación a la que se enfrentan los acusados -entre los que se encuentra el incompareciente- es de un año de prisión por desórdenes públicos, dos años de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad y otro, por lesiones. El Ministerio Fiscal se ha unido a estas modificaciones, cumpliendo entonces lo que establece el Código Penal.

Sin embargo, la acusación no ha rebajado la pena de prisión solicitada por otro delito de atentado contra tres de esos acusados, manteniendo tres años de cárcel. Antes de que la jueza comunicara su decisión, cinco abogados se han opuesto a que se tuviera en cuenta esta reducción de la pena solicitada. Uno de ellos ha sido el letrado que defiende a los tres procesados a los que no se les ha reducido la pena por el segundo delito de atentado. “Este cambio sorpresivo causa indefensión porque no hay un argumento para la rebaja de las penas”, ha argumentado, sumándose a ello mismo otros cuatro letrados. Uno de ellos ha llegado a decir que, “más que un juicio, esto parece una sala de bazar”. Y ha ido aún más lejos, asegurando que “como este acusado pille un buen abogado de Madrid o de Barcelona, hará que nos duela la cabeza”.

Aunque el acusado en cuestión no ha comparecido, sí lo ha hecho su abogada -del turno de oficio-, quien no se ha opuesto a esta reducción de la pena solicitada, pero sí ha comprendido la queja de sus compañeros de profesión. En uno de sus turnos de intervención, esta letrada ha explicado que le ha sido “imposible” comunicarse con su cliente. Dada esta situación, ha asegurado que no podía ejercer “una defensa con todas las garantías” y ha anunciado su intención de solicitar la renuncia formal ante el Colegio de Abogados, dejando constancia de la dificultad de preparar la defensa sin contacto con su defendido.

Tras tomar la palabra, la jueza ha acordado la celebración de la vista para no prolongar más el procedimiento. En ese sentido, ha dicho que el acusado ausente ha sido debidamente citado y su defensa conocía los señalamientos fijados, por lo que no existía “justa causa” para suspender la vista nuevamente. Para la magistrada, la modificación de las penas solicitadas por la acusación no constituye un agravio para los demás acusados, sino una medida procesalmente válida que permite continuar con la celebración del juicio. Por último, ha defendido la calidad de los abogados de Córdoba.

Prescripción de los delitos

Una vez solventada esta cuestión, durante las cuestiones previas, los abogados de ocho de los acusados han solicitado la prescripción de los delitos, alegando que entre las primeras diligencias judiciales (2008) y el auto de procesamiento (2016-2017) transcurrieron más de siete años sin actuaciones efectivas, lo que podría extinguir la responsabilidad penal.

Otros letrados han denunciado errores de identificación, ya que algunos de sus clientes fueron confundidos con otros manifestantes durante los disturbios. Además, han reclamado la admisión de pruebas documentales y testificales que habían sido previamente denegadas.

Por otro lado, la acusación particular ha comunicado también el fallecimiento de uno de los guardias civiles personados, que murió, en noviembre de 2024, y la subrogación procesal de su esposa e hijo mayor de edad, quienes continuarán en el procedimiento en los mismos términos que su familiar fallecido.