La Policía detecta sobrecostes en las obras de la autovía y el AVE a Málaga ejecutadas por donantes a la caja B del PP

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detectado sobrecostes en tres grandes obras de infraestructuras de la provincia de Córdoba, la Autovía de Málaga y el AVE a la capital costasoleña. Los agentes han vinculado los sobrecostes de la constructora Hispánica con ser donantes de la famosa caja B del PP nacional. Esta empresa fue adjudicataria en Córdoba del tramo de obra entre Fernán Núñez y Montilla y de dos tramos de AVE en la conexión entre las provincias de Córdoba y Málaga, según consta en el amplio informe policial al que ha tenido acceso este periódico.

En el informe policial se analizan 23 expedientes de contratos públicos en toda España adjudicados bien a la Constructora Hispánica en solitario bien a Uniones Temporales de Empresas (UTE) de las que formaba parte, entre los años 2000 y 2004 por parte de la Administración General del Estado (AGE). La UDEF ha puesto el foco en las obras concedidas a dicha constructora porque su presidente y consejero entre 1992 y 2009, Alfonso García Pozuelo, así como algunos miembros del consejo de administración de las otras empresas que integraban las UTEs ganadoras, constan como donantes de la presunta 'caja b' del Partido Popular.

Este informe, fechado el 20 de julio, se ha conocido después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 decidiera no prorrogar la investigación sobre los famosos papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que debido a los nuevos plazos legales caducaba el 29 de julio.

En el caso de Córdoba, el informe policial destaca especialmente la obra de la Autovía a Málaga (A-45) en el tramo entre Fernán Núñez y Montilla. El documento, elaborado por el famoso inspector Morocho, relata todo el proceso administrativo de ejecución de la obra, que fue encargada cuando Francisco Álvarez Cascos era el ministro de Fomento y Benigno Blanco su secretario de estado. Al contrato se presentaron un total de 24 ofertas y se adjudicó a la UTE formada por EOC Obras y la Constructora Hispánica. Aunque el presupuesto era de 48 millones de euros, el contrato se adjudicó por 36,8 millones y un plazo de ejecución de 33 meses (frente a los 40 propuestos por el Ministerio). Finalmente, la obra se entregó un año más tarde de lo previsto y acabó costando 52,9 millones de euros, un 43% más de lo previsto inicialmente.

El documento se refiere especialmente al problema con los modificados de obra. El primero tuvo que ver con hasta ocho incidentes. Seis eran “necesidades nuevas” y dos “causas imprevistas”. En total, el coste se fue a 3,6 millones de euros. Lo más caro fueron los 920.000 euros que costaron los aumentos en el saneo de los terraplenes, pero también hubo dinero para la detección de 11 yacimientos arqueológicos, cuyo estudio asegura que costaron 785.000 euros, la reposición de regadío en fincas afectadas (algo que estaba descartado al inicio de los trabajos), más incrementos arqueológicos valorados en 390.000 euros o más dinero para seguridad y salud.

Finalmente, el modificado de la obra se fue a 4,4 millones de euros. Además, se revisaron los precios de los materiales, lo que subió el coste en otros 7,8 millones de euros. También hubo otro incremento en la certificación final de los trabajos, por 3,6 millones. Finalmente, la obra se fue a 52,88 millones de euros de coste.

En el AVE a Málaga, el informe señala dos contratos. El primero tiene que ver con el tramo entre el río Guadalhorce y el túnel de Gobantes, y señala que hubo un sobrecoste del 33%. La obra debía haber costado 20,4 millones de euros y finalmente se fue a 26,3, también a causa de los modificados de obra.

El segundo contrato se refiere a la reconstrucción de un túnel artificial, el llamado como número 15 de la línea de alta velocidad. El contrato de esta pequeña obra, que no debía durar más de seis meses y con un coste inferior a 300.000 euros, lo ganó Hispánica con una oferta un 36% inferior al presupuesto original. En este segundo, la Policía no encuentra sobrecostes. La irregularidad detectada estaría en el sistema de adjudicación, ya que no sería un concurso, sino la adjudicación al precio más bajo presentado.

Papeles de Bárcenas

El juez Santiago Pedraz ha estado investigando si los donantes de la presunta 'caja b' del PP daban dinero a cambio de adjudicaciones concretas. La causa la inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero la cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.

Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de enero que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del pasado 16 de julio ante Pedraz, el ex tesorero implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.