La Fiscalía no ve delito en la contaminación en Trassierra aunque incluye informes sobre “la envergadura de los hechos”

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha decidido archivar la denuncia que en septiembre de 2021 presentó Ecologistas en Acción por la contaminación con aguas residuales del arroyo El Molino, en la barriada de Santa María de Trassierra. La denuncia acusaba de un presunto delito ecológicoal Ayuntamiento de la capital, a causa de los vertidos de aguas residuales que desde hace años se vienen produciendo desde viviendas del entorno de Santa María de Trassierra hacia el cauce del Arroyo del Molino. Estos vertidos han provocado, por ejemplo, que durante el verano de 2021 los populares Baños de Popea dejasen de ser un idílico paraje fluvial y se llenasen de aguas residuales.

La fiscal responsable de Medio Ambiente abrió diligencias de investigación, que prorrogó hasta el mes de octubre del año pasado. Las diligencias consistieron en la demanda de informes a todas las administraciones y entidades con competencias en la materia. Muchos de esos informes admiten la “envergadura de los hechos denunciados”, como llega a reconocer la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Pero la Fiscalía opta por archivar la denuncia al considerar que el Ayuntamiento, aunque no con excesiva rapidez, ya está trabajando en una solución para evitar la filtración de aguas residuales a los entornos naturales de Trassierra.

No obstante, el contenido de los informes que constan en las diligencias aluden a la gravedad del problema que sufre el cauce del Arroyo del Molino, un espacio natural muy sensible, especialmente protegido, en el que hay un serio peligro para la avifauna de este entorno fluvial único.

El informe más destacado es el encargado al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Sus técnicos acudieron el verano pasado al Arroyo del Molino acompañados de guardias civiles del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) para comprobar la calidad de las aguas. Tras la toma de varias muestras, entre sus conclusiones destacan que la “falta de depuración daña sustancialmente la calidad del agua, además de poder constituir un riesgo para la salud en su uso como baño y un riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales”.

Escrito de la CHG al alcalde en 2019

La clave del archivo de las diligencias está en los informes que tanto la Confederación Hidrográfica como el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa pública Emacsa aportan a la fiscal. La Confederación admite que el problema de los vertidos en Trassierra, que no están autorizados, tiene ya dos décadas. El 23 de octubre del año 2019, la Confederación remitió un informe dirigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, “poniéndole de manifiesto denuncias ciudadanas por la mala calidad de las aguas” en la zona. El Ayuntamiento puso el asunto en manos de Emacsa y de la Gerencia de Urbanismo.

Desde octubre de 2019, “si bien no con demasiada premura, el Ayuntamiento adopta una solución provisional” a los vertidos, según describe la fiscal antes de ordenar el archivo de las diligencias. La solución pasa por adecuar las dos depuradoras de aguas residuales que existen en Trassierra. En mayo de 2022 se adjudicó el proyecto a la empresa Desarrollo de Tecnologías de Depuración con un plazo de ejecución de cinco meses que se ha ido ampliando por la crisis de suministros.

No obstante, los informes admiten que hay otros problemas por solventar. El Seprona señala a las edificaciones irregulares, que no depuran sus aguas residuales. Emacsa señala que habría unas 150 localizadas en las zonas próximas al cauce. En muchos casos, admiten las instituciones, no se puede comprobar si se depura o no porque se trata de recintos privados. Pero señalan que las parcelas con pozos ciegos comienzan a presentar problemas de filtraciones, que acaban llegando a los cauces.

El informe del Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía es el más contundente al concluir que “el vertido de aguas residuales de Trassierra viene produciéndose desde hace unos 20 años, sin que se haya abordado una solución definitiva por parte de las administraciones implicadas”.