La Fiscalía avisa del incremento de incendios por tareas agrícolas al usar fuego sin autorización

La Fiscalía de Córdoba avisa de que durante el año 2020 se ha registrado “un número importante” de incendios, sobre todo en período estival, relacionados con tareas agrícolas, ámbito en el que “se sigue utilizando el fuego sin autorización administrativa y sin medios preventivos”.

Al respecto, el Ministerio Público expone en su memoria anual referida al pasado ejercicio, consultada por Europa Press, que “se han tramitado numerosas diligencias de investigación que han tenido que ser archivadas por falta de autor o causa de ignición conocida”.

En concreto, indica que “debido a la extensión de la provincia y a que un tercio de la superficie es forestal, y la proliferación desordenada de construcciones ilegales que incrementan el riesgo de incendio y perturban la labor de los servicios de extinción, es éste el problema más importante, encabezando desde hace dos décadas la lista de los incendios producidos en Andalucía”.

Para tratar de resolver la problemática, explica que se han celebrado reuniones con el Infoca para “establecer medidas concretas para implantar una nueva política de gestión de riesgos que asuma una cultura basada en que el riesgo cero no existe, que las soluciones pueden ser temporales, y que hay que establecer una estructura organizativa con implantación estable y, de importancia, elaborar una ordenanza municipal que obligue a los particulares a implementar esos planes, solucionando las carencias”.

En relación con los delitos contra el medio ambiente, destaca como “más relevantes” los referidos a la contaminación de ríos por aguas residuales y vertidos del residuo de las cooperativas olivareras de la provincia, alpechín, existiendo al respecto varios procedimientos por vertidos sin control en el río Guadalquivir, que han provocado que se vean afectadas especies autóctonas especialmente vulnerables, como barbo gitano y boga de río, así como otras especies exóticas invasoras, habiéndose tasado el daño a la calidad del agua en 589.600 euros para indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en un caso.

Igualmente, comenta que los juzgados de Instrucción de Posadas mantenían la investigación de una causa por derribo, traslado, ocupación, desvío y construcción de muros de piedra y otras actuaciones de usurpación de la Cañada Real Soriana.

Asimismo, explica que se ha mantenido una relación directa con el Seprona y con la Policía Autonómica en el marco de la campaña de prevención de incendios, a la vez que “se ha incluido en las comunicaciones a los cuerpos policiales un nuevo factor de riesgo debido a la proliferación de construcciones en la interfaz urbano forestal”.

Medidas de “presión” de parcelistas y condenas

En cuanto a los delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía señala que tienen “una fuerte presencia” en el término de la capital, “donde desde finales de la década de 1970 el crecimiento de la ciudad se ha producido sin respetar el modelo de ciudad compacta mediterránea que contempla el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba, haciendo crecer la ciudad de un modo descontrolado a base de urbanizaciones de escasa calidad, sin equipamientos ni zonas verdes”.

En este sentido, reitera, como en otros años, que “se ha llegado a veces a construir en zonas inundables, de peligro extremo de incendio, así indicado en el PGOU e incluso en los alrededores de la ciudad califal Medina Azahara”, al tiempo que introduce que “en la ciudad existe un fuerte asociacionismo de los propietarios de viviendas en situación de ilegalidad, que demandan servicios básicos y realizan medidas de presión como manifestaciones, cortes de calles, etc”.

Entretanto, comenta que la mayoría de los procedimientos en esta Sección se refieren a “edificaciones ilegales” en el término de la ciudad, aunque “también se observa presión urbanística en Cabra, Aguilar de la Frontera y Priego de Córdoba”.

Además, expone que durante el año 2020 se ha observado “un incremento de las sentencias condenatorias, rompiendo así la tendencia de años anteriores de absolución de estas conductas por parte de los juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial”.

Al hilo, el Ministerio Público asegura que debido a una sentencia del Tribunal Supremo (TS) dictada en virtud de un recurso de casación interpuesto por el fiscal “se ha observado un cambio de criterio del juzgador, siendo ahora más proclive a la condena, rompiendo la tendencia general a la absolución”. También, se ha incrementado el número de sentencias en que se acuerda la demolición de lo edificado en suelo no urbanizable.

Patrimonio histórico y animales

Respecto a los delitos contra el patrimonio histórico, el Ministerio Público explica que se han incoado 14 procedimientos judiciales, algunos sobre la supuesta venta y sustracción de piezas de arqueología y otros sobre hurtos en excavaciones de piezas de interés arqueológico.

Sobre los delitos contra la flora y fauna, indica que “la mayoría por los que se han incoado diligencias en el año 2020 se han producido en el contexto de la actividad cinegética, debido al uso de costillas y redes japonesas en el ámbito rural; habiéndose logrado un incremento de las conformidades y la tramitación por el procedimiento de diligencias urgentes”.

En relación a los malos tratos a animales domésticos, precisa que “ha habido un descenso en el número de denuncias, que se interpreta como consecuencia de los efectos de la pandemia”. Las denuncias provienen de “particulares que denuncian a vecinos que maltratan a sus mascotas, así como denuncias de fuerzas policiales por abandono de mascotas, caballos y yeguas, y denuncias de asociaciones de defensa de los animales domésticos”.

“Mayor eficacia” en la labor

Por otra parte, el Ministerio Público explica que “los jueces de la provincia han asumido como práctica habitual tras la instrucción de la causa la remisión de la misma a la Sección de la Fiscalía para su pronunciamiento sobre suficiencia o práctica de otras diligencias”, algo que “supone mayor carga de trabajo, pero también mayor eficacia para el control de la materia y de los plazos”.

Asimismo, alude a “las discrepancias entre los datos reflejados en la aplicación Fortuny y los recogidos manualmente por la Sección especializada, lo que dificulta el control y el seguimiento de los plazos de tramitación”.

No obstante, expresa que “gracias al esfuerzo de todos los integrantes de la plantilla de funcionarios de la Fiscalía, y en concreto, de los funcionarios de esta especialidad cada vez se hace un registro más preciso de los procedimientos que se llevan en la Sección”, aunque se manifiestan “dificultades para controlar y obtener todas las sentencias que se dictan, así como el seguimiento de los procedimientos”.

De igual modo, hace constar que “se ha notado un descenso de los asuntos tramitados por esta Sección y celebración de las vistas del juicio oral derivadas de los mismos debido a los efectos de la pandemia del covid-19”.

Y subraya las relaciones institucionales y con fuerzas policiales, como el Seprona, Infoca y la Policía Judicial Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con los que se celebran reuniones periódicas, y con la Policía Local de la capital y la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, en materia de urbanismo, riesgo extremo de incendios, etcétera.