Córdoba afronta la mayor transformación judicial en su historia: once partidos se reinventan desde el 1 de julio
Once de los doce partidos judiciales de Córdoba (todos, menos los de la capital) cambiarán su funcionamiento el próximo 1 de julio con la entrada en vigor de la primera fase de la llamada Ley de Eficiencia, un proceso que ha sido calificado por “la mayor transformación del servicio público de Justicia en las últimas siete décadas”, según el consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto.
La reforma, que se está realizando con financiación exclusiva de la Junta de Andalucía —más de 57 millones de euros en toda la comunidad—, implica una reorganización estructural: se sustituye el modelo tradicional de juzgados unipersonales, dirigidos por jueces, por órganos colegiados con unidades jurídicas nuevas y servicios comunes de tramitación. Solo Córdoba capital queda fuera, de momento, hasta el 31 de diciembre, cuando concluye la tercera fase del proceso.
El impacto en la provincia no es solo estructural, también afecta al personal. Córdoba verá incrementada su plantilla judicial con 8 nuevos funcionarios, lo que eleva el número total de efectivos de 173 a 181. Esta ampliación forma parte de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) negociadas con los sindicatos en los últimos seis meses.
Los refuerzos se distribuyen así:
- Cabra: 2 nuevos funcionarios
- Montoro: 2 nuevos funcionarios
- Montilla: 1 nuevo funcionario
- Posadas: 3 nuevos funcionarios
Además, en Palma del Río se desarrollará un proyecto piloto para convertir su nueva Oficina de Justicia en un punto de apoyo que descongestione los juzgados de Posadas y permita a los ciudadanos realizar hasta el 85% de los trámites judiciales sin necesidad de desplazarse.
También se transforman los juzgados de paz en Oficinas de Justicia en los municipios, especialmente en aquellos con más de 7.000 habitantes, donde los funcionarios podrán tramitar directamente expedientes judiciales dentro de sus partidos judiciales de referencia.
La comarcalización de los servicios de violencia de género y sexual
El consejero Nieto ha aprovechado para denunciar la falta de apoyo del Ministerio de Justicia en esta reforma, que —según sus palabras— “ha sido tramitada sin consenso con las comunidades autónomas” y ha obligado a Andalucía a asumir en solitario los costes económicos y de gestión. También ha criticado la “errónea comarcalización” del Servicio de Violencia sobre la Mujer, que agrupa Montoro, Lucena y Posadas bajo el Partido Judicial de Córdoba, una decisión que, a su juicio, ignora la geografía y densidad poblacional del territorio.
La Junta ha solicitado la especialización de más órganos judiciales en violencia de género, pasando de los actuales diez jueces especializados a 22 en toda Andalucía, tras comprobar que otras comunidades, como Cataluña, han recibido 60 nuevos jueces frente a cero en Andalucía.
Por último, Nieto ha mostrado su preocupación por la huelga de jueces y fiscales convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. “Esta huelga daña la imagen de la Justicia en Europa y espero que, en el tiempo que falta, haya un acercamiento entre las partes”, ha deseado.
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