Consiguen que se anule el “destino forzoso” a Ibiza de un guardia civil de Córdoba

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha conseguido que se anule el “destino forzoso” a Ibiza de un agente destinado en Belmez (Córdoba), después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya dado la razón a los servicios jurídicos de la asociación y haya dictado sentencia anulando el mismo.

Así lo ha indicado AUGC en una nota en la que ha detallado que, en enero de 2020, un guardia civil que había realizado sus prácticas en el Puesto de Belmez y estaba a la espera de obtener su destino definitivo fue destinado “con carácter forzoso por la Dirección General de la Guardia Civil al Puesto Fiscal de Ibiza”, decisión que recurrió el afectado ante la Secretaría de Estado de Seguridad, que “desestimó su solicitud y confirmó el destino forzoso”.

En este contexto, los servicios jurídicos de AUGC interpusieron recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, “el cual ha dictado sentencia estimando el recurso planteado” y ha declarado “nulo” el destino que “se asignó forzosamente”, condenando a la Administración “al pago de las costas ocasionadas al recurrente”.

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha expuesto que “el tribunal ha coincidido con nosotros en que en este caso la Dirección General de la Guardia Civil no se ha ajustado a las bases de la convocatoria, en la cual se especificaba claramente que podían cubrirse las vacantes adicionales originadas por el propio proceso de asignación, pero no con carácter forzoso, como hicieron con mi defendido”.

“No entendemos por qué se le ha obligado a pasar por un largo y complicado procedimiento contencioso-administrativo, cuando en otros casos idénticos y simultáneos la propia Secretaría de Estado de Seguridad asumió que se había actuado incorrectamente”, ha comentado el abogado.

Ahora, asesorado nuevamente por AUGC, el guardia civil afectado va a interponer ante el Ministro del Interior “una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública para que se le indemnice por los perjuicios causados, sobre todo de tipo económico” --desplazamientos, alojamiento, manutención y otros--, pero también “por los daños morales y psicológicos causados por tan injusta situación, que también ha afectado a su familia”.