Un abogado de Córdoba recurre ante la Audiencia de Madrid el archivo de una demanda por delito de odio contra los gitanos

La Asociación de Juristas Gitanos, bajo la asistencia jurídica del abogado cordobés Marcos Santiago, ha interpuesto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid frente al archivo de la demanda presentada contra el periodista Eduardo García Serrano, quien realizó “unas graves declaraciones” sobre el pueblo gitano durante la retransmisión del programa televisivo El Gato al Agua el pasado mes de julio.

Según afirman la organización,“ la falta de sensibilidad y objetividad del juzgado se ratifica al no valorar siquiera el contexto en el que se vierten esas ”afirmaciones ácidas“, el acto institucional de conmemoración del Samudaripén, el genocidio nazi que se cobró la vida de más de un millón de gitanos, y de La Gran Redada, el primer intento de exterminio de los gitanos en España”.

Las declaraciones de García se enmarcan en un debate entre los tertualianos del programa de televisión a raíz de las palabras vertidas por, el aquel entonces, Vicepresidente Segundo del Gobierno -Pablo Iglesias-, en las que pedía perdón en nombre del Gobierno de España al pueblo gitano por los actos de persecución que dicho pueblo había sufrido a lo largo de la historia. García aseguró que “deberían ser los gitanos los que pidieran perdón a los payos, porque les hemos consentido, desde hace siglos, crear un estado tribal, un estado de clanes, dentro de un Estado moderno”.  

Continuó afirmando que “los gitanos, generalmente, generalmente, salvo honrosas excepciones, que haberlas las hay, no se retratan en la Agencia Tributaria, no votan porque la mayoría de ellos ni siquiera se dan de alta cuando nacen en el Registro Civil. Lo hacían para evitar el servicio militar, ser llamados al servicio militar. La mayoría de ellos conducen como conducen (…) y la Guardia Civil lo sabe. ¡Pero vamos a ver! ¿Quién tiene que pedir perdón a quién? Y aquellos payos que viven cerca de un asentamiento gitano pues saben de los que estoy hablando (…) imparten su justicia al margen de la justicia del Estado”.

Tras la interposición de la demanda, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid decretó el sobreseimiento de la causa al enmarcar estas declaraciones en el ámbito de la libertad de expresión. En su recurso de apelación, el abogado ha destacado la “trivialidad” y la “poca importancia” que ha dado a las palabras del periodista ya que sería “una justificación del racismo ejercido desde un medio televisivo contra todo un pueblo”.

De esta forma, el magistrado afirma que “las expresiones son vertidas en un medio informativo cuya línea ideológica es conocida por el usuario televisivo medio (sobre el contexto y sobre la forma y el impacto de la expresión), sin que en el mensaje vertido se pretenda invitar, incitar, fomentar o reforzar la predisposición a cometer actos hostiles, discriminatorios o violentos frente al colectivo gitano, sino que se ofrece una opinión crítica”.

Por otro lado, argumenta que el periodista “actúa en el programa televisivo como contertulio, sin ostentar un cargo público que exija un mayor freno inhibitorio a la hora de ofrecer la opinión propia en términos que puedan resultar ofensivos o lesivos de los derechos de los demás”. El magistrado acaba resumiendo que las declaraciones se enmarcan dentro de la libertad de expresión, “que pueden ser más o menos afortunadas, pero sin que se aprecie una incitación al odio, la violencia, la discriminación o el odio frente al pueblo gitano”.

La Fiscalía de Madrid se une al recurso

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha sumado a la apelación interpuesta ya que “no solo comparte los argumentos de Juristas Gitanos sino que, además, ha interpuesto recurso solicitando que se deje sin efecto el auto de sobreseimiento y se dicte una nueva resolución al objeto de practicar las diligencias necesarias para la investigación de los hechos”, señalan desde la organización.

El Ministerio Fiscal entiende que las manifestaciones del periodista constituyen un delito contra la dignidad de las personas y “el derecho a discrepar no incluye la ofensa totalmente gratuita hacia un colectivo, sirviéndose de expresiones y conceptos de naturaleza ofensiva, vejatoria y de menosprecio respecto de todo un pueblo y que, por su generalización, provocan la cosificación de todo el colectivo”.

A su vez, la Fiscalía ha solicitado la acumulación al procedimiento de las denuncias de Kamira, Fakali y la Plataforma Gitana de Acción Politrom.