Los afectados por el accidente de Adamuz tienen un año para pedir indemnizaciones a los seguros

Los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz tienen, por lo general, un año para comenzar a reclamar las indemnizaciones a los seguros, tanto el obligatorio para viajeros como por responsabilidad civil, según indica el socio de Maio Legal, Ángel Vallejo, quien explica que el cómputo de este plazo comienza desde la fecha del accidente, aunque, en caso de lesiones, puede comenzar cuando las secuelas se hayan estabilizado. No obstante, señala que este periodo es general, puesto que en algunos casos, el plazo para iniciar las reclamaciones puede extenderse hasta los cinco años.

En cuanto a los seguros que pueden cubrir una incidencia ferroviaria que genere lesiones o muertes, Vallejo explica que hay tres grandes tipos: el seguro obligatorio de viajeros, el seguro obligatorio de responsabilidad civil de la empresa ferroviaria y los seguros privados complementarios.

Por un lado, el seguro obligatorio de viajeros protege a los viajeros (y en caso de fallecimiento, a los herederos de estos) respecto a daños personales sufridos durante el viaje y actúa de modo objetivo, es decir, sin que tenga que verificarse la responsabilidad o culpa de nadie. Este seguro se rige por el baremo de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios que contempla pagos máximos de 72.121,46 euros en caso de fallecimiento. Si son lesiones corporales, se establecen rangos que van de primera a decimocuarta categoría y cuyas indemnizaciones van desde los 84.141,70 euros hasta los 2.404,04 euros.

En cuanto al obligatorio de responsabilidad civil de la empresa ferroviaria, este cubre los casos en que el incidente y los daños sean responsabilidad civil del operador, es decir, cuando se causen por culpa o negligencia.

Por último, los seguros privados complementarios responderán en el modo pactado en la póliza, sin sujeción a un esquema previo obligatorio. En este caso, pueden ser seguros de viaje privados, contratados usualmente a través de una tarjeta de débito o crédito.

De su lado, el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros recuerda que las víctimas y perjudicados por este accidente pueden presentar reclamaciones judiciales que, en muchos casos, pueden canalizarse a través de coberturas de defensa jurídicas incluidas en seguros de hogar, defensa jurídica u otras pólizas que contemplen estas reclamaciones.

A su vez, el socio de Maio Legal da una serie de recomendaciones a los afectados por el choque de trenes que ha dejado 45 personas fallecidas y en torno a 150 heridos. Así, aconseja documentar “exhaustivamente” tanto el viaje (billete físico o digital, factura del billete, justificantes de pago del billete) como todo el proceso médico, incluyendo partes de ingreso de urgencias, partes médicos de consultas, informes de diagnóstico o prescripciones de tratamiento, recetas médicas públicas o privadas, y los gastos aparejados (tickets de taxis, ambulancias, medicamentos, etc.). También lo aplica al equipaje o efectos personales que hayan resultado dañados.

Los perjudicados que quieran reclamar deberán “remitir comunicación fehaciente” a la empresa ferroviaria, ya sea Renfe o Iryo que, como tomadoras del seguro, deberán dar traslado a la aseguradora correspondiente. Vallejo explica que esto se puede hacer a través de formularios de las propias compañías ferroviarias o por burofax a la oficina central. Según detalla el experto, la primera comunicación debe abrir un expediente específico en la operadora, con una referencia que debe indicarse en comunicaciones posteriores en las que se amplíe la información inicial.

Además, indica que la primera comunicación que se realice a la operadora debe incluir una solicitud para que se identifique la compañía aseguradora de la responsabilidad civil de la misma y el número de póliza correspondiente. Igualmente, Vallejo recomienda actualizar “cuantas veces sea necesario” a la operadora y su seguro sobre el proceso médico y sus derivadas y que se dé parte del accidente a las compañías de seguros relacionadas con pólizas privadas de viajes o accidentes, que suelen estar asociadas a productos bancarios. También aconseja dar parte a Adif.

Por último, recomienda a los afectados que se asesoren “debidamente” antes de firmar ningún finiquito o documento que libere de responsabilidad a la operadora o a la aseguradora, incluso cuando sea a la vez que se reciben pagos derivados de las lesiones -o fallecimiento, en caso de los herederos-, o en caso de que la operadora o la aseguradora rechacen atender el siniestro.

Ante cualquier retraso “injustificado” o falta de respuesta de la operadora o de la compañía de seguros, Vallejo aconseja buscar asesoramiento jurídico, ya sea a través de asociaciones de consumidores o a través de abogados privados.

Duración de los procesos

En cuanto a la duración de estos procesos de reclamación a las aseguradoras, el socio de Maio Legal explica que la actuación del seguro obligatorio de viajeros “suele ser muy rápida y prácticamente automática”. Igualmente, en casos “mediáticos” como este, señala que los seguros voluntarios también suelen actuar “con celeridad”, pero advierte de que no siempre ocurre así.

En cuanto a la vía judicial, Vallejo explica que la Fiscalía suele solicitar la apertura de diligencias de investigación e incoar un procedimiento penal. “Normalmente, se ventilan las cuestiones civiles relativas a la indemnización en el propio proceso penal, pero los perjudicados pueden optar por evitar ejercer acciones penales si se consideran debidamente indemnizadas o si prefieren ejercitar acciones civiles por vía autónoma”, agrega.

Las disputas típicas se producen, según Vallejo, por desacuerdos en las cantidades que deben indemnizarse, siendo especialmente problemáticas la fijación de los pagos por daños no físicos, como secuelas psicológicas, daño moral, etc.

Así, afirma que un proceso penal en un caso así puede alargarse “muchos años”, no menos de cuatro o cinco, en función de si hay solicitud de penas de “relevancia” que pueden dar pie a recursos judiciales, ya sea de condena o de absolución, como ha sido el accidente de tren de Angrois (La Coruña) de 2014, sobre el que todavía hay recursos pendientes. De hecho, este pasado viernes, la Audiencia de A Coruña ha decidido absolver al exdirector de seguridad de Adif, dejando como único culpable del accidente al maquinista del tren accidentado, Francisco Garzón.

Por último, Vallejo explica que los procesos judiciales pueden alargarse si existen muchos denunciantes o muchos denunciados, igual que si se involucra no solo a las operadoras (Renfe e Iryo) sino también a Adif.