Éstas son las claves del Plan de Rescate municipal

Servicios Sociales ya tiene ultimado el borrador de un proyecto que contempla, entre otras, propuestas como un mínimo vital de agua, pisos compartidos para emergencias, un nuevo convenio con Endesa, economatos sociales o la moneda social

El Área de Servicios Sociales ya tiene ultimado el borrador del proyecto sobre el que pivotará gran parte de su actividad en este mandato: el Plan de Rescate ciudadano, cuyas claves se presentarán en los próximos días. ¿Qué medidas prevé esta iniciativa? Las acciones, que se plantean a corto y a medio-largo plazo, pasan por un refuerzo de la plantilla de Servicios Sociales, algo que se considera “imprescindible” para afrontar el paquete de actuaciones. Junto a esto, el documento prevé una mayor conexión con asociaciones y entidades sociales para iniciar “un trabajo en red” con el fin de conseguir los objetivos previstos.

En el corto plazo, el borrador del Plan de Rescate se centra en la situación de “emergencia social” que está afectando a miles de familias y aborda cuatro aspectos: acceso a los servicios municipales, agua, pobreza energética y vivienda. El primero de los objetivos ya se ha puesto en marcha: el empadronamiento sin necesidad de disponer de un contrato de arrendamiento o título de propiedad del lugar en el que reside el demandante.

Esta medida en el padrón, tiene su repercusión directa en otro de los planteamientos a corto plazo: solucionar los cortes en el suministro de agua por impagos. Gracias a este empadronamiento sin requisitos, se abre la puerta a la instalación de contadores individuales que permitan fijar un “mínimo vital de agua”, que se cuantifica en tres metros cúbicos para todos aquellos que acrediten su situación de emergencia en Servicios Sociales.

La cuestión del agua también contempla opciones como la de un edificio “reocupado” sin licencia de fin de obra, en la que se plantea la instalación de un “contador provisional”,  justificando la excepcionalidad de la medida. También se pone el foco en los asentamientos de inmigrantes, asunto en el que se prevé un estudio “caso a caso” y se plantea la posibilidad de instalar fuentes públicas para garantizar el abastecimiento.

El caso de la luz es más complicado, dado que depende de Endesa, con la que se propone negociar un nuevo convenio en el que se dé tranquilidad a las familias que no puedan pagar la factura de “al menos, seis meses”, ya que se propone el pago de dos recibos y un fraccionamiento a medio año del tercero. Junto a esto, se contemplan medidas como “fijar un precio social” para familias sin poder adquisitivo o en riesgo de exclusión, establecer “cláusulas sociales” en ese nuevo convenio y pedir a Endesa el compromiso de remitir de forma periódica a Servicios Sociales información sobre aquellas familias que no se encuentren al día en el pago de recibos.

VIVIENDA Y MEDIDAS A LARGO PLAZO

Junto al agua y la luz, la vivienda es el tercer gran pilar de las medidas que se prevén ejecutar de forma inmediata y que tienen a la Oficina de la Vivienda, prevista para finales de este mes, como gran referencia para la gestión de una bolsa de viviendas que, tal y como adelantó el gobierno local, se gestionará a través de Vimcorsa con posibles acuerdos con entidades bancarias y particulares que cedan sus casas vacías.

De la misma manera, se prevé “la paralización de todos los desahucios en el parque de vivienda dependiente del Ayuntamiento” en los casos de pérdida de empleo u hogares con menores y dependientes. De manera inminente, se quiere disponer de 5 o 10 viviendas para ofrecer una alternativa a casos de emergencia. En este punto, el plan señala que éste sería un recurso temporal, con un máximo de medio año, y que “los pisos serían compartidos”.

A medio plazo, se reclama una casa de acogida familiar que mejore las actuales instalaciones y se plantea aprovechar alguno de los inmuebles en desuso para adaptarlo a este cometido. Junto a esto, “estudiar otras medidas habitacionales baratas y rápidas siempre que no impliquen la creación de guetos o contribuyan a la exclusión social”, señala el borrador.

El Plan de Rescate también se detiene en las emergencias relativas a la alimentación, en las que se propone cambiar la actual política de carácter asistencial de bancos de alimentos. Junto a ello, se prevé un economato social y acuerdos con el comercio para garantizar el acceso a productos de primera necesidad “con precios bonificados en función de la renta disponible”, así como impulsar un programa de huertos urbanos destinado a desempleados y personas en riesgo de exclusión.

Más en el largo plazo, aparecen otras dos propuestas relativas al sistema de Trabajo Garantizado, basado en la generación de empleos en áreas municipales y destinado a aquellos que no pueden acceder a estos puestos “por las vías normales de la administración”, que se sopesa a modo de experiencia, aunque se deja claro que el impulso tendría que venir por parte del Estado.

Junto a esto, la posible implantación de una moneda social, esto es, dinero municipal que permita estimular las economías de los comercios locales, previo acuerdo, así como cubrir las necesidades básicas de familias en riesgo de exclusión. Esta iniciativa no es nueva, e incluso ha llegado a ponerse en marcha en varios ayuntamientos catalanes (donde operan hasta 26 monedas), así como en el Consistorio de Valencia. A esto hay que unirle mercados del trueque o redes de solidaridad intervecinales, todo en modo propuesta.