Los tribunales decidirán si las medidas de la Junta tras el estado de alarma tienen amparo y son proporcionales

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha confirmado este jueves que una vez que cese el estado de alarma cualquier actuación de la autoridad sanitaria que afecte a derechos fundamentales, como el de la movilidad, “necesitará la ratificación del poder judicial”, de modo que, una vez que el Gobierno andaluz le haga llegar sus propuestas, el alto tribunal valorará si esas medidas tienen amparo en la actual legislación sanitaria, son “proporcionales” y están “equilibradas”.

Lorenzo del Río se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada junto al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que se ha desplazado este jueves a la sede del TSJA para hacerle entrega del escudo de Andalucía.

Marín ha confirmado que una vez que decaiga el estado de alarma el Gobierno andaluz, a la hora de poner en marcha medidas que por ejemplo puedan ser restrictivas en aspectos como la libre circulación en el ámbito de la comunidad, las elevará antes al TSJA para poder valorarlas jurídicamente antes de su puesta en marcha y que no sea necesario “dar marcha atrás” en un momento determinado. Ha recalcado así que el Gobierno andaluz respetará las decisiones judiciales en cualquier aspecto que afecte a estas posibles medidas a partir del 9 de mayo.

El presidente del alto tribunal andaluz ha confirmado que esa ratificación del poder judicial será necesario una vez que cese el estado de alarma cuando se trate de derechos fundamentales. Así, el TSJA esperará las propuestas que pueda hacer la autoridad sanitaria y las valorará. La Sala de lo Contencioso del TSJA, que es la competente en este asunto, analizará si tienen amparo en la actual legislación sanitaria, si son “proporcionales” y “están equilibradas” o si por el contrario necesitan de una ley orgánica específica.

Lorenzo del Río ha precisado que se trata de determinar si son medidas que afectan con mucha intensidad o no a derechos fundamentales, así como si van dirigidas o no a un gran número de ciudadanos, aspectos todos ellos a tener en cuenta sobre este asunto.