Sindicatos y AMPAS protestan ante Educación por la eliminación de aulas en colegios cordobeses

Los sindicatos CCOO, Ustea, ANPE y SIEP, junto a las AMPA de los CEIP Virgen del Valle de Lucena, Santuario y Colón de Córdoba, se han concentrado este miércoles a las puertas de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba para protestar por el cierre de aulas decretado por la Delegación en los mencionados centros escolares. Sindicatos y AMPAs recibieron el apoyo de dos de los alcaldables de Córdoba, Juan Hidalgo (Hacemos Córdoba) y Antonio Hurtado (PSOE).

Durante la concentración se ha dado lectura a un manifiesto en el que se afirma que “las decisiones administrativas relativas a la eliminación de líneas educativas en la escuela pública que se toman desde la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional son precipitadas, porque las supresiones de líneas se producen a finales de enero y principios de febrero, cuando aún ni ha comenzado el mes de la escolarización ni por supuesto las jornadas de puertas abiertas de los centros; arbitrarias, porque no afectan por igual a todos los centros sostenidos con fondos públicos; injustas, porque cercenan la oferta a priori boicoteando así la posterior posible demanda; injustificadas, porque en muchos de los centros con líneas supresas la demanda supera a la oferta con creces; y son , sobre todo, planificadas, porque por encima de su competencia administrativa parecen responder a fines políticos.

Eliminar líneas es el primer paso hacia la lenta y agónica desaparición de un colegio. Estas decisiones afectan de manera directa a la labor educativa de los centros públicos implicados, dejando morir comunidades de aprendizaje, proyectos de integración y de conciliación de familias enteras.

Se cierran aulas en centros que son los elegidos como prioritarios por las familias para reubicar en otros donde la distancia complica el obligado cuidado familiar y suma trabas a la ya de por sí onerosa conciliación personal y profesional.

Es un ataque de facto a la pública, que quebranta los derechos de alumnado, familias y docentes. No estamos pidiendo la apertura de líneas nuevas, estamos exigiendo que dejen de cerrar las existentes que, además, cuentan con demanda suficiente para su mantenimiento. Nos hablan de ratios ajustadas a derecho, nos hablan de suficiencia numérica acorde a legislación, nos hablan de medias…pero como decía Easterbrooke “tortura los números y lo confesarán todo”. Curiosamente nunca se considera la posibilidad de reubicar alumnado cuando la opción elegida no es la Escuela Pública.

Esta eliminación de líneas choca frontalmente, además de la más elemental lógica, con el espíritu de los últimos decretos educativos andaluces, con su letra y con su música, amén de con las propias afirmaciones que sistemáticamente nos llegan de Consejería, donde nos hablan de “garantizar la libertad de elección de centro y evitar la arbitrariedad de un sorteo cuando la demanda es superior a la oferta de estos colegios”, o de “ blindar la libertad de los padres para decidir. No hay que tener miedo a la libertad y, por tanto, a la opción a elegir centro”, y también desde la Delegación, donde el propio Delegado Viso afirmó que no se cerrarían unidades.

La bajada de la natalidad es un hecho que se antoja innegable pero también supone una oportunidad. Las ratios de la reciente pandemia, impuestas por cuestiones de salud, demostraron que otras ratios eran posibles y que, si bien requerían un mayor esfuerzo económico, aseguraban mejores resultados en la dupla aprendizaje-enseñanza. No en vano hay que recordar que la educación debe ser considerada una inversión y no un gasto. Es incierto que querer sea siempre poder pero lo que es irrefutable es que no querer siempre implicará no poder.

Se pueden bajar ratios y se debe hacer; la propia red de atención a la infancia de la Comisión Europea recomienda insistentemente que en las enseñanzas obligatorias, de 6 a 16 años, las aulas no deberían superar una ratio de 20 estudiantes por grupo-aula, para poder dar respuesta a la diversidad del alumnado y desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje más inclusivo y personalizado. Cierto es que con 25 alumnos y alumnas por aula se cumple la Ley pero… ¿Acaso históricamente todo lo legal ha sido siempre justo?

Por todo ello, hacemos un llamamiento al sentido común para lograr el objetivo que debe ser compartido entre docentes, discentes y administraciones públicas: trabajar para hacer de los colegios -esos lugares donde nuestras hijas e hijos van a pasar un tercio de su más temprana infancia- lugares acondicionados, preparados y dotados de todo aquello necesario para el digno desarrollo completo de su curriculum vital, para llenar de contenido aquella máxima que afirma que la casa es la primera escuela y la escuela la segunda casa, y sobre todo porque los colegios públicos no son almacenes“.