La plantilla de la empresa provincial de transporte sanitario irá a la huelga a mediados de marzo

La plantilla de la empresa responsable de la gestión del transporte sanitario provincial en Córdoba, la UTE formada por las empresas GSSA y Pasquali, ha celebrado esta tarde una asamblea en el salón de actos de UGT en la capital, para deliberar sobre la actual situación por la que atraviesa la empresa y sobre las medidas a adoptar para forzar el cumplimiento del convenio del sector.

La asamblea, a la que asistieron cerca de 150 personas de este servicio, fue presidida por la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos, Mari Carmen Heredia, el delegado de UGT en la empresa, Enrique Pérez, y la responsable de Sanidad Privada en el sindicato, Amelia Fernández.

Los trabajadores de este servicio, unos 320 en toda la provincia, llevan meses manifestándose y reivindicando un cumplimiento de convenio que, aseguran fuentes sindicales, podría restarles de cada nómina una cantidad que podría llegar a los 900 euros. Por otra parte, también ponen de manifiesto serias deficiencias en horarios y en la gestión del servicio que podrían estar poniendo en grave riesgo la salud de los usuarios y usuarias de este servicio público.

A lo largo de la asamblea han sido múltiples las intervenciones que han detallado circunstancias relacionadas no sólo con el incumplimiento en los salarios, sino también en aspectos que afectarían directamente a los usuarios y usuarias de este servicio. De hecho, uno de los asistentes mencionó una situación en la que, al asistir a una señora mayor en un hospital sin ayuda sanitaria, esta persona perdió el pañal y se vio obligado a cumplir con un trabajo que no le correspondía asistiendo a la usuaria. No sería el único trabajo al que son obligados y que no forma parte de sus funciones, como es subir a las habitaciones hospitalarias a recoger a los pacientes.

Igualmente, fueron varias las intervenciones que mencionaron incidentes en los horarios de recogida de pacientes como en el caso de las diálisis, en las que, aseguraron, hacen “esperar a las personas cinco o seis horas hasta que consideran que hay suficientes como para realizar el traslado, teniendo en cuenta la enfermedad que padecen estas personas y lo afectadas que salen de esta atención sanitaria”.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP explicó a los asistentes todos los pasos dados por el sindicato en la lucha por conseguir el cumplimiento del convenio, así como el silencio durante semanas de la Delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, tras recibir por diversos medios una propuesta de reunión del sindicato para abordar esta delicada situación para los trabajadores y trabajadoras de la empresa, así como para los usuarios y usuarias de un servicio fundamental en la calidad asistencial de nuestra Sanidad provincial.

Finalmente, y tras diversas deliberaciones, la asamblea votó por unanimidad convocar una huelga para mediados del próximo mes de marzo. Asimismo, salieron adelante varias propuestas de acciones sindicales con el apoyo de todos los asistentes y que tendrían un gran impacto en la opinión pública, así como de una campaña estratégica en redes sociales para hacer llegar a la ciudadanía esta situación que podría afectarles directamente en el caso de necesitar hacer uso del servicio.

La situación planteada tanto por los empleados y empleadas de este servicio provincial de ambulancias, así como por UGT, se define como “insostenible” y algunos de los trabajadores llegaron a plantear el miedo a represalias por parte de la empresa por el simple hecho de reivindicar el cumplimiento de un convenio colectivo que para ellos es un derecho y para la empresa una obligación. Mientras tanto, denuncian, se ven obligados a “cumplir horarios maratonianos, a veces de 48 horas y sin disponer de un área de descanso y, encima, sin haber cobrado hasta el momento ni las horas extra ni la subida del IPC correspondiente este año”.

Asimismo, salieron adelante varias propuestas de acciones sindicales con el apoyo de todos los asistentes y que tendrían un gran impacto en la opinión pública, así como de una campaña estratégica en redes sociales para hacer llegar a la ciudadanía esta situación que podría afectarles directamente en el caso de necesitar hacer uso del servicio.