La Junta rechaza suspender el proceso para aprobar más 'megaplantas' fotovoltaicas como piden varios ayuntamientos

Placas fotovoltaicas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha manifestado su criterio desfavorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILPA) en defensa de los espacios protegidos y en pro de una planificación ante las energías renovables y su disconformidad a tramitarla en el Parlamento de Andalucía. Esta iniciativa estaba promovida por unos 70 ayuntamientos andaluces (el más importante de ellos en Montilla, Córdoba), y buscaba frenar la concesión de permisos a nuevas megaplantas solares.

El Gobierno de Andalucía “comparte plenamente que el desarrollo e implantación de proyectos de energías renovables en la comunidad debe venir acompañado de la salvaguarda de los intereses medioambientales, territoriales, culturales y sociales, pero considera que esta circunstancia queda garantizada ya a través del procedimiento actual de tramitación de este tipo de iniciativas, que es transparente y participativo, vela por el respeto a la sostenibilidad y por una adecuada integración en el entorno para maximizar la creación de valor y generar un positivo impacto socioeconómico”, ha señalado.

La Junta, a través de la Consejería de Política Industrial y Energía, explica que la tramitación de plantas de generación renovable se ajusta a la legislación básica estatal recogida en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. El Gobierno andaluz, por tanto, no tiene competencias para la suspensión de los procedimientos de autorización, por lo que establecer una moratoria como pretende la ILPA solo competería al Gobierno de la nación. Tampoco es posible por la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común, que obliga a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos.

El procedimiento de tramitación de este tipo de proyectos es transparente, participativo y riguroso. Antes de recibir autorización para su implantación, requieren de una autorización ambiental y su ubicación tiene en cuenta posibles afecciones y debe ser compatible con la planificación territorial. Por tanto, los proyectos se someten a información pública y consultas a entidades afectadas. Además, es de obligado cumplimiento la entrega de un estudio de la evolución durante un año de la avifauna en la zona donde se proyecten este tipo de iniciativas.

Pero, además, la implantación de los proyectos está condicionada en la práctica por la planificación y desarrollo de las infraestructuras de transporte eléctrico que diseña y ejecuta el Gobierno central a través de Redeia (antigua REE), dado que las plantas se ubican donde existen estas infraestructuras y cuentan con capacidad de evacuación.

El Ejecutivo andaluz destaca que, en el hipotético caso de que todos los proyectos que actualmente están en tramitación en la Junta de Andalucía (alrededor de mil) saliesen adelante, la superficie que ocuparían asciende a 65.000 hectáreas, lo que representa aproximadamente un 0,74% del territorio andaluz y el 1,53% del suelo cultivable.

“Andalucía considera que las energías renovables son fundamentales en la transición energética, en la lucha contra el cambio climático y en la necesaria descarbonización de la economía. Máxime en el actual contexto geopolítico, con una crisis energética internacional sin precedentes, que genera inquietud tanto por la volatilidad de los precios como por el abastecimiento de energía entre los países de la UE”, señala la Junta.

La Junta de Andalucía cuenta con su propio instrumento de planificación de la política energética regional para los próximos diez años, a través de la Estrategia Energética de Andalucía 2030, aprobada en Consejo de Gobierno el 7 de junio de 2022 y cuya elaboración ha estado abierta a la participación de la ciudadanía y los agentes económicos y sociales, así como a las administraciones y entidades públicas.

En esta línea, se ha marcado entre sus objetivos posicionar a Andalucía como una región referente en la transición energética aprovechando el enorme potencial de recursos renovables de los que dispone, con el fin de cubrir el 75% de las necesidades eléctricas de la comunidad mediante generación sostenible para el horizonte de 2026. La experiencia demuestra que el sistema actual es suficientemente garantista, ya que Andalucía cuenta con 9,4 GW de potencia renovable instalada, sin que haya visto comprometida la biodiversidad, el paisaje, ni la actividad económica en zonas rurales.

En definitiva, el Gobierno andaluz considera que el papel de las energías renovables es crucial en Andalucía en el actual contexto de crisis energética, lo que no resta para defender un necesario equilibrio entre transición energética, sostenibilidad, desarrollo económico y competitividad.

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