El Defensor pide una “comprensión integradora” de los valores culturales de la Mezquita y más participación ciudadana

Una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) admite significativos déficits en la protección de los valores históricos y artísticos declarados por la Unesco en la Mezquita de Córdoba y propone a la Delegación provincial de Cultura varias recomendaciones en la redacción del Plan Director del universal monumento, cuyo documento afronta su recta final. 

En una resolución de once páginas firmada el pasado 15 de enero reconoce que en la Mezquita Catedral se han producido en los últimos años “actuaciones que contradicen la puesta de manifiesto de los valores andalusíes del conjunto”. Y como ejemplo cita la “instalación de elementos muebles como un facistol en pleno escenario del Mihrab”, que, en su opinión, “no facilita la contemplación de espacios únicos por su belleza”, según informa la Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos.

En el capítulo de decisiones lesivas para los valores intangibles del monumento también incluye la eliminación del término Mezquita de toda la señalética, ya corregida por la Iglesia católica tras una gran movilización ciudadana impulsada hace años por la Plataforma Mezquita Catedral. “Son todas actuaciones que no acogen una inteligente comprensión de la rica y plural trayectoria en todo el esplendor histórico del recinto”, añade el Defensor en sus consideraciones. 

En el escrito, Jesús Maeztu también solicita a la Consejería de Cultura una “cuidada aplicación de los principios de participación y audiencia desde la ciudadanía y sus movimientos asociativos”. La Plataforma Mezquita Catedral presentó alegaciones al Plan Director del monumento andalusí, cuya redacción ha sido impulsada por el Cabildo catedralicio, pero la Delegación de Cultura en Córdoba las ha ignorado, según denuncia el colectivo patrimonialista. 

En una queja presentada ante el Defensor Andaluz, la Plataforma argumentaba que el Plan Director de la Mezquita “incumple las normativas y directrices de la Unesco y el Ministerio de Cultura para un monument declarado Patrimonio Mundial y Bien de Interés Cultural”. El colectivo sostiene que en dicho instrumento de gestión elaborado por el Cabildo catedralicio se considera al monumento protegido por la Unesco “como si fuera exclusivamente una iglesia cuando se trata de un edificio plural con una amplia historia y arquitectura” que le valió el reconocimiento como Patrimonio Mundial justo hace ahora 40 años. 

Después de escuchar a las partes, Consejería de Cultura y Plataforma ciudadana, el Defensor Andaluz firmó una resolución con dos sugerencias y una recomendación dirigidas a la administración competente. En la primera de ellas, solicita que adecúen los contenidos del Plan Director a la “comprensión integradora” de los valores cultuales y culturales del recinto monumental. También pide que la Junta “garantice un efectivo ejercicio de participación ciudadana en los debates de su redacción”, tal como ha solicitado reiteradamente la Plataforma. Finalmente, recomienda mejorar los mecanismos de “adecuación y supervisión” para garantizar la legalidad en la gestión y uso del conjunto monumental. 

La propia Unesco subraya insistentemente en sus recomendaciones la necesidad de garantizar la participación ciudadana en la gestión de los monumentos del Patrimonio Mundial, así como preservar su “autenticidad”. En el artículo 11.4 de la Convención del Patrimonio Mundial, entre los criterios previstos para la inscripción de un bien cultural en la lista de los monumentos en riesgo, incluye la eventualidad de un “peligro comprobado, concreto e inminente relativo a la pérdida significativa de la autenticidad histórica y grave adulteración del significado cultural”.

Por todo ello, la Plataforma ha vuelto a recordar formalmente ante la Delegación de Cultura en Córdoba las resoluciones formuladas por el Defensor Andaluz y ha solicitado nuevamente una reunión con su responsable provincial en un escrito entregado el pasado 5 de febrero.

Aquí puedes consultar la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 23/1514.